Los tres modelos en disputa de PSOE, UP y PNV para conocer los secretos oficiales

La nueva ley de secretos oficiales que está impulsando el Ministerio de Defensa requerirá de una profunda negociación para salir adelante. Una negociación con los grupos parlamentarios, principalmente con el PNV —por tener en trámite una proposición de reforma a la ley del 68—, pero también entre los socios de la coalición, que parten de posiciones distintas. Los socialistas pretenden que la nueva ley sirva para desclasificar documentos oficiales hasta diciembre de 1978, coincidiendo con la aprobación de la Constitución, mientras que los morados apuestan por establecer un automatismo temporal. Esto es, establecer unos plazos, que de momento han evitado concretar, a partir de los cuales los documentos se desclasificarían automáticamente siempre y cuando no se solicitase una prórroga para un documento concreto y previa revisión de su calificación.

La propuesta de los morados, a falta de concretar los plazos, se asemeja más a la iniciativa promovida por el PNV. Reconocen asimismo que la intención de impulsar esta ley desde el Gobierno entrará en "colisión" con la iniciativa del PNV, por la que lleva batallando desde 2016, aunque desde el PSOE confían en llegar a un acuerdo con los nacionalistas vascos y precisamente ven como un guiño que con su propuesta salgan a la luz episodios represivos como los sucesos de Vitoria o los Sanfermines de 1978.

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Desde el PNV, avanzan que no han iniciado negociaciones formales para una ley que pretende estar lista antes de final de año, como recoge el plan anual normativo del Gobierno, más allá de que se abordó este asunto de forma tangencial a finales del pasado mes de septiembre, durante una reunión en el Congreso entre la vicepresidenta segunda y ministra de Relaciones con las Cortes, Carmen Calvo, y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, según fuentes conocedoras del encuentro.

El grupo vasco propone en su iniciativa, que ya ha tramitado en el Congreso, que se establezca un plazo máximo de 25 años para la desclasificación de documentos considerados históricos y de 10 años para los documentos reservados. Se abarcaría así no solo la documentación secreta sobre la Transición, sino también sobre el 23-F o los GAL. La iniciativa se tramitó el pasado mes de junio, con un amplio respaldo de la Cámara Baja y el único rechazo de Vox y la abstención de Ciudadanos, aunque por motivos opuestos. Con todo, la pretensión de los socialistas de llegar hasta 1978 supone un avance con respecto a lo que habían dispuesto en otras enmiendas, que se limitaban a realizar desclasificaciones hasta el arranque de la Transición, en noviembre de 1975.

El PNV mantiene cierta desconfianza, al recordar "las posiciones que ha defendido el PSOE ante nuestra reforma en trámites anteriores", y aunque muestra predisposición a negociar, rechaza que se paralice el trámite de su propuesta de reforma de la ley de secretos oficiales. Su objetivo, en línea con Unidas Podemos, no es que se desclasifiquen hitos concretos, sino que de forma general se establezcan plazos máximos para las desclasificaciones, dando pasos en el ámbito de la transparencia y la democracia.

La ley de secretos oficiales franquista de 1968, todavía en vigor, ha convertido España en una anomalía europea

La ley de secretos oficiales franquista de 1968, todavía en vigor, ha convertido España en una anomalía europea. Si en la mayoría de países de nuestro entorno los plazos para la desclasificación de documentos oficiales van de los 25 a los 50 años, en España, pese a los principios generales de transparencia, ni siquiera existe un marco temporal ni se revisa la calificación de la documentación acumulada.

El sistema europeo establece una revisión periódica de los niveles de clasificación de documentos cada cinco años. El Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea establece que "todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte", y aunque se establecen excepciones, el límite temporal es de 30 años.

La propia ley franquista de secretos oficiales deja una ventana abierta para que se puedan revisar las desclasificaciones, y nunca se ha recurrido a ello. El decreto de 1969 por el que se desarrollan las disposiciones a la ley de secretos oficiales del año anterior establece que “a efectos de evitar la acumulación excesiva de material calificado, la autoridad encargada de la calificación deberá señalar los procedimientos para determinar, periódicamente, la conveniencia de la reclasificación o desclasificación de aquel material”. La discusión ahora pasa por determinar si en la nueva ley se introducirá un sistema de revisión de la calificación de los documentos, mediante un automatismo temporal, con garantías de llevarlo a la práctica.