Cuenta atrás para salvar o hundir a Uber, Cabify y Bolt: España se asoma a otra guerra del taxi

Hace unos días Bolt, esa versión 'low cost' de Uber y Cabify que les ha declarado una guerra de precios en Madrid, anunciaba que empezaba también a operar en Barcelona. Hasta el momento, lo único que ofrecía en la Ciudad Condal eran bicicletas eléctricas a través de su aplicación. La empresa, una 'start-up' de origen estonio, ofrece tanto viajes en taxi como viajes en coches con conductor, más conocidos en el mundillo como VTC, por la licencia que se requiere para poder ofrecer este servicio. "Estamos orgulloso de ser la primera empresa que ofrece ambos servicios aquí", decía el mandamás de la compañía. Ese tono triunfalista y de aparente normalidad choca con la realidad que vive el sector. Por una parte, no se puede olvidar que Barcelona es una ciudad maldita para este negocio. Fue el epicentro de la guerra del taxi que se vivió en el verano de 2018, que derivó en una legislación contra los intereses de la plataforma, que acabaron saliendo de esa comunidad.

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Pero los roces con las autoridades locales y autonómicas no es lo único que llama la atención en el movimiento de Bolt. La ampliación del servicio se produce en un momento clave tanto para su futuro como para el de Uber y Cabify, que tienen un ojo puesto en lo que ocurra de aquí hasta el próximo 30 de septiembre. Ese día que el 'decreto Ábalos', el parche legislativo que utilizó el Gobierno para calmar el conflicto con los taxistas.

Si todo sigue igual, miles de licencias VTC quedarán en un extraño limbo legal, dejando a las grandes flotas que emplean estas apps en un aprieto al ver restringidas su margen de maniobra y la posibilidad de hacer trayectos dentro de las ciudades. "Eso es prácticamente todo el negocio. El 99%. Si no podemos hacerlo, esto se va al garete", dice una de las fuentes consultadas por este periódico. "Esto ocurre porque se dio una patada para delante, se echó la pelota en el tejado de las Comunidades y se cerró en falso el asunto", comentan desde otras partes del gremio.

El de 2022, un problema de 2009

Para entender cómo se llega a este punto hay que entender en que consiste el 'decreto Ábalos', la expresión que se utiliza para el Real Decreto 13/2018. Aquel texto fue una especie de 'acuerdos de paz' para calmar a los taxistas, que se habían revelado con huelgas multitudinarias en las grandes ciudades españolas para reclamar que se cumpliesen algunas condiciones como la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis.

Actualmente, la proporción es de 1/6. El problema es herencia de la llamada 'Ley Ómnibus'. En 2009, la entrada en vigor de esa norma eliminó el 1/30, abriendo barra libre a la expedición y concesión, un periodo de gracia en el que se dio luz verde a miles de estos permisos. En 2015 se restableció esa ratio por parte del Gobierno de Rajoy y se cortó el grifo, pero el problema ya estaba creado. El asunto llegó al Supremo, que durante varios años estuvo dando la razón a los que reclamaban que esas licencias eran lícitas.

La solución que encontró el exministro de Transportes fue establecer una moratoria de 4 años, un periodo en el que las flotas de VTC podían seguir operando como hasta ahora. A su vez, pasó la patata caliente a las Comunidades Autónomas, ofreciéndoles la posibilidad de regular esta actividad a la carta, abriendo la posibilidad a que los gobiernos regionales elaborasen sus propias normas y pudiesen permitir a las plataformas como Uber o Cabify operar con normalidad. Si esto no ocurría, los titulares de las licencias en dichos territorios quedarían supeditados a la 'norma nodriza' y no podrían realizar trayectos dentro del ámbito urbano, única y exclusivamente podrían prestar servicio interurbano.

Madrid da oxígeno a las VTC

El problema es que, a día de hoy, solo Madrid ha movido ficha con una normativa que bien puede ser definida como 'pro-VTC'. Los 9.000 coches que cuentan con este distintivo podrán seguir circulando y prestando servicio a partir de octubre. No estarán sujetos a tarifas reguladas, pero no podrán deambular o esperar estacionado para captar clientes. Es decir, todos los viajes tendrán que ser reservados, como hasta ahora, por la app.

También se establece una cláusula por la que se pueden denegar la concesión de nuevas licencias cuando se incumpla el 1/30, cosa que ya ocurre. Por tanto, se puede colegir que no habrá nuevas concesiones por parte de esta administración. Esta modificación de la Ley de Transportes de la Comunidad de Madrid salió adelante gracias a los votos afirmativos del Partido Popular y la abstención de Vox. El PSOE, Más Madrid y Podemos votaron en contra. Los taxistas han anunciado que pretenden llevar el asunto ante la Justicia.

La historia es que el resto de territorios no ha hecho nada. Muchos de ellos, cuando estalló la crisis de 2018, hicieron decretos de urgencia para tratar de paliar la situación. En Barcelona, la AMB (el organismo de regular el transporte en el área metropolitana) aprobó una normativa que imponía que las reservas de VTC se debían realizar con una hora de antelación, así como una nueva licencia para poder operar dentro de las ciudades. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumbó el texto. La sentencia no afectó al decreto de la Generalitat, que establecía un cuarto de hora de prerreserva. En otros territorios, como el País Vasco, los tribunales también tumbaron medidas similares por entender que dificultan el libre acceso a las flotas de VTC al mercado.

La capital catalana es un buen ejemplo de las lagunas jurídicas que se le presentan a estas compañías. Cabify buscó una fórmula que supuestamente cumple con la normativa local y es la única que ha seguido ofreciendo trayectos en la ciudad. Uber se fue y volvió con un sistema sostenido en taxistas. Y Bolt, la última que ha llegado, lo hace de ambas formas. "Esto demuestra que han estado mirando para otro lado y no han querido avanzar más, en un sentido o en otro, por posibles problemas legales o el riesgo de tener que desembolsar indemnizaciones millonarias si las reclamaciones de un bando u otro tienen éxito".

¿Tiempo extra?

Ante la perspectiva de que las Comunidades dejen morir el asunto y no hiciesen los deberes, el gremio de las VTC lleva tiempo peleando por lograr una moratoria de un año por parte del Ministerio de Transportes, ahora dirigido por la catalana Raquel Sánchez Jiménez, exalcaldesa de Gavá y parte de la cuota de poder del PSC en el Ejecutivo Central. "El pretexto lo tienen muy fácil. Con el covid es muy fácil y tremendamente lógico que adopte esta medida", comentan fuentes conocedoras del proceso. El problema, definen estas mismas voces, es que el asunto se puede convertir en un nuevo culebrón político a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas de 2023. La pasada semana se había convocado a los directores generales de Transporte de los gobiernos autonómicos a una reunión en Madrid. Los enviados de la Generalitat de Cataluña y la Generalitat valenciana pidieron introducir en el orden del día el asunto de la prórroga a 2023.

Esa petición llegó a oídos de Élite Taxi, la asociación que ha liderado la lucha contra las VTC en Barcelona, que amenazó rápidamente con movilizaciones masivas. El órdago de Tito Álvarez surtió efecto. "La reunión se desconvocó a pocas horas de celebrarse con todos los directores desplazados en Madrid. Es surrealista", explican fuentes del sector. "Lo que vimos en 2018 no se va a repetir. En Madrid, los taxistas ya se dieron cuenta de que perdieron gran parte del favor del público con la huelga. En Barcelona, ya consiguieron que solo Cabify prestase servicio y no tienen esa capacidad de movilizarse", explican diversas personas del gremio que apuntan: "Solo hay que ver las últimas manifestaciones, han sido un poco esperpento si las comparas con 2018. Esto se va a quedar en el circo que monta Tito Álvarez con la 'Titoneta'".

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Todas las miradas se dirigen a Cataluña y concretamente a Barcelona. "Fue Valencia, una administración socialista, la que trajo la moratoria a la reunión. Esto no es un asunto de PP contra PSOE. El que está en el centro es el PSC". A los socialistas catalanes, cuentan los diversos protagonistas, no les interesa dar pie a un conflicto con el gremio del taxi meses antes de la cita con las urnas, porque "no van a ganar a protaxis ni a los Comunes ni a Podemos". "No hay que olvidar que la ministra es del PSC. Cualquier paso en falso les puede costar caro en el Ayuntamiento o en la Diputación".

Esos doce meses de moratoria no serían una simple patada hacia delante como la de 2018. En este tiempo, el Supremo debe tomar decisiones importantes que afectarían a restricciones como la doble licencia urbana, pero también a la ratio 1/30. Para esta cuestión, el Alto Tribunal ha tenido que recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la que ha elevado tres cuestiones. La primera de ellas es si esta imposición estaría en línea con la libertad de establecimiento. La segunda hace referencia explícita a la ratio decidida por la legislación española. La última pregunta es sobre la compatibilidad de esta medida con la prohibición de ayudas estatales que se incluyen en los tratados de la Unión. "Las decisiones de los tribunales, en un sentido o en otro, van a ser claves para poder resolver de una el asunto".