Impuesto extraordinario a la banca: herramienta arriesgada y lógica fallida

El Gobierno español ha decidido activar la palanca de los impuestos extraordinarios para sufragar las medidas contra la crisis generada por la guerra de Ucrania. En paralelo a una serie de anuncios llamados a aliviar la situación de las familias españolas, que se suman al desembolso de hasta 15.000 millones ya comprometidos previamente, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, indicó este martes desde la tribuna del Congreso que eléctricas y bancos tendrán que hacer frente a partir de 2023 y por un plazo de dos años a una tasa extraordinaria, con la que se prevé recaudar unos 3.500 millones por ejercicio.

"Este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos", advirtió Sánchez para justificar una medida basada en la idea de que son aquellos sectores que sacan una mayor tajada de la situación los que deben sufragar ahora parte de la factura del pretendido escudo social.

El uso de los impuestos extraordinarios resulta controvertido desde el punto de vista de su lógica económica. Al fin y al cabo, se supone que la función redistributiva que se pretende con estas figuras ya forma parte de la esencia del sistema impositivo básico, que cuenta con mecanismos para que cualquier incremento de las ganancias (ya sean de empresas o de personas físicas) se traduzca en un aumento de la recaudación.

El sistema impositivo general ya grava cualquier incremento de los beneficios

Alterar este funcionamiento normal del sistema con la introducción de normas sobrevenidas, discriminatorias y escasamente explicadas corre el riesgo de socavar la seguridad y la justicia del sistema impositivo nacional, generando una desconfianza gravosa sobre empresas e inversores.

Puede entenderse, no obstante, que situaciones extraordinarias justifiquen medidas heterodoxas y que entre estas pueda llegar a considerarse que una serie de beneficios inusuales que se deriven directamente de una crisis como la que vivimos actualmente puedan merecer un gravamen superior al que se establece en el sistema impositivo regular.

Es esta la teoría que respalda la insistencia del Ejecutivo en limitar las ganancias del sector eléctrico, cuyos beneficios, se supone, se ven impulsados por el fuerte incremento de los costes de la factura eléctrica. Son diversos los argumentos que ponen en cuestión esta premisa de base —y la propia evolución en bolsa del sector casa mal con este relato—, pero las peculiaridades del sistema de fijación de precios de la industria, junto a cierta sensación de opacidad en las actuaciones de las empresas, alimentan una sospecha que justificaría algún tipo de recargo sobre sus cuentas. Más difícil de entender es la continua sucesión de normas y contranormas en este sentido, que han elevado a un grado extremo la inseguridad jurídica de un sector en el que se requieren inversiones milmillonarias en los próximos años para hacer posible el plan de transición energética pergeñado por el propio Gobierno.

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La sorpresa, en cualquier caso, ha venido este martes con el anuncio de un impuesto similar sobre la banca, defendido con el argumento de que el sector se ve beneficiado de forma extraordinaria por el escenario de subidas de tipos que, como consecuencia de la elevada inflación, plantea ahora el Banco Central Europeo (BCE).

No cabe duda de que la parte fundamental del negocio bancario, la enfocada en la intermediación financiera, tiene un importante apoyo en las subidas de los tipos de interés, como también puede aducirse que ha jugado en su contra el escenario anómalo de tipos en negativo con que ha tenido que lidiar en los últimos años. Cabe preguntarse, como hace Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE, con cierta ironía, si no debían haber sido compensados entonces con una rebaja impositiva.

Lo cierto es que la situación a la que se dirige ahora la banca española (como la europea) está lejos de suponer una situación excepcional —lo excepcional, con una visión amplia, ha sido lo experimentado en los últimos años—, sino más bien una normalización de una situación que había conducido sus márgenes de intermediación a niveles mínimos históricos. El incremento de los costes del crédito bancario que se viene registrando desde hace meses no representa una distorsión indeseable derivada de algún fenómeno externo, sino que supone la plasmación del objetivo del propio BCE al elevar los tipos de interés, que no es otro que enfriar la economía para poner coto a la escalada de la inflación.

La medida podría encarecer y contraer el crédito de forma adicional en España

Podría considerarse que este objetivo general europeo no resulta apropiado para la economía española, pero mediante la imposición de un impuesto extraordinario sobre el sector bancario el Gobierno se arriesga a conseguir un encarecimiento y una contracción del crédito adicional, que convertiría en papel mojado las estimaciones de recaudación del Ejecutivo y, al mismo tiempo, dificultaría aún más el acceso al crédito a empresas y familias.

A esto se añaden una serie de consideraciones, como expone Maudos, que ponen incluso en cuestión la idea de que la banca se va a ver favorecida por la situación económica actual —en su caso, las cotizaciones sí parecieron reflejarlo a inicios de año, aunque las dudas se han multiplicado en las últimas semanas—. “En algunos bancos esa subida de tipos puede ser perjudicial por varios motivos: 1) porque si aumentan con intensidad, aumentará la morosidad; 2) porque al aumentar los tipos disminuye el valor de los activos bancarios, y 3) porque si un banco tiene muchos créditos concedidos a tipo fijo en los últimos años (con tipos muy bajos), la subida del coste de la financiación situará el margen en esos préstamos en niveles negativos”.

Un argumento extendido supone que, como beneficiarios del rescate, los bancos deben asumir ahora un esfuerzo para contribuir al bienestar nacional. Pero esta carta, que ya ha sido jugada en anteriores ocasiones (sin ir más lejos, durante la pandemia), representa una simplificación que pasa por alto el mismo hecho de que la banca no fue rescatada para su propio provecho, sino bajo la idea de que su caída podría ocasionar males mayores a la economía general. Y que, en última instancia, su mejor aportación al país debe derivarse del correcto desempeño de sus funciones.

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Del mensaje del Gobierno en esta ocasión, como ya ha ocurrido anteriormente, se desprende cierto aroma ideológico en el que los beneficios empresariales parecen ser interpretados como un elemento indeseable, más que como la base del crecimiento de la economía, a través de más inversión y empleo.

En el ecosistema económico natural, los impuestos representan la vía obvia para que el Gobierno pueda redistribuir recursos, drenándolos de quienes se encuentran en situación de abundancia, ya sea esta coyuntural o estructural, para destinarlos a donde se estimen más necesarios. En este terreno de los impuestos conviene alejarse de las burdas simplificaciones que los exponen como buenos o malos en función del espectro ideológico desde el que se miren.

El Gobierno podría defender, siempre que lo haga desde un planteamiento riguroso que no descuide sus inconvenientes (y, no en vano, para ello se convocó una comisión de expertos), que es necesaria una subida de los impuestos que pagan las empresas en España. Pero esta sería una cuestión a abordar desde una perspectiva integral y no a través de parches selectivos que pocas veces cumplen sus objetivos, encierran más riesgos que beneficios y que diluyen algo tan esencial para la actividad económica como es la medición de los riesgos y las oportunidades (¿habrían concedido los bancos hipotecas a costes mínimos, como han hecho en los últimos años, si hubieran sabido que su capacidad para compensarlo cuando subieran los tipos iba a estar capada?).

Incluso aunque se asumiera el planteamiento extremo de que eléctricas y bancos son merecedores de una especie de castigo fiscal por sus errores y abusos en los últimos años (que no puede negarse que los ha habido), sería necesario comprender que este paso puede acabar resultando contraproducente (por numerosas razones) y que lejos de abordar el verdadero problema que enfrenta la economía española, como es la elevada inflación actual, corre el riesgo de azuzarla si unos y otros acaban trasladando el coste al consumidor.