Sánchez encarrila la legislatura con sus socios y entierra la opción de pacto con Feijóo

El giro a la izquierda decretado por Pedro Sánchez para afrontar la recta final de la legislatura vuelve a definir con claridad los contornos del Gobierno de coalición, las mayorías parlamentarias y la relación con la oposición. El cambio de rumbo manifestado en el debate sobre el estado de la nación ha servido al jefe del Ejecutivo para cohesionar su coalición con Unidas Podemos. También para avanzar en la recomposición del bloque de investidura, con piezas como la de ERC que se habían desgajado y otras que amenazaban con distanciarse para, con vistas al nuevo ciclo electoral, resguardarse ante los nubarrones que se ciernen sobre la economía.

Como efecto de todo lo anterior, las opciones de buscar acuerdos de Estado con el principal partido de la oposición, tras la llegada a Génova de Alberto Núñez Feijóo, quedan enterradas. Anoche terminó de saltar por los aires cualquier atisbo de desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno forzará la renovación del Tribunal Constitucional, con el apoyo de ERC y Bildu, para antes del 13 de septiembre. La legislatura parece resetearse en su momento más complejo para volver a sus primeros capítulos tras la investidura. El pleno escoba de este jueves, en el que se convalidarán, con el apoyo del bloque de investidura y el rechazo del PP, decretos como el de las medidas económicas contra las consecuencias de la guerra o la polémica reforma del poder judicial, visibilizará este nuevo escenario.

La crisis con Unidas Podemos por el aumento del gasto militar, sin compensarse con medidas sociales de calado y nuevos impuestos a las grandes empresas para financiarlas, ha quedado resuelta. Ni siquiera ha hecho falta convocar la comisión de seguimiento del acuerdo de gobierno, un alto en el camino para abordar este conflicto que había reclamado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Fuentes del entorno de Díaz reconocían tras la primera jornada del debate de investidura que el cambio de rumbo entonado por Pedro Sánchez reconduce la situación y hasta "encarrila" la negociación de los presupuestos.

La aprobación de las cuentas del próximo año era la principal garantía que tenía el presidente del Gobierno para cumplir su hoja de ruta agotando la legislatura. Con la creación de un impuesto a la banca, como reclamaban los morados, y otro a las energéticas, aseguran que se cumplen parte de sus reivindicaciones de mínimos, junto a la voluntad de intensificar el plan de choque contra la inflación. De cara a la negociación presupuestaria, se pondrán sobre la mesa otra serie de demandas, pero se da por descontado que los principales obstáculos se han salvado. En pocos días, se ha pasado del pesimismo a la satisfacción con la voluntad compartida de acordar los presupuestos.

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La otra crisis que en las últimas semanas ha puesto en jaque la mayoría parlamentaria del Gobierno ha tenido a ERC como protagonista. El espionaje a líderes independentistas destapado con el caso Pegasus enturbió las relaciones y situó a los republicanos en el bloque del no. El primer decreto anticrisis se salvó con un escaso margen, al igual que otras votaciones posteriores como los planes de pensiones en que se tuvo que recurrir a EH Bildu, con sus correspondientes contrapartidas. Este jueves, desde Moncloa esperan que salga adelante con una mayoría más holgada, mientras que fuentes de la dirección del grupo republicano reconocen un cambio de posición a falta de cerrar la negociación para su apoyo. Si el cara a cara entre Sánchez y Rufián en el debate sobre el estado de la nación fue uno de los más intensos y con reproches cruzados, la recomposición de las relaciones con los republicanos comienza a tener eco en las mesas de negociación.

La reunión de Sánchez con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, este viernes en el Palacio de la Moncloa, se espera que sea el broche a este proceso. Los frutos del acercamiento que vienen trabajando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y su homóloga en la Generalitat, Laura Vilagrà, quienes ya sellaron la pasada semana un 'Acuerdo marco para el diálogo y la negociación'. Entre otras cuestiones, se compromete a dar salida a la principal reivindicación de los republicanos. Esto es, convocar la mesa de diálogo "para la resolución del conflicto político". "La voluntad de las partes es celebrar un mínimo de dos reuniones públicas de la mesa en lo que queda del año 2022, con acuerdos en cada una de dichas reuniones", recoge el acuerdo previo que ratificarán en Moncloa Sánchez y Aragonès.

Si el giro social del presidente del Gobierno y la subida en las encuestas del PP, vislumbrándose como alternativa para gobernar, han cohesionado a la izquierda, el PNV se ha quedado más descolgado. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha optado por marcar distancias a modo de aviso, alertando al presidente del Gobierno de que su apoyo no está garantizado de cara a reeditar el Gobierno de coalición. Precisamente cuando las encuestas sitúan al PP en cabeza y con posibilidad de necesitar solo los votos de los nacionalistas vascos o los posconvergentes, como en la época del bipartidismo.

"¿Cómo piensa llegar al Gobierno y mantener una mayoría en una próxima legislatura? ¿O es que no le importa? Si no cuida sus relaciones parlamentarias, ¿con quién piensa alcanzar la Moncloa tras las siguientes elecciones?", se cuestionó. Eso sí, añadió que "es bien cierto que los mensajes que se envían desde el PP son desoladores y no invitan al optimismo ni al acercamiento". Con Sánchez girando a la izquierda, los nacionalistas vascos optaron por elevar sus exigencias en materia de traspaso de competencias. Por el momento, sin embargo, el PNV sigue siendo para el Gobierno un "socio prioritario y preferente".

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Un ministro del Gobierno mostraba tras el debate su satisfacción recalcando que el bloque progresista se habría "vuelto a activar". Muestra de ello, aseguraba que la prórroga del decreto anticrisis que se votará este jueves, con un paquete de medidas que ascenderán en 2022 a un gasto de 15.000 millones de euros, se aprobará "con bastante más holgura" que el decreto.

La cohesión del "Gobierno progresista" es uno de los efectos del cambio de rumbo de Sánchez que más celebran desde Moncloa. Una cohesión que, como efecto secundario, vuelve a intensificar la política de bloques. Tres meses después de la reunión entre el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición, las posibilidades de entendimiento se han reducido a la mínima expresión. La ruptura de las negociaciones para renovar el órgano de poder de los jueces, que lleva más de tres años caducado, o el rechazo de los populares al decreto anticrisis dan buena cuenta de ello.

Desde el PP, entienden que Sánchez se ha "podemizado" y que les regala el amplio espacio electoral del centro político. Moncloa defiende por su parte que lo que hace es dirigirse "a la mayoría social", frente a la política de minorías de los populares. Como ejemplo, aducen que su plan de becas beneficiará a un millón de estudiantes, mientras que las propuestas por la presidenta popular madrileña "son para el 5% de la población". De lo que no hay duda es de que Sánchez vuelve a recomponer la coalición y el bloque de investidura para poder llegar al final de su mandato. La siguiente parada, que hace unas semanas se ponía en duda, serán los presupuestos de 2022.