La nueva ley de secretos oficiales: entre el cierre en falso y el fin de la anomalía española

La ley de secretos oficiales franquista de 1968, todavía en vigor por una suerte de pacto de silencio entre los dos grandes partidos que se han alternado el Gobierno durante las últimas cuatro décadas, ha convertido España en una anomalía europea. Si en la mayoría de países de nuestro entorno los plazos para la desclasificación de documentos oficiales van de los 25 a los 50 años, en España, pese a los principios generales de transparencia, ni siquiera existe un marco temporal ni se revisa la calificación de la documentación acumulada. Historiadores e investigadores tienen que acudir a los archivos de otros países para acceder a documentación que está bajo llave en los sótanos de los ministerios, el CNI o la Zarzuela. Una disfunción a la que podría ponerse fin con la nueva ley de secretos oficiales que pretende impulsar el Gobierno de coalición.

La intención del Ejecutivo, como ha adelantado este diario, pasa por que se puedan desclasificar documentos hasta diciembre de 1978, coincidiendo con la ratificación de la Constitución. Más allá de que se mantendría el oscurantismo respecto a episodios históricos como el 23-F o los GAL, la ausencia de automatismos o plazos para la desclasificación podría suponer un nuevo cierre en falso, como advierten especialistas, historiadores y los grupos que hasta ahora han promovido sin éxito en el Congreso una reforma de la ley.

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Iván Gil

En la actualidad, sigue en tramitación parlamentaria una iniciativa del PNV, en la que lleva batallando desde 2016, con la propuesta de que se establezca un plazo máximo de 25 años para la desclasificación de documentos considerados históricos y de 10 años para los documentos reservados. Su pretensión, subrayan fuentes del grupo en el Congreso, es que de forma general se establezcan plazos máximos para las desclasificaciones, y rechazan que se ponga el foco en hitos concretos, haciendo alusión al guiño que les lanzan desde el Gobierno respecto a que saldrían a la luz documentos relacionados con los sucesos de Vitoria o los Sanfermines de 1978.

"Somos de los pocos países en Europa que no tienen una ley de secretos oficiales que establezca de manera clara los supuestos para la información reservada, que ahora son muy amplios y discrecionales, ni un automatismo temporal para la desclasificación. Es algo enormemente necesario, porque se trata de información pública y de un deber de transparencia de Estado. Se aprovecha una legislación franquista para no afrontar una reforma que nunca ha sido una prioridad ni de PP ni de PSOE", explica el politólogo y profesor en la Universidad Carlos III Pablo Simón, quien reitera la necesidad de homologarse a la lógica de la mayoría de democracias occidentales. Y concluye, en referencia a que la nueva ley se limite a desclasificar documentos hasta 1978: "No entiendo por qué tendríamos que fijar un límite temporal".

El sistema europeo establece una revisión periódica de los niveles de clasificación de documentos cada cinco años. El Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea establece que "todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte", y aunque se establecen excepciones, el límite temporal es de 30 años.

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Una de las mayores paradojas es que la propia ley franquista de secretos oficiales deja una ventana abierta para que se puedan revisar las desclasificaciones y nunca se ha recurrido a ello. El decreto de 1969 por el que se desarrollan las disposiciones a la ley de secretos oficiales del año anterior establece que “a efectos de evitar la acumulación excesiva de material calificado, la autoridad encargada de la calificación deberá señalar los procedimientos para determinar, periódicamente, la conveniencia de la reclasificación o desclasificación de aquel material”. Está todavía por determinar si en la nueva ley se introducirá un sistema de revisión de la calificación de los documentos con garantías de llevarlo a la práctica. Esto es, con las infraestructuras y presupuestos adecuados para llevar a cabo esta labor de inventariado e identificación.

"Existe una anomalía en España con respecto al resto de países democráticos, y sobre esa base se ha generado un consenso bipartidista. Una ley del silencio y el olvido que genera traumas y un conflicto permanente, yo diría que lacaniano, de reprimir el pasado, y que dificulta la posibilidad de abordarlo en el presente", explica el profesor de Teoría Política en la UC3M y miembro del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, Jorge Lago. En su opinión, esta situación "no permite cicatrizar las heridas" y abona "un falso consenso" que se cimienta "sobre el olvido y que hace que no puedas enfrentarte a tu propia historia".

El Gobierno ha aprobado en las últimas semanas, precisamente, la Ley de Memoria Democrática, cuyos objetivos se quedarían cojos sin un proceso de desclasificación de documentos. Según advierte Lago, "no puedes realizar una reparación a las víctimas del franquismo sobre una historia que queda oculta". Asimismo, sería de gran utilidad el conocimiento de determinados informes para identificar a las víctimas de ciertas fosas comunes o del Valle de los Caídos, otro de los objetivos de la Ley de Memoria Democrática.

"Existe una anomalía en España, y sobre esa base se ha generado un consenso bipartidista. Una ley del silencio y el olvido que genera traumas"

El sociólogo y escritor catalán Salvador Cardús destaca que "sería muy importante para la transparencia democrática la desclasificación de archivos secretos, pero sin restricciones para capítulos históricos concretos". Por otra parte, defiende que establecer como límite temporal en la nueva ley la fecha de ratificación de la Constitución "es insuficiente y da la impresión que la misma sirve para ocultar situaciones posteriores, como el 23-F. También es cierto que pueden aparecer casos hasta ahora no conocidos igualmente graves". En línea con otras legislaciones europeas, concluye que "25 años de secretos creo que ya serían bastantes años".

La redacción de una nueva ley orgánica de secretos oficiales es uno de los principales proyectos del Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles, como recoge el plan normativo anual del Gobierno. A la espera de que se abran la ponencia y la negociación con los grupos, la iniciativa podría suponer el fin de la anomalía española o un cierre en falso para aquellos especialistas e historiadores que llevan décadas insistiendo en la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos.