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Feijóo enfría la renovación del CGPJ y la vincula a que el PSOE acepte otros pactos
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Tras las elecciones del 19-J

Feijóo enfría la renovación del CGPJ y la vincula a que el PSOE acepte otros pactos

Considera que los españoles tienen "problemas más urgentes" y busca evitar la imagen de "conchabe" para repartirse los jueces. Moncloa presiona para que haya acuerdo en julio

Foto: Feijóo, en un acto de campaña de las elecciones andaluzas. (EFE/Román Ríos)
Feijóo, en un acto de campaña de las elecciones andaluzas. (EFE/Román Ríos)
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Hace más de dos meses que el principal partido de la oposición cambió de líder, pero la relación con el presidente del Gobierno sigue siendo la misma: ninguna. Alberto Núñez Feijóo mantiene un discurso de mano tendida, pero para Pedro Sánchez el PP no es más que un "estorbo", como verbalizó en su primer cara a cara con el gallego en el Senado. No ha habido ninguna llamada en los últimos días, según confirman a este medio fuentes de Génova, pese a que la crisis diplomática con Argelia no tiene precedentes. Tampoco la hubo cuando el Gobierno dio el volantazo sobre el Sáhara.

"De nosotros solo quieren que desbloqueemos el tema de los jueces", lamentan en la dirección del PP en referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Feijóo está dispuesto a abrir una negociación tras las elecciones andaluzas, aunque advierten de que debe haber un "acuerdo global". Los populares quieren que se acepten sus propuestas en temas que afectan directamente a los españoles, como la bajada de impuestos para paliar el alza de la inflación o alguna otra medida de su plan económico. También se le ha ofrecido a Sánchez unidad para una reforma exprés de la Constitución que permita cambiar el término 'disminuido' por 'discapacitado', y en los próximos días se le hará llegar un documento sobre política exterior coincidiendo con la cumbre de la OTAN.

placeholder El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha pedido un acuerdo de renovación. (EFE)
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha pedido un acuerdo de renovación. (EFE)

La presión desde Moncloa con el mensaje de que se está incumpliendo la Constitución al mantener caducado el CGPJ no preocupa al PP, porque su reflexión es que sobre este asunto solo preguntan "los políticos y los periodistas". No temen que haya un desgaste por el bloqueo, ya que consideran que los ciudadanos "tienen problemas más urgentes". "Sánchez utiliza la renovación de los órganos judiciales para tapar las malas noticias, como los datos de la OCDE sobre el crecimiento de España", insisten fuentes populares, que dejan claro que "son sus urgencias, no las nuestras o las de los españoles".

Los tiempos de Feijóo suponen un jarro de agua fría para los planes gubernamentales. Sánchez espera tener cerrado un pacto sobre los jueces en julio, según reconoce un miembro del Consejo de Ministros a este diario. En el PP, advierten a Moncloa de que no vendan la piel del oso antes de cazarla: "Que no den nada por hecho". En su único encuentro privado, el gallego ya trasladó a Sánchez que busca pactos más amplios. Los populares saben que Vox jaleará el discurso del reparto de sillones entre el bipartidismo si solo se logra pactar el cambio de jueces. Además, la imagen del propio Feijóo quedaría tocada porque sería difícil de explicar que se ceda ante un Gobierno que "maltrata" a la oposición.

El calendario corre. Ayer expiró el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo relevo está directamente relacionado con la parálisis en el máximo órgano de los jueces. Los afectados son el presidente, Pedro González-Trevijano, el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. La Constitución establece en su artículo 159 que "los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres", siendo nombrados por el Rey "cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial".

En el caso de estos últimos no será posible, porque el PSOE aprobó con Podemos en marzo de 2021 una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide al Consejo hacer nombramientos mientras está en funciones. Hasta esta fecha se habían designado 78 cargos judiciales, desde que en diciembre de 2018 caducase el mandato del actual CGPJ. En el caso de los dos magistrados que debe proponer el Gobierno, el debate político y jurídico está servido.

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Desde el Ejecutivo, llevan deslizando desde la semana pasada que su intención es proceder a la sustitución de los dos magistrados que le corresponden. González-Trevijano y Narváez fueron los elegidos por Mariano Rajoy en su día. El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha insistido en esta tesis en una entrevista publicada este domingo en El Confidencial. Con este movimiento, el Ejecutivo lograría un vuelco en el TC, que pasaría a tener una mayoría progresista. Fuentes jurídicas consultadas aseguran que al no haber precedente, se abrirá una crisis institucional.

Los defensores de que se renueven los sugeridos por el Gobierno apelan a la "obligación" constitucional del Ejecutivo, pero la controversia vendría a la hora de la validación que tiene que hacer el pleno del Tribunal Constitucional. Los detractores de esta vía alegan que la votación no sería válida porque no se renueva el tercio completo. La polémica está servida en el terreno judicial y en el político. Desde el PP, ya han advertido de que si Sánchez hace sus nombramientos sin que se haya cerrado un acuerdo, se lo tomarán como una declaración de guerra.

Hace más de dos meses que el principal partido de la oposición cambió de líder, pero la relación con el presidente del Gobierno sigue siendo la misma: ninguna. Alberto Núñez Feijóo mantiene un discurso de mano tendida, pero para Pedro Sánchez el PP no es más que un "estorbo", como verbalizó en su primer cara a cara con el gallego en el Senado. No ha habido ninguna llamada en los últimos días, según confirman a este medio fuentes de Génova, pese a que la crisis diplomática con Argelia no tiene precedentes. Tampoco la hubo cuando el Gobierno dio el volantazo sobre el Sáhara.

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