Cataluña reaviva la guerra del taxi: así es el decreto que ata en corto a Uber, Cabify y Bolt

Si hace unas semanas Uber, Cabify y Bolt se apuntaban un tanto en Madrid gracias a la legislación pro-VTC que aprobó el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, el gremio del taxi ha sumado hoy una victoria en su territorio talismán, Cataluña. Y es que el Govern ha aprobado este martes el decreto para regular este negocio y lo ha hecho con una serie de medidas que reducirán el margen de estas plataformas para seguir operando en lugares como Barcelona y su área metropolitana, donde ya tenían bastantes dificultades por la postura de las autoridades locales. Hasta la llegada de Bolt, solo Cabify seguía prestando servicio con normalidad en la ciudad.

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M. MC.

El texto ha sido elaborado y negociado con los taxistas por el Ejecutivo de Pere Aragonés, que cuenta con el apoyo público del PSC, que ha asegurado que votará a favor durante el trámite en el Parlament. Si todo discurre sin contratiempos, la nueva normativa entrará en vigor a partir del próximo 30 de septiembre, momento en el que caduca el conocido como 'decreto Ábalos', el parche legislativo que el Gobierno central elaboró en 2018 para apaciguar los ánimos de los taxistas que se movilizaron en toda España para reclamar que se cumplieran condiciones como la proporción de una licencia VTC por cada 30 taxis (actualmente, la media está en 1/6) o la imposición de un mínimo de 15 minutos de prerreserva a la hora de contratar uno de esos trayectos.

El Ministerio de Transportes optó entonces por decretar una moratoria de cuatro años y dejar la pelota en el tejado de las comunidades autónomas, que debían legislar antes de que acabase el periodo de gracia. Si no lo hacían, estas licencias se regirían por la normativa estatal de VTC, que no les permite, por ejemplo, hacer viajes en el ámbito urbano. Y eso, según han expresado diferentes fuentes del sector, supone acabar prácticamente con estas plataformas, ya que el 99% de los trayectos se realizan dentro de los límites municipales de una misma ciudad.

Las nuevas condiciones

Que la competencia pase del Gobierno central a los autonómicos supone que, a la hora de la verdad, las normativas que se aprueben difieran completamente la una de la otra. La Generalitat ha cogido el guante que le lanzaban los taxistas, plasmando varias de las reclamaciones. Para empezar, para poder prestar servicio, la autorización VTC debe estar domiciliada en Cataluña, con un vehículo que haya sido adscrito durante el último año. El gremio del taxi ha denunciado tradicionalmente que las flotas que sostienen a Uber o Cabify estaban utilizando permisos concedidos en otros territorios para cubrir las necesidades de lugares donde hay más demanda.

Además de esto, los titulares de las VTC tendrán que disponer de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de hasta 50 millones de euros por posibles daños que puedan sufrir los viajeros, un requisito similar al que ya tienen que cumplir los viajeros.

Los conductores tendrán que estar en posesión del carné de clase B o uno superior desde dos años antes de empezar a ejercer y los ayuntamientos podrán, además, exigir formación específica relacionada con el ámbito municipal. Esta es otra de las reclamaciones que tradicionalmente venía exigiendo el mundo del taxi, que aseguraban que los que querían obtener la licencia para conducir un taxi tenían que someterse a un examen, inexistente en el caso de los conductores de VTC.

Coches de 4,90 metros

El texto se reafirma en el margen de los 15 minutos entre la contratación y el servicio y en otras restricciones como la prohibición de circular por la vía pública para captar clientes. Sin embargo, una de las medidas que más polémica ha generado ha sido la obligación de que los coches deben medir al menos 4,90 metros. Fuentes del sector afirman que esta medida no es casual y que está escogida para "dejarles fuera de juego". Según datos de Ideauto, en 2021 se matricularon casi 860.000 turismos en España, de los que solo 8.544 medían más de 4,90 metros y disponían de la etiqueta ECO o Cero que obliga la nueva normativa. Esto supondría menos del 1%.

Otras voces consultadas por este periódico mantienen que esta normativa es fruto de la presión del gremio del taxi a las autoridades locales, "tal y como vienen haciendo desde 2018". Aseguran que el miedo a una nueva revuelta y a un pulso con los comunes de Ada Colau a las puertas de las municipales de 2023 es lo que ha empujado al PSC a dar su apoyo para sacar adelante la norma.