El CGPJ aplaza al pleno del 21 el debate sobre la reforma del Gobierno para renovar el TC

El Consejo General del Poder Judicial esperará al pleno del próximo 21 para retomar el debate sobre el malestar por la reforma que ha planteado el Gobierno para que pueda hacer nombramientos pese a estar en funciones. El objetivo de Moncloa es que se renueven los magistrados del Tribunal Constitucional y así propiciar un vuelco en la mayoría para que sea progresista. El asunto debería haberse discutido el pasado día 30, pero el fallecimiento de la magistrada Victoria Cinto obligó a suspender la reunión. Fuentes del CGPJ han asegurado a El Confidencial que se espera que el presidente, Carlos Lesmes, lo incluya en el orden del día. De no ser así, se le emplazaría a hacerlo o a convocar un nuevo pleno extraordinario.

Las mismas fuentes adelantan que Lesmes no propondrá al Senado que se cubra la vacante de la fallecida. El argumento es que cuando se jubiló el vocal Rafael Fernández Valverde, se solicitó al Congreso, que era quien le había designado, que se nombrase un suplente y los letrados de la Cámara lo rechazaron por estar el CGPJ en funciones. Se da la circunstancia de que el sustituto que se debía incorporar era del ala conservadora. En el caso de Victoria Cinto, entraría un progresista.

Los vocales han optado por esperar al último encuentro antes de las vacaciones para ver cómo evoluciona el trámite parlamentario de la proposición de ley presentada en el Congreso por el PSOE. Consideran que hay dudas de que el Gobierno cuente con apoyos suficientes en la votación del Congreso, donde necesita 176 votos. En el documento que se ha presentado a la Mesa para modificar el artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, solo aparece el Grupo Socialista como peticionario, cuando según las mismas fuentes había un primer texto que se había hecho llegar al presidente del CGPJ, que contaba también con el membrete de Podemos.

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Discusiones políticas aparte, la mayoría de los miembros están en contra del nuevo “retorcimiento” de la norma que busca hacer el Ejecutivo para “manosear” los tribunales. Recuerdan que fue el propio Pedro Sánchez quien les prohibió renovar los mandatos caducados. Ante la nueva maniobra, el CGPJ debatirá que se plantee al Congreso que antes de validar la reforma se les solicite un informe donde, sin ser preceptivo, puedan expresar su opinión, ya que afecta al núcleo duro de la institución. Asimismo, los nueve vocales que plantearon esta iniciativa quieren que se remita un escrito a la Comisión Europea para informar de la proposición de ley del Ejecutivo. Se espera que de los 19 miembros del pleno se logre que al menos 12, la mayoría necesaria, apoyen la queja.

Esta misma correlación de fuerzas podría truncar el plan de Sánchez. Aunque el presidente logre el aval del Congreso y el Senado al cambio para que se nombre a los cuatro magistrados del Constitucional, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del CGPJ, el pleno puede tumbarlo y, según algunos vocales consultados, en estos momentos es la opción mayoritaria. El Confidencial adelantó que Moncloa ya asume las trabas que puede encontrarse y que su intención sería marcar un plazo máximo para evitar que el Consejo dilate el recambio en el tribunal de garantías.

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Si finalmente se opta por fijar un máximo temporal desde el CGPJ, insisten en que se vetarán los nombramientos, aunque sea el último día, porque no se les puede obligar a dar luz verde a los reemplazos si ellos no avalan que los candidatos son los idóneos. Entre los vocales se confía en que la Unión Europea vuelva a expresar su disconformidad con la “politización” de la Justicia que sufre España y obligue al Gobierno a rectificar. El ambiente es una vez más de decepción, porque se esperaba que después de las elecciones andaluzas PSOE y PP llegasen a un acuerdo para renovar el máximo órgano de los jueces y poder llevar a cabo los casi 70 nombramientos aplazados que están colapsando los tribunales.

El anuncio por parte de Moncloa de que pondría en marcha los cambios en el Constitucional de manera unilateral ha supuesto que Génova ahonde en su desconfianza y dé por rotas las negociaciones con el PSOE. Los populares exigen además que se aborde una reforma en profundidad, no solo un intercambio de nombres. Han pedido que se incluya una cláusula que impida que un exministro o un parlamentario puede acabar siendo fiscal general del Estado, como ha ocurrido con Dolores Delgado. En estos momentos, la interlocución está suspendida. Sí hubo una llamada del PSOE a Esteban González Pons tras el 19-J, pero nada más. La renovación del CGPJ vuelve a estar bloqueada 'sine die'.