El PP se ofrece a Sánchez para pactar la ley de secretos oficiales y Bildu pide cambiarla

PSOE y PP discurren en los últimos meses por dos líneas paralelas que se acercan, pero que nunca llegan a tocarse. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este lunes al anteproyecto de ley de secretos oficiales, que desterrará definitivamente al anterior texto que data de 1968. Desde el principio, y como pudo saber El Confidencial, el Gobierno planteó negociar la nueva norma con el PP por las reticencias de sus socios parlamentarios habituales y por la consideración de que una materia catalogada de Estado requeriría, 'a priori', del consenso de las dos primeras fuerzas políticas del país. Sin embargo, Génova ya ha denunciado que las noticias que llegan desde la Moncloa son más bien escasas. El PP ha vuelto a ofrecer sus votos a Sánchez para aprobar la nueva normativa en el Congreso, exigiendo a cambio una negociación previa y, sobre todo, que no se mire a Bildu para la tramitación parlamentaria. Pero la interlocución entre Gobierno y oposición sigue congelada.

Así lo ha confirmado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, que compareció ante los medios de comunicación este lunes en la sede nacional de Génova para valorar la actualidad. "Lo lógico hubiese sido llegar a un acuerdo con el partido que representa una alternativa", lamentó el mandatario, que confirmó que no ha existido conversación alguna entre Génova y la Moncloa en las últimas semanas, ni por la nueva ley de secretos ni por ningún otro asunto. Los puentes entre los dos partidos políticos saltaron definitivamente por los aires tras la última maniobra legal de Sánchez para renovar el Tribunal Constitucional sin esperar a un acuerdo con el PP para desbloquear el CGPJ.

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A. López de Miguel. Tirana (Albania)

El portavoz económico del PP se volcó especialmente contra el hecho de que el Gobierno haya decidido mirar una vez más a sus socios parlamentarios para negociar una propuesta que "afecta directamente a la seguridad del Estado", señalando concretamente a Bildu, que no ha tardado en expresar su desaprobación a la norma. "Parece que ya conocían el contenido de la propuesta. Nosotros no. Es una norma de muchísimo calado que se debe consensuar entre los dos principales partidos de este país", subrayó Bravo.

Aunque aún no ha comenzado ninguna negociación formal, todo apunta a que la Moncloa tendrá que explorar el respaldo del PP a una ley que, entre otros puntos, acota entre los cuatro años (para los asuntos menos relevantes) y los 50 (para las cuestiones más sensibles del Estado) el plazo máximo para mantener bajo llave los documentos clasificados, aunque el Ejecutivo podría prorrogarlo una década más si lo considera oportuno. A través de un comunicado, Bildu ya ha exigido al Ejecutivo una "rectificación" de la redacción de la ley. Para la formación 'abertzale', y también para ERC, es una máxima que la nueva normativa permita sacar a la luz documentos relacionados con el 23-F y los GAL, y pelearán para negociar la norma antes de aprobarla en segunda vuelta en la Cámara Baja.

"No es aceptable que la reforma propuesta por el Gobierno no toque los principales elementos de una ley franquista que mantendrá en secreto todo aquello que atacó los derechos y libertades de miles de vascos y vascas", denuncian en la cúpula de Bildu. "De aprobarse la propuesta, casos flagrantes de vulneraciones de derechos seguirán sin ser aclarados", entre los que señalan "la práctica sistemática de la tortura", los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz o los Sanfermines del 78. "Esta decisión perpetuaría la impunidad sobre dichos hechos negando la verdad, la justicia y la reparación que todas las víctimas merecen", zanjan.

Unidas Podemos también discrepa de la normativa que saldrá este lunes del Consejo de Ministros y, en su caso, piden rebajar el plazo de 50 años fijado en primera instancia por el ala socialista del Ejecutivo. Aseguran los morados que cuentan con el compromiso del ala socialista del Ejecutivo para abrir una negociación en este sentido más adelante. El PP, por su parte, no ha querido avanzar si el periodo considerado por el Ejecutivo para la desclasificación de información reservada les resulta suficiente. Tampoco si comparten o no el grueso de la normativa. "Cuando conozcamos el texto completo, fijaremos una posición", esquivó Bravo.

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El dirigente popular quiso centrar también sus críticas en el hecho de que Sánchez haya querido reforzar el papel de Félix Bolaños entregándole la llave de los secretos oficiales en detrimento de Margarita Robles, cuyo departamento tenía atribuidas esas competencias. A juicio del PP, esta maniobra solo "politiza" la nueva ley de secretos oficiales que viene a sustituir a la obsoleta norma de 1968, que lleva la firma de Luis Carrero Blanco. En este punto, Juan Bravo ha defendido el "trabajo" que ha desempeñado en los últimos meses la titular de Defensa, que "con sus aciertos y errores tenía el respeto de la mayoría de los españoles".

La decisión de Sánchez de situar a la llamada Autoridad Nacional, encargada de velar por el cumplimiento de la normativa que regula la información clasificada del Estado, en el Ministerio de la Presidencia y no en el Centro Nacional de Inteligencia, adscrito al Ministerio de Defensa, supone un "segundo" menoscabo en las competencias del CNI en pocos meses, después de que el Gobierno cesase a su directora, Paz Esteban, en mayo por el estallido del escándalo Pegasus. "No parece lógico que se vuelva a poner en duda su trabajo", lamenta Génova.