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Sánchez entrega a Bolaños el control de los secretos oficiales que Robles pidió para el CNI
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Pulso de poder en Moncloa

Sánchez entrega a Bolaños el control de los secretos oficiales que Robles pidió para el CNI

La nueva ley contempla crear la Autoridad Nacional para la Protección de Información Clasificada, que dependerá de Presidencia y marcará el grado de reserva y el calendario

Foto: Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. (EFE/Mariscal)
Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. (EFE/Mariscal)
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Hacer de la necesidad virtud. Bajo esta premisa anunció ayer Pedro Sánchez que reformará la Ley de Secretos Oficiales aprobada en 1968 con el dictador Franco aún en el poder. Siete presidentes han tenido que pasar por Moncloa para que se actualice una norma que permite al Gobierno mantener como 'clasificada' de por vida cualquier información que considere sensible, cuyo conocimiento público pueda suponer un riesgo para la seguridad y la defensa del Estado.

No es la primera vez que desde el Ejecutivo se adquiere este compromiso. Ya en abril de 2021, Sánchez designó una comisión interministerial con los departamentos de Presidencia, Defensa, Interior y Exteriores para elaborar un texto. Desde entonces, la propuesta dormía el sueño de los justos en un cajón por las reticencias que ha ido planteando la ministra de Defensa, Margarita Robles, que quería mantener bajo su control la desclasificación futura de documentos, según han manifestado fuentes gubernamentales presentes en las negociaciones. Asimismo, ha mostrado en varias reuniones su disconformidad con que salgan a la luz documentos que puedan afectar al Ejército y que, dado su papel en la dictadura, puedan dejar en mal lugar a los militares. Robles siempre ha apelado a la responsabilidad de Estado.

El principal escollo ha sido de qué ministerio dependería el organismo de nuevo cuño denominado Autoridad Nacional para la Protección de Información Clasificada, que se creará expresamente para centralizar y registrar los documentos secretos. Esta entidad será también la encargada de categorizar los asuntos, de forma que en lugar de plantear periodos de 10 o 25 años en función de su grado de reserva, como proponía el PNV, se ha optado por fijar un calendario conforme al nivel de secreto en que se jerarquicen las materias. Habrá documentos especialmente sensibles cuya privacidad se podrá prorrogar, confirman las citadas fuentes.

Robles defendía que la nueva autoridad dependiera del CNI, pero el resto de ministros apostaba por un “órgano neutral”. Este tira y afloja ha hecho que el Gobierno fuese retrasando la presentación de la nueva ley hasta que Sánchez ha encontrado una oportunidad en que la titular de Defensa se quedase sin margen. La crisis por el espionaje de Pegasus ha obligado a acelerar los tiempos para hacer un gesto a ERC y PNV e intentar volver a aglutinar la mayoría de la investidura que saltó por los aires tras conocerse que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y otros líderes soberanistas fueron espiados por el servicio de Inteligencia con autorización judicial. Una mayoría que ayer implosionó con la aprobación de la ley audiovisual, que rompió el Gobierno en dos.

placeholder El portavoz de ERC, Gabriel Rufián (i), y el portavoz del PNV, Aitor Esteban. (EFE/ J.J. Guillén)
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián (i), y el portavoz del PNV, Aitor Esteban. (EFE/ J.J. Guillén)

Se ha decidido dar el control de la Autoridad Nacional para la Protección de Información Clasificada a Presidencia, con la excusa de que ante la situación de “desprestigio” que vive el CNI por los últimos “fallos de seguridad”, era “inviable” explicar que se le dieran más atribuciones. El ministro Félix Bolaños tendrá bajo su mando el organismo que decide cuándo y cómo se desclasifican los secretos oficiales que llevan más de 40 años ocultos. La maniobra supone una victoria de la mano derecha de Sánchez, que está en un continuo pulso con Robles desde que se desató esta crisis. Bolaños no ha logrado que el CNI vuelva a Presidencia, como se llegó a plantear, pero sí se ha cobrado la cabeza de la exdirectora Paz Esteban, y se ha hecho con más poder.

El Consejo de Ministros tendrá que aprobar y remitir al Congreso el texto de la nueva ley este año para que llegue a ser una realidad esta legislatura. La reforma de la norma franquista ha aparecido y desaparecido del calendario parlamentario en varias ocasiones desde que los nacionalistas vascos presentasen en 2016 una proposición de ley, que una vez admitida a trámite fue bloqueada por los gobiernos de PP y PSOE con ampliaciones de enmiendas hasta que se acababan disolviendo las Cortes por la convocatoria de elecciones y la proposición decaía.

La de secretos oficiales es de las pocas leyes preconstitucionales que siguen en vigor. Se retocó mínimamente en 1978

La de secretos oficiales es de las pocas leyes preconstitucionales que siguen en vigor. Lleva la firma del almirante Luis Carrero Blanco y se retocó mínimamente en 1978 antes de aprobarse la Constitución. La anomalía de que no prevea un plazo para la desclasificación de documentos declarados secretos ha hecho que sean muchos los historiadores que vienen demandando un cambio legislativo que les permita desempeñar su trabajo, ya que han tenido que acudir a archivos extranjeros para conocer hechos acaecidos en nuestro país. En el plano político, queda saber si esta contrapartida calma los ánimos de catalanes y vascos.

Foto: La ministra de Defensa, Margarita Robles (c), junto a la nueva directora del CNI, Esperanza Casteleiro (d), y a la directora destituida, Paz Esteban. (EFE/Chema Moya)

Junto con el anuncio de la nueva Ley de Secretos Oficiales, el presidente asumió ayer el compromiso de cambiar la regulación del CNI para que haya un mayor control judicial de los espías. Como adelantó ayer este medio, en el Tribunal Supremo hay malestar por que se pretenda 'endosar' a los jueces las atribuciones que son propias del Gobierno. Sobre las medidas, según ha podido saber El Confidencial, hay también discrepancias entre ministerios. Hay quienes apuestan por hacer suya la demanda del PNV, que aboga por que sean tres magistrados por unanimidad, y no uno, como hasta ahora, los que avalen la autorización para vulnerar derechos fundamentales, mientras otros descartan que se trabaje “en ese sentido”. Está por ver quién goza del favor de Sánchez esta vez.

Hacer de la necesidad virtud. Bajo esta premisa anunció ayer Pedro Sánchez que reformará la Ley de Secretos Oficiales aprobada en 1968 con el dictador Franco aún en el poder. Siete presidentes han tenido que pasar por Moncloa para que se actualice una norma que permite al Gobierno mantener como 'clasificada' de por vida cualquier información que considere sensible, cuyo conocimiento público pueda suponer un riesgo para la seguridad y la defensa del Estado.

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