Laura Borràs ensaya su desobediencia de salón a cuenta del voto delegado de Lluís Puig

Laura Borràs, que ya ve la puerta de salida de la presidencia del Parlament de Cataluña, está ensayando un nuevo acto de desobediencia de salón. Ayer, el Tribunal Constitucional (TC) anuló el voto delegado de Lluís Puig, el 'exconseller' de Cultura huido a Bélgica, pero que ejerce de diputado por JxCAT. El PSC había recurrido ese voto. Ayer, Borràs le permitió votar de viva voz, si bien el voto electrónico no recogió el voto de Lluís Puig para no implicar a trabajadores y funcionarios del Parlament.

La Cámara votó ayer el decreto educativo. Dicho decreto obtuvo el apoyo de todo el hemiciclo: la pantalla ha hecho visibles 133 votos, mientras que Borràs ha verbalizado 134, tal y como recoge el siguiente vídeo. Lo mismo ha ocurrido cuando se ha votado si se tramitaba como proyecto de ley, cuestión que ha sido tumbada con 123 votos en contra, mientras que Borràs ha dicho, de viva voz, que eran 124.

A la hora de escribir esta crónica, no había letrado del Parlament que quisiera redactar el acta de votación. Puede ser que el acta no se conozca hasta dentro de unos días. También la tiene que firmar uno de los secretarios de la Mesa, que son diputados. Las actas se tienen que firmar por los secretarios por turno, solo que ahora ninguno quiere hacerlo. El problema para ello es que el secretario que firme el acta en cuestión cometerá un delito. El último paso es que el resultado aparezca en el diario de sesiones.

Por eso, Cs ya ha pedido el amparo del TC para que el TSJC tome medidas ante los posibles delitos de prevaricación y desobediencia “al haber ignorado la resolución del TC”.

Opinión

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En la reunión de la Mesa de la mañana, que se pidió al haber solicitudes de reconsideraciones de Cs, Vox y el PP, los letrados de la Cámara avisaron de que si se perseveraba en ignorar la orden del TC se podría acabar con una pena de entre uno y tres años acusados de los delitos de desobediencia y usurpación de funciones de funcionarios. Eso afectaría a aquellos diputados miembros de la Mesa que hubiesen votado a favor.

Además, este empecinamiento solo coloca en situación de vulnerabilidad legal a todo el Parlament. Igual que si Borràs persiste en seguir siendo presidenta pese a que el reglamento marca que ha de abandonar su escaño.

Decisiones impugnables

Por poner un ejemplo al azar, el decreto sobre las licencias VTC que en la práctica expulsa a Cabify de Barcelona. Pues bien. Cuando el decreto tenga que ser ratificado por el Parlament, la multinacional podría impugnarlo al incluir un voto ilegal. Es decir, cualquier decisión de la Cámara podrá ser invalidada y no solo por Vox sino por cualquier afectado. Mantener este pulso es suicida para la institución y dejaría a la Generalitat sin poder legislativo. En la práctica, Pere Aragonès no podría gobernar.

Si el independentismo persevera, cualquier decisión del Parlament podrá ser impugnada

Por eso, en el caso de Puig, ERC y la CUP manifiestan dudas sobre su compromiso con JxCAT. En concreto, en el modo en que acabará siendo publicado este voto de Lluís Puig en el Boletín Oficial del Parlamento. La mesa aprobó mantener la delegación y trasladar esa vocación al Departamento de Comunicación de la Cámara, pero quedaba en el aire la materialización que convierte el voto en oficial. En teoría, ERC, JxCAT y la CUP redactarán el acta sin los funcionarios del Parlament, pero no está claro que esto acabe así.

Reconsideración tumbadas

La Mesa tumbó ayer las reconsideraciones que han presentado PSC, PP, Cs y Vox. Con este argumento, el independentismo alegó que "el voto de Lluís Puig es válido". Pero no parece que sea así en realidad y se trata solo del típico activismo independentista en el que parece que se hace una cosa, para enardecer a su público y votantes, pero en realidad se termina haciendo la contraria. Ya pasó con el caso Pau Juvillà. Lo que está ocurriendo ahora con Lluís Puig tiene el mismo aspecto de ser una repetición de esa jugada. Unos días de sobreactuación para acabar tirando la toalla.