El Gobierno perfila la ley de secretos oficiales y buscará pactarla con el PP antes de final de año

El Gobierno está perfilando la nueva ley de secretos oficiales comprometida por Pedro Sánchez con el objetivo de aprobarla lo antes posible. No se descarta que pueda ser antes del verano y, en cualquier caso, el límite "siempre antes de final de año", según fuentes conocedoras de los trabajos. El desarrollo legislativo "está ya bastante avanzado", según se ha trasladado en el seno del Ejecutivo. El Ministerio de la Presidencia, que dirige Félix Bolaños, es el encargado de desarrollar la nueva norma, que enterrará la franquista de 1968 y se denominará Ley de Información Clasificada. La pretensión de Moncloa es buscar un acuerdo con el PP para sacarla adelante.

La voluntad de consensuar la futura ley con los populares es tanto porque se trata de una materia considerada de Estado como por la realidad aritmética de un Gobierno en minoría. "Solo con el PNV no llega", admiten fuentes del Ejecutivo, deslizando las dificultades de hacer coincidir sus posturas con las de algunos de sus socios de investidura. Sin haberse producido negociaciones formales por el momento, desde el grupo nacionalista vasco en el Congreso apuntan a que las intenciones de Moncloa pasan por hacer una catalogación "más amplia" de la que recoge su propuesta de reforma. Tampoco esconden su escepticismo por el retraso acumulado en el desarrollo de esta norma para poner punto y final a la actual ley preconstitucional. En su caso, llevan batallando en el Congreso desde 2016 para reformarla.

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La iniciativa de los nacionalistas vascos fue admitida a trámite por el Congreso hace dos años, pero desde entonces sigue bloqueada por la Mesa al prorrogarse semana tras semana el plazo de enmiendas. En su propuesta de reforma, se establece un plazo máximo de 25 años para la desclasificación de documentos considerados históricos y de 10 años para los reservados. La intención del Gobierno es ampliar estas fechas y establecer diferentes grados de protección de los archivos, dejando así los más sensibles fuera de las desclasificaciones automáticas.

Para los socios de investidura como ERC y Bildu, es una máxima sacar a la luz los documentos relacionados con el 23-F y los GAL. Aprovechando el 40 aniversario del golpe de Estado, los independentistas sembraron dudas sobre el relato y las supuestas sombras en la fecha. "Más allá de la versión oficial, existen fundados indicios de que el golpe del 23-F fue algo planificado y orquestado no por cuatro militares descontentos, sino por toda una operación de Estado que permitiese salvar el régimen del 78 hasta nuestros días. Es hora de conocer todo lo ocurrido en nombre de la verdad y la memoria democrática", plantearon a través de un manifiesto. En esta línea, registraron una iniciativa conjunta en el Congreso para exigir que "se conozcan con exactitud cada documento, cada grabación, cada información significativa que obren en poder del Estado español y que aporten 'luz y taquígrafos' a los verdaderos acontecimientos que alumbraron el golpe de Estado del 23-F".

Las apelaciones del Gobierno al PP para buscar grandes acuerdos volvieron a chocar este martes con la realidad, como demostró el cara a cara que protagonizaron en el Senado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. No solo por las manifiestas diferencias en materia económica, también en otra serie de asuntos pendientes de acuerdo, como la renovación del CGPJ. El propio Sánchez descargó la responsabilidad de sus pactos con las formaciones independentistas, aun sin nombrarlas, en la falta de acuerdos con el PP. “Un Gobierno en minoría parlamentaria de 155 escaños, para llegar a los 176 necesita forjar acuerdos con otras fuerzas políticas”, justificó, para acto seguido demandar al líder de los populares que haga una “oposición de Estado y una oposición útil”. Feijóo le reprochó que la de su partido era una oposición de Estado, pero que el problema de Sánchez es que “no tiene socios de Estado”.

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El contexto de las elecciones andaluzas no es el más propicio para enmarcar acuerdos, pero desde el Gobierno se confía en tener el apoyo de los populares en un asunto relacionado con la seguridad nacional como será la futura ley de secretos oficiales. Esta norma se comprometió para tratar de cerrar la crisis abierta por el espionaje del caso Pegasus, junto a la dimisión de la directora del CNI, Paz Esteban. Si bien se trata de un proyecto que el Ejecutivo ya sacó del cajón al incluirlo en el plan normativo de este año. Tras dos años sin apenas avances, pasó de las manos de Defensa a las de Presidencia. El papel del ministerio que dirige Margarita Robles se ha difuminado como proponente, junto a los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Interior.

En un principio, la intención del Ejecutivo fue limitar las desclasificaciones a los documentos posteriores a octubre de 1978, fecha de aprobación de la Constitución. Los primeros borradores de Defensa establecían excepciones para dejar fuera hitos como el 23-F, e incluso se ponía en duda desde este departamento la existencia de documentación al respecto. Al menos, en los términos esperables por las formaciones que ponen el foco en dichos sucesos.

Fuera de las desclasificaciones, según el proyecto inicial de Defensa, se quedarían otros episodios como los relativos a la actividad de los GAL, aunque sí saldrían a la luz los documentos secretos relacionados con la Transición, incluyendo episodios represivos como los sucesos de Vitoria o los Sanfermines de 1978, como guiño a los nacionalistas vascos. Ahora, el objetivo del Ministerio de la Presidencia pasa por que la futura ley sobre información clasificada adecúe "nuestro ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y adaptarlo, asimismo, a los estándares internacionales". Al contrario de la propuesta inicial, no se prevé limitar las desclasificaciones hasta un periodo concreto, pero sí ampliar los grados de reserva de los documentos cuya salida a la luz sería prorrogada.