Borràs pide que la juzgue un jurado y reclama que sea el TC quien lo decida

La presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, acaba de recurrir en reforma que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de mandarla a juicio y ha reclamado en su escrito ser juzgada por un jurado al considerar que "el juez natural de todo poderoso no es otro que el ciudadano que le ha encumbrado a esa posición". Como el delito de prevaricación se encuentra excluido de aquellos que se juzgan por este tipo de tribunal, la de Junts reclama al TSJ que se dirija al TC para que este se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de este extremo.

El TSJ finalizó esta semana la instrucción sobre la adjudicación de varios contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en la etapa en la que Borràs era su directora. La Sala le atribuye un delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos y eleva el procedimiento a juicio oral, una vez acabadas las últimas diligencias. En su escrito esgrime que excluir la prevaricación de los delitos para los que es competente un jurado constituye "una prerrogativa autoprotectora" y no parecen tener un adecuado encaje en el derecho a la igualdad ante la ley. En caso de que no se acepte acudir al TC, la defensa de la presidenta del Parlament pide separar los delitos a enjuiciar.

El procedimiento contra Borràs ha pasado por tres juzgados y fue devuelto a Cataluña desde el Supremo cuando Borrás abandonó su escaño en el Congreso de los Diputados. Partió de la exposición razonada que remitió el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en la que se recogían las cantidades que se embolsó Isaías Herrero, amigo de la diputada, durante más de cuatro años. Como adelantó El Confidencial, los contratos que Borràs adjudicó a su amigo rozan los 260.000 euros y se trocearon en adjudicaciones inferiores a los 18.000 para que no saltaran las alarmas y pasaran desapercibidos.

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Para maquillar estas adjudicaciones, el tribunal apunta a que la sociedad APMG&CE, empresa de Andreu Pujol Martin, "consintió que se aportaran presupuestos a su nombre", ocultando así "trabajos que realmente habían sido ejecutados por Isaías Herrero". Como la Generalitat de Cataluña también exigía tres presupuestos antes de la adjudicación, otra maniobra consistió en fabricar los mismos y ponerlos "a nombre de otras entidades que no habían participado en su elaboración ni habían autorizado su presentación.

Así se refleja en una serie de correos electrónicos enviados por Herrero y Borràs el 18 y 19 de julio de 2015, en los que el primero pregunta si ocurre algo con las facturas y la actual diputada contesta que "hay que hacer tres presupuestos por cada una", pero que no sufra porque "el dinero lo tiene reservado y es para esto". En otro de los mensajes que constan en la causa, la líder independentista subraya también "el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA".

Estas supuestas prácticas irregulares se tradujeron en que el importe final de los contratos adjudicados "no se correspondía con el precio real del servicio prestado", pues también incluía "la cuantía de gastos variados a los que Herrero debía hacer frente al recurrir a las entidades tras que se ocultaba su identidad". La investigación se extiende así al propio Herrero, "dada la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye y la imputada a la aforada".