Defensa aparca la ley de secretos oficiales y el PNV teme que se siga frenando su iniciativa

La nueva ley de secretos oficiales está todavía en una fase muy inicial de desarrollo, a pesar de que se incluyó en el Plan Anual Normativo del Gobierno con el objetivo de llevarla al Consejo de Ministros antes de que acabase el presente año. Un calendario que no se podrá cumplir tras no haberse producido avances, dejando la nueva norma aparcada. Según reconocen desde el Ministerio de Defensa —el proponente de esta futura norma, que busca dejar atrás la ley de secretos oficiales franquista de 1968, todavía en vigor—, solo se ha producido hasta el momento una única reunión de trabajo en la sede del ministerio para abordar este asunto. Tampoco se han producido conversaciones con el PNV, según indican fuentes de su grupo parlamentario, ya que el objetivo era tratar de negociar previamente con este partido, dado que se encuentra en tramitación una propuesta suya en el Congreso para reformar la actual norma heredada del franquismo.

El único encuentro en que se trató este tema, y de forma superficial, fue una reunión el pasado mes de septiembre entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el portavoz de los 'jeltzales' en el Congreso, Aitor Esteban, donde se le trasladó que el Gobierno promovería una nueva ley, aunque sin entrar a concretar sobre su contenido. Desde entonces, según fuentes cercanas a Esteban, "el Gobierno no ha hablado con nosotros sobre el asunto". Los socios de la coalición tampoco han entrado en esta materia, sobre la que además tienen propuestas diferentes ecerca de los mecanismos y los plazos temporales para la desclasificación de documentos, lo que pone en evidencia los retrasos para sacar adelante la nueva ley.

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Desde el PNV, se comienza a temer que se intente dejar en un cajón su iniciativa, como ya ocurrió en legislaturas pasadas, porque desde que terminó el plazo el pasado 23 de septiembre para presentar enmiendas a la totalidad de su iniciativa, sin que ningún grupo lo hiciese, se viene prorrogando semana tras semana el plazo para presentar enmiendas al articulado. Su propuesta se tramitó el pasado mes de junio, con un amplio respaldo de la Cámara Baja y el único rechazo de Vox y la abstención de Ciudadanos.

El proyecto de reforma de los nacionalistas vascos, por el que llevan batallando desde 2016, establece un plazo máximo de 25 años para la desclasificación de documentos considerados históricos y de 10 años para los documentos reservados. Su pretensión es que de forma general se establezcan plazos máximos para las desclasificaciones. Asimismo, en su proyecto se otorgaría como atribución exclusiva al Consejo de Ministros la facultad para clasificar o desclasificar asuntos, dejando así al margen a la Junta de Jefes de Estado Mayor. Por otra parte, se eliminaría el secreto de las sesiones del Congreso en que se reciban informaciones sobre materias clasificadas.

El proyecto de reforma de los nacionalistas vascos establece un plazo máximo de 25 años para la desclasificación de documentos históricos

La intención inicial del Gobierno, sin embargo, pasa por desclasificar los documentos históricos hasta diciembre de 1978, coincidiendo con la ratificación de la Constitución. Saldrían así a la luz los documentos secretos relacionados con la Transición, incluyendo episodios represivos como los sucesos de Vitoria o los Sanfermines de 1978, con los que se pretende realizar un guiño al PNV. Con todo, se quedarían fuera de estas desclasificaciones otros episodios en que ponían el foco los nacionalistas vascos, principalmente los relativos a la actividad de los GAL.

La ley de secretos oficiales franquista de 1968 ha convertido España en una anomalía europea. Si en la mayoría de países de nuestro entorno los plazos para la desclasificación de documentos oficiales van de los 25 a los 50 años, en España, pese a los principios generales de transparencia, ni siquiera existe un marco temporal ni se revisa la calificación de la documentación acumulada. La ausencia de automatismos o plazos para la desclasificación en la futura ley podría suponer un nuevo cierre en falso, según han advertido especialistas, historiadores y los grupos que hasta ahora han promovido sin éxito en el Congreso una reforma de la ley. Desde el sector de Unidas Podemos en el Ejecutivo, apuestan por establecer un automatismo temporal, aunque de momento han evitado concretar los plazos a partir de los cuales los documentos se desclasificarían automáticamente siempre y cuando no se solicitase una prórroga para un documento concreto, previa revisión de su calificación.

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Esta norma es el principal proyecto legislativo del Ministerio de Defensa recogido en el plan normativo anual del Gobierno, argumentando la necesidad de poner punto y final a una ley de 1968, y reformada por última vez en 1978, al considerarla obsoleta. Un objetivo que viene de lejos. Ya antes de que se convocasen las pasadas elecciones generales, Margarita Robles apostó por derogar la actual ley de secretos oficiales, asegurando que "podría tener razón en otro periodo de tiempo", pero no en un momento en el que España "es una democracia absolutamente consolidada".