Podemos apoyará la reforma del Poder Judicial y negocia nombrar a un magistrado

Unidas Podemos ha pasado de desmarcarse de la iniciativa del PSOE para forzar la renovación del Tribunal Constitucional a apoyarla. Fuentes de la dirección del grupo parlamentario confirman a este diario que en los últimos días han estado negociando con los socialistas la posibilidad de forzar la elección de un magistrado o magistrada de su elección en la cuota gubernamental del Tribunal de Garantías.

La proposición ya registrada por el PSOE en el Congreso para ser tramitada por la vía de urgencia, que irá a pleno el próximo jueves 14, tiene como objetivo modificar de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial, para permitir ahora al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrar a los dos magistrados que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional. Esto supone que el Gobierno dará marcha atrás en la reforma aprobada en marzo de 2021, para impedir al CGPJ realizar nombramientos con su mandato caducado.

El movimiento permitirá al Ejecutivo renovar parte del Constitucional sin esperar a alcanzar un pacto con el PP para la renovación del CGPJ, cuyo mandato expiró en diciembre de 2018. Los populares, bajo el mando de Alberto Núñez Feijóo, aseguraban estar dispuestos a pactar, pero sin prisas, y el Gobierno no ha querido depender de ellos ni demorar más los tiempos.

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Pilar Gómez

Unidas Podemos da así un giro de timón: hasta ahora, los morados se habían desvinculado por completo del cambio legal que propusieron los socialistas, al asegurar que no estaba acordado entre los socios. Como explicó el portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, el partido no veía necesario un cambio de este calibre, y apoyaba otra de las ideas que barajó el Gobierno antes de decidirse por esta: nombrar de forma directa a sus dos candidatos sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial estuviera habilitado para hacerlo.

Por su parte, fuentes del grupo parlamentario de ERC en el Congreso han avanzado que tampoco se opondrán a su tramitación. Si bien los republicanos suelen apurar al máximo para desvelar el sentido de su voto, en este caso, ya dejan ver que planean aprobar esta iniciativa en la votación en pleno.

En este contexto, el respaldo de Unidas Podemos y ERC es esencial, y su apoyo puede servir de puente a los socialistas para sumar a otros partidos, como los nacionalistas, Bildu o aquellas formaciones más pequeñas. Más País también votará a favor, según ha confirmado su portavoz, Íñigo Errejón, aunque lo consideran un parche y cuestionan que el PP pretenda elegir a los jueces desde su sede de la calle Génova.

Echenique confirma que apoyarán la reforma

Durante la mañana, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha confirmado en rueda de prensa que han accedido a "apoyar esta reforma", con el argumento de que "hay que intentar renovar el CGPJ, que lleva muchísimo con mandato caducado", denunciando que "el PP lo está bloqueando a propósito". En esta línea, ha añadido que se debe quitar "el poder de veto al PP", siempre "garantizando la pluralidad política".

En pasadas negociaciones sobre el Consejo, los morados impusieron que se barajaran varias nombres. Además de José Ricardo de Prada, considerado por el PP como su bestia negra, desde la formación morada sugirieron otros nombres como el de la actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, exdiputada del partido. Por su parte, el veto a de Prada obedece a que el magistrado participó en el tribunal de la Audiencia Nacional que condenó al PP como partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel en 2018 (el fallo de la causa Época 1). El partido conservador siempre lo ha señalado como responsable último de la moción de censura que tumbó el Gobierno de Mariano Rajoy.

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Beatriz Parera

La proposición de ley se circunscribe a la modificación de un artículo de la Ley del Poder Judicial para introducir el siguiente apartado: "1ª. Proponer el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional, en los términos previstos por el artículo 599.1. 1ª de esta Ley Orgánica". Esta es la clave de la reforma legal que enmienda la anteriormente impulsada por los socialistas, permitiendo al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos pese a estar en funciones, aunque solo los que afectan al TC. Cuatro de sus magistrados deben ser sustituidos desde el pasado 12 de junio y esa renovación no puede hacerse sin que el Consejo designe a dos.

En su exposición de motivos, se hace hincapié en que, para evitar la actual situación, "que puede causar dificultades en la renovación de los órganos constitucionales, se debe modificar el artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de introducir entre las facultades conferidas al Consejo General del Poder Judicial en funciones la de nombrar a los dos Magistrados del Tribunal Constitucional que, en los términos previstos en el artículo 599 de la misma norma, le corresponde designar".

Las fuerzas se encuentran ahora repartidas en un siete a cinco con mayoría para los conservadores

"Actualmente, se da la situación de que el Consejo General del Poder Judicial carece del presupuesto legal habilitante para elegir a los dos Magistrados que por mandato constitucional le corresponde proponer", reconoce el texto de la reforma. Una realidad que se debe a que "la facultad para poder proponerlos se encuentra reconocida en el artículo 560.1.2ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, precepto que regula el conjunto de facultades que legalmente se le atribuyen a este órgano con carácter general", se argumenta la proposición de ley.

En el grupo de magistrados salientes que acaban su mandato en julio hay tres conservadores y un progresista. Deben ser sustituidos, en concreto, el actual presidente, Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez, Santiago Martínez Vares y Juan Antonio Xiol. Las fuerzas se encuentran ahora repartidas en un siete a cinco con mayoría para los conservadores. Una renovación de dos magistrados reequilibraría la balanza. Además, cambiará el presidente, que previsiblemente será más cercano a las tesis de izquierda. El magistrado Cándido Conde-Pumpido es el mejor posicionado en esta carrera.