¿Nueva Ley de Secretos Oficiales? Un rayo de transparencia para un país bastante opaco

El 17 de enero de 1966 se produjo el accidente de Palomares (Almería) en el que un avión cisterna estadounidense KC-135 chocó con un bombardero estratégico B-52 que transportaba cuatro bombas nucleares. Tres cayeron en tierra, dos de las cuales se rompieron en pedazos, y la tercera en el mar. Tardó 80 días en ser recuperada. En 2016 se cumplieron 50 años de ese choque aéreo y, a partir de entonces, historiadores y periodistas pudieron sumergirse en los archivos, recién abiertos, del Pentágono y del Departamento de Estado para recabar información de lo que allí sucedió. Ningún documento oficial español pudo ser consultado porque la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aún vigente, no prevé plazo alguno para su desclasificación.

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El presidente Pedro Sánchez anunció este jueves en el Congreso, durante su comparecencia para informar sobre el 'hackeo' de móviles con el programa malicioso Pegasus, una nueva ley de secretos oficiales que acabe con esa norma franquista que fue ligeramente retocada en 1978.

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, lleva seis años presentando en la Cámara Baja una proposición de reforma de la ley de 1968. Antes lo había intentado Izquierda Unida. En tiempos del presidente Mariano Rajoy no le hicieron mucho caso, pese a que el PP necesitó de sus votos, y con Pedro Sánchez, tampoco. En el camino, el PNV recibió, sin embargo, el apoyo de cientos de historiadores españoles y extranjeros, afiliados a las más prestigiosas asociaciones, que en mayo de 2017 enviaron cartas a los diputados rogándoles que “no obstaculicen con tácticas dilatorias” la iniciativa de los nacionalistas vascos. Sus misivas fueron inútiles.

Para no desclasificar, los ministros de Defensa han empleado, a veces, argumentos peregrinos. Pedro Morenés explicó, en mayo de 2012, que no permitiría el acceso a unos 10.000 documentos castrenses elaborados entre 1936 y 1968 porque no era “una prioridad”, requería un “extraordinario trabajo” y, sobre todo, contribuiría a generar “ruido mediático”, según informó Europa Press. Alegó además que su predecesora, la socialista Carme Chacón, tampoco lo hizo pese a haberlo anunciado en la comisión de Defensa del Congreso en 2008. Margarita Robles, la actual ministra, sí autorizó hace tres años el acceso parcial al Archivo General de Ávila y a otros, de menor importancia, en Barcelona, Melilla, Ceuta, Ferrol y Guadalajara.

Los historiadores tienen tres grandes prioridades: la Guerra Civil y la inmediata posguerra, el golpe del 23-F y la lucha antiterrorista contra ETA. También hay familiares de víctimas de la contienda interesados en averiguar la suerte que corrieron. Por eso, Chacón explicó en su día que, además de un valor científico, esos archivos “encierran también un valor sentimental para muchas personas”.

El 'Catalangate'

Tuvo que irrumpir a finales de abril, con el llamado 'Catalangate', el 'malware' israelí Pegasus para que Sánchez proclamase, un mes después, su intención de sacar adelante dos nuevas leyes, la que pondrá al día la obsoleta de secretos oficiales y la que regulará el funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia. El principal servicio secreto español —hay otro más pequeño, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas— ya está sometido a controles similares a los de sus homólogos europeos. En países como el Reino Unido, el MI5 y el MI6 ni siquiera requieren una autorización judicial para efectuar escuchas. De lo que España carece es, en cambio, de una auténtica comisión de Inteligencia como el Intelligence and Security Committee británico o la Délégation parlementaire du renseignement francesa, cuyos integrantes observan un estricto mutismo sobre lo allí tratado. La comisión de gastos reservados del Congreso no cumple ese papel.

La Ley de Secretos Oficiales vigente no establece plazos para desclasificar ni tampoco un listado de los temas susceptibles de ser considerados secretos. Las materias clasificadas son “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”. Corresponde al Consejo de Ministros y al Consejo de Jefes de Estado Mayor calificar un tema de “secreto” o “reservado”.

Aitor Esteban proponía que transcurrieran un total de 25 años para desclasificar las materias secretas y 10 años para las reservadas

Aitor Esteban proponía que transcurrieran 25 años para desclasificar las materias secretas y 10 años para las reservadas, aunque una disposición adicional permitiría prorrogar el secreto otra década más. El proyecto de ley que presentará el Gobierno alargará, probablemente, los plazos en que los documentos oficiales sean de acceso libre. Una modernización de esa Ley de Secretos Oficiales no solo debería servir para facilitar el acceso a los archivos de los historiadores en un plazo razonable. Debería permitir obtener respuestas sobre temas de candente actualidad.

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Luis Salom, un joven asesor del Partido Popular en Valencia, preguntó, por ejemplo, en agosto de 2018, a través del Portal de Transparencia, cuánto había costado el viaje a Castellón de la Plana, en un avión Falcon, del presidente Pedro Sánchez y de su familia para asistir a un concierto. Obtuvo meses después una respuesta decepcionante: 282,92 euros.

El desplazamiento para ver la actuación de The Killers fue mucho más costoso, pero en su respuesta Moncloa solo reveló los gastos de protocolo que había generado el viaje. El resto es materia clasificada, según decidió el Consejo de Ministros, amparándose en la ley de 1968. En otros países europeos, especialmente en los escandinavos, tal secretismo es inconcebible. En Dinamarca, por ejemplo, las facturas de los gastos del primer ministro, las de sus almuerzos en restaurantes y las de sus viajes se colocan en la web de la jefatura del Gobierno (Danmarks Statsminister).

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España no es solo una democracia bastante opaca porque sigue vigente una ley proclamada por las Cortes franquistas hace 54 años, sino porque tiene una Ley de Transparencia, aprobada en diciembre de 2013, deficiente en comparación con buena parte de sus socios de la UE. No responder a preguntas puede suponer una “infracción grave”, pero esta no será sancionada. “La ley no dispone de garantías sancionadoras por los posibles incumplimientos de la misma”, señalan Isabel Serrano, Esther Martínez y Pilar Beltrán, profesoras de varias universidades madrileñas, en un artículo conjunto. Si no se recibe respuesta, solo hay una vía costosa y lenta para obtenerla: “Interponer un recurso judicial”.

El Portal de Transparencia

Los periodistas recurren con frecuencia al Portal de Transparencia, pero no reciben contestación alguna sobre temas que, en otros países europeos, son actualizados periódicamente en las webs oficiales. El Ministerio del Interior de España no responde, por ejemplo, a las preguntas sobre el desglose por nacionalidades de inmigrantes irregulares llegados a España por mar, no indica su sexo, ni el porcentaje de menores entre los 'sin papeles' ni el puerto en el que desembarcan. Todas esas informaciones figuran en la web del Ministerio del Interior de Italia y en tiempos en que el ultraderechista Matteo Salvini (2018-1019) era el titular de ese departamento se siguieron actualizando casi a diario. La escasez de datos dificulta el estudio del fenómeno migratorio en España.

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La opacidad migratoria abarca también al Ministerio de Transportes, del que depende Salvamento Marítimo. En enero de 2019, se le prohibió anunciar en Twitter los rescates de inmigrantes que efectuaba. Sumándolos día a día, se podía tomar el pulso a la inmigración con más precisión que en la web de Interior.

Las deficiencias del Portal de Transparencia han incitado a algunos periodistas a pedir ayuda a diputados, casi siempre de la oposición, para que formulen preguntas de las que no obtienen respuestas por otra vía. Los corresponsales extranjeros acreditados en España se sorprenden de estas prácticas nada habituales en Europa. También se extrañan de que los ministerios carezcan de portavoces que se expresen ante la prensa. Solo lo tuvo Asuntos Exteriores, en la década de los noventa. Los gabinetes de comunicación ministeriales son, con algunas excepciones, meras correas de difusión de las declaraciones e iniciativas del político que ostenta el cargo.

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Jon Iñarritu, diputado de Bildu, ha sido uno de los que más se han prestado a ayudar a la prensa, pero en muchas ocasiones él tampoco ha tenido éxito. Interior se negó a proporcionarle el desglose por nacionalidades de los inmigrantes llegados por mar, entre los que los marroquíes suelen ser mayoritarios.

Cinco meses después de que don Juan Carlos se instalase en Abu Dabi, Iñarritu se interesó por el coste que tenían para el erario público los desplazamientos y la estancia en la capital emiratí de los escoltas que acompañaban al Rey emérito. La contestación del Gobierno no dio muchos detalles: “La retribución de este personal es la que corresponde al sueldo y las pagas extraordinarias de los grupos de asimilación que corresponden, así como las retribuciones, propias del puesto de trabajo, fijadas mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones y las correspondientes comisiones de servicio de los desplazamientos que efectúan en el ejercicio de sus funciones”.