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Temor a las sanciones de Bruselas si se perpetúa el bloqueo del CGPJ
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La UE, cada vez más contundente

Temor a las sanciones de Bruselas si se perpetúa el bloqueo del CGPJ

Al Gobierno no se le escapa que la Unión puede iniciar un procedimiento sancionador si ve riesgo claro de violación grave, pero ahora mismo dice no contemplar esta posibilidad, que sí aprecian partidos y fuentes judiciales

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (EFE/Sergio Pérez)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (EFE/Sergio Pérez)
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La paciencia de Europa con la parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha agotado y partidos, jueces y fiscales comienzan a temer sanciones si no se produce una reactivación a partir del próximo otoño. Fuentes políticas y jurídicas consultadas aseguran que los mensajes que llegan desde la Unión son cada vez más contundentes y auguran un uso por parte de la institución de todos los mecanismos a su alcance para empujar un cambio que no llega y que la UE ya interpreta como una amenaza al Estado de derecho en España.

Al Ejecutivo no se le escapa que entre las posibilidades de las que dispone el organismo europeo se encuentra la valoración de la aplicación del Reglamento 2020/2092 y, en su caso, inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea de constatación de riesgo claro de violación grave. El sistema contempla, en una primera fase, la imposición de multas si se determina que se ha producido una conculcación seria y persistente por parte de algún Estado miembro de los valores de la Unión. El Consejo de la UE es el encargado de fijar el grado y su propuesta debe contar con el consentimiento del Parlamento Europeo por mayoría absoluta de sus miembros.

Foto: Pedro Sánchez en Skopje. (EFE/Georgi Licovski)

En el Gobierno reconocen que es un tema delicado, pero aseguran que no contemplan que España sea sancionada, al menos en el corto plazo. Sin embargo, partidos de la oposición y distintas fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial advierten de la "posibilidad cierta" de que haya represalias por parte de Bruselas, en el caso de que no se produzcan avances en los próximos meses. Creen que todavía hay tiempo para salvar el abismo, pero avisan de que el margen es cada vez menor.

Tras el enésimo encontronazo con el Gobierno, desde el Partido Popular aseguran que su voluntad de acuerdo era y es "inequívoca", y que siguen "tendiendo la mano al diálogo". También apuntan que el Ejecutivo cuenta con su propuesta para reformar el modelo de elección del CGPJ, "en la línea que marca Europa", y sostienen que aún hay tiempo para esquivar las posibles represalias desde la UE, aunque para ello saben que habrá que vender avances en las conversaciones.

Un veterano dirigente popular no tiene dudas: "Puede pasar". Apunta que, para cualquiera que "conozca un poco Bruselas", es evidente que puede y "va a pasar", "si el Gobierno insiste en controlar el Tribunal Constitucional". En este caso se refiere a la contrarreforma del Ejecutivo, que obliga al Consejo a nombrar a los dos magistrados del Tribunal de Garantías que le corresponden, antes del 13 de septiembre, y que ha sido la gota que ha desbordado el vaso de la paciencia de los conservadores. El Gobierno ya ha dicho que nombrará a los dos magistrados que le tocan antes de esa fecha, y que no tiene dudas de que el CGPJ "cumplirá la ley" y hará lo propio. Será en ese periodo, según este dirigente, cuando Bruselas moverá ficha.

Foto: Imagen: L. M.

Edmundo Bal, portavoz parlamentario de Ciudadanos, alerta de que "la persistencia" en "no hacer caso" a Bruselas: "nos está abocando a la multa". También relata que las últimas declaraciones de la Comisión evidencian "un hartazgo absoluto". "Han sido muy contundentes, me han sonado a 'ya está bien'", apunta, poniendo el acento en los llamamientos de Europa a modificar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, una de las dos tareas pendientes, junto con la propia renovación del Consejo.

Aunque considera la sanción improbable hoy por hoy, el Gobierno es consciente de que a la situación insostenible que alarga la parálisis del Consejo y que va camino de cuatro años se unen otros factores que perjudican, a ojos de Europa, la salud del Estado de derecho. El Consejo no solo se encuentra en funciones desde hace casi 1.400 días, sino que, además, la reforma legislativa impuesta por el Ejecutivo ha limitado su actividad y no puede, por ello, realizar nombramientos, amenazando el buen funcionamiento de tribunales clave como el Supremo, en el que ya se dan una veintena de vacantes pendientes de cubrir. Las 'culpas' están repartidas y recaen en gran parte en el PP que, tras amagar con reactivar el acuerdo, volvió a aparcarlo.

"El Consejo se encuentra en funciones desde hace casi 1.400 días"

Junto a la sensación de que la situación es contraria al estándar de separación de poderes e independencia judicial que exige Europa, se encuentran las alertas constantes enviadas desde la judicatura y el propio Consejo. Las asociaciones de jueces se reunieron hace meses con el comisario de Justicia, Didier Reynders, para exigir una intervención, y los integrantes del órgano de gobierno caducado no han dejado de demandar a Bruselas que tome cartas en el asunto. Gota tras gota, el mensaje va calando.

De hecho, fuentes judiciales explican que, a medio plazo, la situación puede volverse preocupante. El tono de las advertencias de la Comisión ha ido subiendo, y Reynders tiene previsto volver a España en septiembre, cuando podría aumentar aún más el nivel de decibelios. El lenguaje de las instituciones comunitarias es convenientemente diplomático y, en ocasiones, ambigüo, pero todas las partes consultadas coinciden en que ha habido una escalada en sus advertencias.

Apuntan que, en paralelo al procedimiento ya explicado, el mecanismo de protección del Estado de derecho establece que, para la recepción de determinadas ayudas o fondos europeos, es necesario que todos los Estados cumplan con los parámetros que marca Bruselas. De no hacerlo, la UE podría llegar a condicionar las transferencias de fondos comunitarios a que se cumplan estas indicaciones. La clave, explican, son los tiempos. Hay escenarios que parecen inverosímiles a corto plazo, pero pocos ponen la mano en el fuego si la perspectiva temporal se amplía.

placeholder El presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, durante su participación en la conferencia 'El gobierno del Poder Judicial y la Administración de Justicia', en la sede del Parlamento de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. (EFE/Miguel Barreto)
El presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, durante su participación en la conferencia 'El gobierno del Poder Judicial y la Administración de Justicia', en la sede del Parlamento de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. (EFE/Miguel Barreto)

El Gobierno, de momento, no quiere ni oír hablar de la posibilidad de estas sanciones. Uno de los ministros reconoce que el CGPJ es un tema recurrente en sus reuniones, pero lo explica en base a que llevan "años" arrastrando este asunto. Desde el Ministerio de la Presidencia, por su parte, insisten en que, hoy por hoy, lo que Europa está pidiendo es que "el CGPJ se renueve ya, con la ley actual", y rechazan contemplar otras hipótesis.

Fuentes cercanas al Ejecutivo, conocedoras de las conversaciones con Bruselas, aseguran que las sanciones "no están en perspectiva", "en ningún escenario", y que este tema está más que debatido con la Comisión. Desde la dirección del PSOE, en la misma línea, cierran la puerta a posibles multas, e insisten: a España se le reclama que renueve el CGPJ y que modifique el sistema de elección. Hoy, nadie en el Ejecutivo contempla ese escenario.

Cambio de tono de la Comisión

Sin embargo, como muestra del cambio de tono de la Comisión, basta con echar un vistazo al último de los informes anuales sobre la situación del Estado de derecho en la Unión Europea. Como viene siendo habitual, la falta de renovación del Consejo encabezó los reproches a España. Bruselas reclamó, de forma directa, que se proceda a la renovación del CGPJ "con carácter prioritario" y puso en segundo lugar otra de sus demandas tradicionales, el arranque de un proceso dirigido a cambiar el sistema de elección de los vocales a los estándares europeos. Según estos, la mitad de los miembros del CGPJ deberían ser votados por sus pares.

A mediados de junio, Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión, visitó España precisamente para terminar de preparar el informe. Se reunió con numerosos ministros, como el propio Bolaños, o la de Justicia, Pilar Llop. Tras su visita a Madrid, el mensaje de la vicepresidenta fue prácticamente idéntico al que envía ahora el informe: "El bloqueo en el nombramiento de los vocales del CGPJ tiene que ser superado de manera urgente. Una vez hecho esto, España debería revisar su modelo de elección de vocales hacia un sistema en el que la mayoría de ellos sean directamente elegidos por otros jueces".

Foto: El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a los 18 años. (Cedida)

Por su parte, Reynders no oculta su hartazgo. En una reciente entrevista concedida al diario 'El Mundo', admitió que Bruselas considera todas las opciones, también las sancionadoras. "Si al final del año no hay ninguna señal, ninguna respuesta o avance, meteremos más presión dialogando, ante tribunales o lo que haga falta", dijo, y agregó que, ante la parálisis persistente, se plantean el uso de "procedimientos de infracción y el recurso ante el TJUE". "Cuando se enquista durante tantos años... algo hay que hacer", sostuvo.

En una de las reuniones mantenidas en su anterior visita, en julio, en presencia de la ministra Llop, Reynders llegó a mencionar hasta en tres ocasiones los mecanismos de infracción. "Si yo estuviera en el Gobierno, estaría preocupado", insiste otra de las fuentes judiciales consultadas. Sin embargo, un vocal del CGPJ asegura que "el listón está alto", y recuerda que, hoy por hoy, aunque "no cumplen las exigencias mínimas de respeto a la independencia judicial", ni Hungría ni Polonia "se han visto especialmente afectados". De momento, afirma, aún no se espera más que "recriminaciones puntuales".

La parálisis

Los brotes de esperanza de reactivación de las conversaciones tras la llegada de Alberto Nuñez Feijóo a la dirección del PP se apagaron rápidamente. La decisión del Gobierno de dar marcha atrás en la reforma legal que él mismo impulsó para limitar las funciones del CGPJ con el objetivo de renovar ya el Tribunal Constitucional, sin contar con el PP, cayó como un jarro de agua fría en el seno de los populares y volvió a parar la máquina. Ya nadie se atreve a anticipar un desatasco y el próximo 7 de septiembre, Carlos Lesmes volverá a abrir el año judicial con críticas a los partidos.

La iniciativa de Feijóo de pactar a su ritmo y sobre la base de un plan global de justicia para negociar con el Gobierno y desatascar la renovación durante el mes de julio fracasó. La nueva dirección popular ya advirtió de que no ofrecería un cheque en blanco al Ejecutivo, y, al menos de momento, no hay conversaciones y nada augura la solución que demanda Europa.

Desde el Gobierno, por su parte, consideran que el PP únicamente está dispuesto a cumplir la Constitución cuando le "conviene", e interpretan que hasta ahora solo han asistido a una sucesión de excusas, una a una, para no afrontar una renovación que exige la Carta Magna que al PP, simplemente, no le interesa. El ministro Bolaños llegó a referir que, tras el desencuentro debido a la contrarreforma para nombrar a los magistrados del TC, Pons le había transmitido que "nunca más se sentarán a negociar". Los puentes, hoy, están rotos.

La paciencia de Europa con la parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha agotado y partidos, jueces y fiscales comienzan a temer sanciones si no se produce una reactivación a partir del próximo otoño. Fuentes políticas y jurídicas consultadas aseguran que los mensajes que llegan desde la Unión son cada vez más contundentes y auguran un uso por parte de la institución de todos los mecanismos a su alcance para empujar un cambio que no llega y que la UE ya interpreta como una amenaza al Estado de derecho en España.

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