Sánchez aparta a Defensa de la ley de secretos oficiales para que la redacte Bolaños

La futura ley de secretos oficiales no será redactada por Defensa y la norma cambiará su denominación por la de Ley de Información Clasificada. El ministerio que dirige Margarita Robles ha dejado de ser el proponente para que estas funciones las asuma el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El impulso de la nueva ley que pretende dejar atrás la norma franquista de 1968 era el principal proyecto de Defensa. Su única ley en esta legislatura. Tras dos años sin apenas avances, ahora se pretende retomar para llevarla en los próximos meses al Consejo de Ministros bajo las riendas de Bolaños. Este, a su vez, ha delegado una buena parte de estos trabajos en el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. La pretensión es que la futura ley dé cobertura a la de Memoria Democrática, en tramitación parlamentaria, y que se quedaría coja sin la activación de un proceso de desclasificación de documentos.

Cuando el proyecto se frenó en seco, desde Defensa aseguraron a este diario que el ministerio ya había redactado su parte como proponente de la ley y que la había trasladado a la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para que coordinase su encaje con otros ministerios implicados, en el marco de una comisión interministerial. La norma se metió en un cajón. Desde algunos grupos parlamentarios, vieron en esta decisión un pulso de la exvicepresidenta con los ministerios de Defensa y, sobre todo, Interior, que por ciertas inercias internas se resistían a implantar un sistema de desclasificación de documentos homologable al resto de democracias occidentales. Los nacionalistas vascos ya pusieron el foco en el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el bloqueo de la ley. Durante una sesión de control al Gobierno en el arranque del curso político, el diputado Mikel Legarda cuestionó a Marlaska por ampararse en la actual ley de secretos oficiales en el caso Patxi Zomora.

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Lo cierto es que el proyecto, que se comprometió a aprobar en el Consejo de Ministros antes de finalizar el primer año de legislatura, quedó paralizado. En el nuevo plan anual normativo, ha vuelto a rescatarse esta iniciativa, pero ya bajo las riendas de Presidencia y difuminando el papel de Defensa como coproponente, junto a los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Interior. La intención del Gobierno siempre fue desclasificar documentos oficiales posteriores a octubre de 1978, fecha de aprobación de la Constitución.

Los primeros borradores de Defensa establecían excepciones para dejar fuera hitos como el 23-F, e incluso se ponía en duda desde este departamento la existencia de documentación al respecto. Al menos, en los términos esperables por las formaciones que ponen el foco en dichos sucesos. Fuera de las desclasificaciones se quedarían otros episodios como los relativos a la actividad de los GAL, aunque sí saldrían a la luz los documentos secretos relacionados con la Transición, incluyendo episodios represivos como los sucesos de Vitoria o los Sanfermines de 1978.

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El objetivo del Ministerio de la Presidencia pasa por que la futura ley sobre información clasificada adecúe "nuestro ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y adaptarlo, asimismo, a los estándares internacionales". Al contrario de la propuesta inicial, no se prevén limitar las desclasificaciones hasta un periodo concreto, pero tampoco establecer un sistema de desclasificaciones automáticas. Se trataría de una opción intermedia, adaptando las desclasificaciones según el grado de protección de los documentos.

Desde el sector de Unidas Podemos en el Gobierno apuestan, en cambio, por establecer un automatismo temporal. De momento evitan concretar los plazos a partir de los cuales los documentos se desclasificarían automáticamente siempre y cuando no se solicitase una prórroga para un documento concreto, previa revisión de su calificación. Los socialistas abogaron en la pasada legislatura por establecer un plazo para las desclasificaciones de 25 años y, en caso de prorrogarse según la protección de los documentos, hacerlo por un máximo de 10 años más, hasta los 35.

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El retraso acumulado en el desarrollo de esta norma para poner punto y final a la actual ley preconstitucional ha llevado al PNV a recibir con escepticismo el nuevo compromiso de aprobarla este 2022. Los nacionalistas vascos llevan batallando en el Congreso desde 2016 para reformar la ley de secretos oficiales y actualmente tienen una iniciativa parlamentaria en tramitación, pero la Mesa del Congreso lleva bloqueándola con los votos de PSOE y Unidas Podemos desde hace año y medio. Es por ello que si bien consideran una "buena noticia" que el Gobierno recupere esta iniciativa en 2022, también advierten de que se requiere una "voluntad política" para desarrollarla "que hasta ahora ha brillado por su ausencia". Es por ello que reclaman que el Ejecutivo se comprometa con un calendario de tramitación. Los 'jeltzales' ya han tenido un primer contacto con Simancas, aunque protocolario, para limitarse a trasladar quién asumiría el desarrollo de la norma.

"Ese calendario sería esclarecedor y serviría para, en caso de ahondar en el retraso en su aprobación, insistir en que la propuesta de ley del grupo vasco es una percha perfecta para acelerar la tramitación definitiva de una reforma clave y necesaria", explican fuentes de la formación en el Congreso. Su aspiración, según añaden, pasa por incorporar al ordenamiento jurídico una ley de plazos. En su propuesta de reforma, que el Congreso aprobó tramitar ya en junio de 2020, se establece un máximo de 25 años para la desclasificación de documentos considerados históricos y de 10 años para los documentos reservados. La única excepción es que el Consejo de Ministros disponga una prórroga excepcional y motivada en el caso solo de las materias secretas, por un nuevo periodo máximo de 10 años. Por otra parte, se eliminaría el secreto de las sesiones del Congreso en que se reciban informaciones sobre materias clasificadas.

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En la mayoría de países de nuestro entorno, los plazos para la desclasificación de documentos oficiales van de los 25 a los 50 años. En España, pese a los principios generales de transparencia, ni siquiera existe un marco temporal ni se revisa la calificación de la documentación acumulada. El propio sistema europeo establece una revisión periódica de los niveles de clasificación de documentos cada cinco años. El Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea establece que "todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte", y aunque se establecen excepciones, el límite temporal es de 30 años.