CONVERSACIONES ENTRE CALVO Y AITOR ESTEBAN

Moncloa prepara una ley para desclasificar papeles secretos hasta 1978, sin llegar al GAL

Saldrían así a la luz los documentos relacionados con la Transición, incluyendo episodios como los sucesos de Vitoria o los Sanfermines de 1978, con los que se pretende realizar un guiño al PNV

Foto: Cortejo fúnebre de las víctimas de los 'sucesos de Vitoria' (1976), sobre los que se desclasificarían los documentos secretos. (EFE)
Cortejo fúnebre de las víctimas de los 'sucesos de Vitoria' (1976), sobre los que se desclasificarían los documentos secretos. (EFE)
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El Gobierno impulsará antes de que finalice el año una nueva ley de secretos oficiales que, entre otros objetivos, busca promover la desclasificación de documentos oficiales. La propuesta de la que parte el Ejecutivo, según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras de la iniciativa, es que se puedan desclasificar los documentos históricos hasta diciembre de 1978, coincidiendo con la ratificación de la Constitución. Saldrían así a la luz los documentos secretos relacionados con la Transición, incluyendo episodios represivos como los sucesos de Vitoria o los Sanfermines de 1978 con los que se pretende realizar un guiño al PNV, que lleva batallando desde 2016 para que se reforme la ley de secretos oficiales que data de 1968 y cuya última reforma se produjo hace más de 40 años. Sin embargo, se quedarían fuera de estas desclasificaciones otros episodios en los que ponían el foco los nacionalistas vascos, principalmente los GAL.

La intención del Gobierno pasa por negociar previamente con el PNV el desarrollo de la nueva ley, dado que se encuentra en tramitación una propuesta del grupo vasco para reformar la actual norma sobre secretos oficiales heredada del franquismo. Un asunto que abordaron esta misma semana, durante una reunión en el Congreso, la vicepresidenta segunda y ministra de Relaciones con las Cortes, Carmen Calvo, y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, según fuentes conocedoras del encuentro. Calvo le confirmó que el Gobierno promovería una nueva ley, aunque sin entrar a concretar sobre su contenido. Los nacionalistas vascos defienden como punto de partida su proyecto de reforma, priorizando que se tramite al entender que la iniciativa del Gobierno se queda corta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. (EFE)

En su caso proponen que se establezca un plazo máximo de 25 años para la desclasificación de documentos considerados históricos y de diez años para los documentos reservados. Se abarcarían así no solo la documentación secreta sobre la Transición, sino también sobre el 23-F o los GAL. Con todo, la pretensión de los socialistas de llegar hasta 1978 supone un avance con respecto a lo que habían dispuesto en otras enmiendas, que se limitaban a realizar desclasificaciones hasta el arranque de la Transición, en noviembre de 1975.

Ahora se llegaría hasta la 'Operación Galaxia', cuyos implicados en la trama fueron detenidos apenas tres semanas antes de que se aprobase en referéndum la Constitución, el límite temporal que se establecería para las desclasificaciones. Se abarca así un periodo sobre el que todavía existen dudas entre los historiadores, desde la hipotética participación de los servicios secretos en sucesos como los de Montejurra hasta la complicidad de algunos sectores de las fuerzas de seguridad contrarios al cambio de régimen con algunos grupos violentos de extrema derecha, además de todo el tardofranquismo.

Fuentes del grupo nacionalista vasco han acogido con cautela la pretensión del Gobierno al recordar "las posiciones que ha defendido el PSOE ante nuestra reforma en trámites anteriores", y aunque muestran predisposición a negociar, rechazan que se paraliza el trámite de su propuesta de reforma de la ley de secretos oficiales. El pasado mes de junio, precisamente, el Congreso tramitó la propuesta del PNV para acelerar las desclasificaciones. La iniciativa contó con un amplio respaldo de la Cámara baja y el único rechazo de Vox y la abstención de Ciudadanos, aunque por motivos opuestos. Los primeros se opusieron al considerar que la reforma atacaría el sistema constitucional, mientras que los segundos dieron su abstención crítica reclamando una reforma integral en lugar de "parches", como finalmente se hará.

Lamentan "el tiempo perdido" y urgen a una reforma urgente porque "el Estado español debe dar un paso en el ámbito de la transparencia y la democracia"

Asimismo, subrayan que no persiguen que se desclasifiquen hitos concretos como los sucesos de Vitoria o los Sanfermines de 1978, sino que de forma general se establezcan plazos máximos para las desclasificaciones, tanto de los documentos considerados históricos como de los documentos reservados. Estas mismas fuentes lamentan "el tiempo perdido" y urgen a una reforma urgente porque "el Estado español debe dar un paso en el ámbito de la transparencia y la democracia". Entre las demandas de los nacionalistas vascos se suman la atribución exclusiva al Consejo de Ministros de la facultad para clasificar o desclasificar asuntos, dejando así al margen a la Junta de jefes de Estado Mayor. Por otra parte, su objetivo es eliminar el secreto de las sesiones del Congreso en las que se reciban informaciones sobre materias clasificadas.

Todavía está pendiente de abrirse la Ponencia de la ley, pero la intención del ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles pasa por punto y final a una ley de 1968, y reformada por última vez en 1978, al considerarla obsoleta, antes de que finalice el año. De hecho, se trata del principal proyecto de Defensa que recoge el plan normativo anual del Gobierno. Durante un acto público de la ministra de Defensa antes de que se convocasen las elecciones, Robles ya apostó por derogar la ley de secretos oficiales. Lo hizo precisamente durante una vista al Archivo General Militar de Ávila, reclamando que "toda la documentación" archivada en estas instalaciones antes de 1968 "pueda ser pública". La ley de 1968, aseguró entonces Robles, "podría tener razón en otro período de tiempo", pero no en un momento en el que España "es una democracia absolutamente consolidada". En esta línea mostró su compromiso con "la máxima transparencia" y facilitar el acceso a los archivos.

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