Robles mantiene en el cajón la ley de secretos oficiales y descarta desclasificar el 23-F

El Ministerio de Defensa mantiene paralizado su proyecto de ley para impulsar una nueva ley de secretos oficiales y sustituir la norma franquista de 1968 todavía en vigor. Su titular, Margarita Robles, se comprometió a llevarla al Consejo de Ministros antes de que finalizase el año. Sin avances desde el Gobierno, la reforma impulsada por el PNV en el Congreso también duerme el sueño de los justos. Desde que el 23 de septiembre se cerró el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a dicha reforma, sin que ningún grupo lo hiciese, se viene prorrogando en la Mesa del Congreso semana tras semana el plazo para presentar enmiendas al articulado y, por tanto, su tramitación.

Un hecho que llevó al portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, a pedir explicaciones por este bloqueo en la Junta de Portavoces celebrada ayer. Coincidiendo con el 40 aniversario del 23-F, el resto de grupos que formaron el bloque de la investidura también ha urgido al Ejecutivo al desbloqueo. Incluso Unidas Podemos, a pesar de que vota conjuntamente en la Mesa del Congreso junto al PSOE para prorrogar los plazos. "Está en manos del Ministerio de Defensa, pero compartimos que debe hacerse con la máxima celeridad", se excusaba el miembro del órgano rector del Congreso de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, desplazando la responsabilidad al departamento que dirige Margarita Robles y sumándose a la urgencia demandada por los socios de la investidura.

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Fuentes del grupo socialista achacan la paralización a la falta de acuerdo entre el resto de grupos, poniendo como ejemplo que ni siquiera se haya podido constituir la comisión de secretos oficiales, y entienden que sería papel del PNV negociar con ellos.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, también ha tratado de introducir en la agenda esta cuestión. Antes de entrar en el acto de conmemoración del 23-F celebrado en el Congreso, ha lamentado que "no puede ser que existe una ley mediante la que se pueda ocultar a los ciudadanos españoles lo que pasó". En esta línea, ha avanzado que desde su formación defenderán tanto en el Congreso como en el Gobierno que "esa ley deje de estar ocultando información que los españoles tienen derecho a conocer".

ERC, JxCAT, EH Bildu, PDeCAT, CUP y BNG han aprovechado el 40 aniversario del golpe de Estado para sembrar dudas sobre el relato y las supuestas sombras del 23-F. "Más allá de la versión oficial, existen fundados indicios de que el golpe del 23-F fue algo planificado y orquestado no por cuatro militares descontentos, sino por toda una operación de Estado que permitiese salvar el régimen del 78 hasta nuestros días. Es hora de conocer todo lo ocurrido en nombre de la verdad y la memoria democrática", han planteado las formaciones independentistas. En esta línea, han registrado este mismo martes una iniciativa conjunta en el Congreso para exigir que "se conozcan con exactitud cada documento, cada grabación, cada información significativa que obre en poder del Estado español y que aporte 'luz y taquígrafos' a los verdaderos acontecimientos que alumbraron el golpe de Estado del 23-F".

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"Se habla de transparencia, pero hasta ahora nada de nada, y hoy mismo la Mesa del Congreso ha prorrogado el plazo de enmiendas para una posible modificación de la ley de secretos oficiales", ha lamentado Aitor Esteban, para quien es necesario "levantar el velo" sobre sucesos como el 23-F desclasificando la documentación de la época. Para Íñigo Errejón, es necesario establecer plazos de desclasificación automática y ha calificado de "maniobra de dilación" las prórrogas que desde el pasado mes de septiembre viene decretando la Mesa del Congreso a la reforma. "Después de 40 años, tenemos derecho a saber la verdad", ha concluido.

Más allá de que la iniciativa de Defensa está paralizada, la intención del PSOE pasa por que con la nueva ley de secretos oficiales se puedan desclasificar los documentos históricos hasta diciembre de 1978, lo que dejaría fuera episodios como el 23-F o los GAL. En cambio, sí saldrían a la luz los documentos secretos relacionados con la Transición, incluyendo episodios represivos como los sucesos de Vitoria o los Sanfermines de 1978, con los que se pretende realizar un guiño al PNV, que lleva batallando desde 2016 para que se reforme la ley de secretos oficiales, que data de 1968 y cuya última reforma se produjo hace más de 40 años. La opción de los nacionalistas vascos pasa por establecer desclasificaciones automáticas, y así lo trasladaron, según fuentes de la formación, en el único acercamiento que tuvieron con el Gobierno respecto a esta ley y que se remonta a finales del pasado año.

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Desde entonces, no se ha producido ningún otro contacto. Tampoco les consta a los 'jeltzales' que se hayan producido avances desde el ministerio. Si los socialistas pretenden que la nueva ley sirva para desclasificar documentos oficiales hasta diciembre de 1978, coincidiendo con la aprobación de la Constitución, los morados apuestan por establecer un automatismo temporal. Esto es, establecer unos plazos, que de momento han evitado concretar, a partir de los cuales los documentos se desclasificarían automáticamente siempre y cuando no se solicitase una prórroga para un documento concreto y previa revisión de su calificación. La propuesta de los morados, a falta de concretar los plazos, se asemeja más a la iniciativa promovida por el PNV.

El grupo vasco propone en su iniciativa, que ya ha tramitado en el Congreso, que se establezca un plazo máximo de 25 años para la desclasificación de documentos considerados históricos y de 10 años para los documentos reservados. Se abarcaría así no solo la documentación secreta sobre la Transición, sino también sobre el 23-F o los GAL. La iniciativa se tramitó el pasado mes de junio, con un amplio respaldo de la Cámara Baja y el único rechazo de Vox y la abstención de Ciudadanos, aunque por motivos opuestos.

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La ley de secretos oficiales franquista de 1968 ha convertido España en una anomalía europea. Si en la mayoría de países de nuestro entorno los plazos para la desclasificación de documentos oficiales van de los 25 a los 50 años, en España, pese a los principios generales de transparencia, ni siquiera existe un marco temporal ni se revisa la calificación de la documentación acumulada. La ausencia de automatismos o plazos para la desclasificación en la futura ley podría suponer un nuevo cierre en falso, según han advertido especialistas, historiadores y los grupos que hasta ahora han promovido sin éxito en el Congreso una reforma de la ley.

El sistema europeo establece una revisión periódica de los niveles de clasificación de documentos cada cinco años. El Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea establece que "todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte", y aunque se establecen excepciones, el límite temporal es de 30 años. Una de las mayores paradojas es que la propia ley franquista de secretos oficiales deja una ventana abierta para que se puedan revisar las desclasificaciones y nunca se ha recurrido a ello. El decreto de 1969 por el que se desarrollan las disposiciones a la ley de secretos oficiales del año anterior establece que “a efectos de evitar la acumulación excesiva de material calificado, la autoridad encargada de la calificación deberá señalar los procedimientos para determinar, periódicamente, la conveniencia de la reclasificación o desclasificación de aquel material”.