Podemos y los socios rechazan la ley de secretos oficiales: "Esta es una democracia madura"

Los socios de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, no ven con buenos ojos el anteproyecto de ley de información clasificada, también conocida como ley de secretos oficiales. Desde la formación de Ione Belarra han mostrado sus discrepancias y manifestaron sus intenciones de negociar posibles cambios con los socialistas, una vez la norma llegue otra vez al Consejo de Ministros en una segunda vuelta.

En Unidas Podemos sostienen que España es una "democracia madura" y que "tiene derecho a conocer su historia" a través de documentos que se mantienen clasificados. Además, creen que el PSOE debe tener en cuenta las opiniones de los socios habituales del bloque de investidura a la hora de configurar la norma y advierten que el apoyo de estos grupos, entre los que se encuentran, es fundamental para su aprobación.

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"Ocultar secretos a la ciudadanía durante 50 años o más es tratarla como menor de edad. No es propio de democracias maduras tener miedo a conocer", aseguró en redes el presidente del grupo confederal en el Congreso, Jaume Asens.

Bildu cree que "no ocultará" el "secreto a voces"

En EH Bildu tampoco se exhibieron muy conformes a lo que plantea el texto legislativo. El dirigente 'abertzale', Arnaldo Otegi, afirmó en sus redes sociales esta misma tarde que el anteproyecto de ley de secretos oficiales "no ocultará lo que en Euskal Herria es un secreto a voces: quién organizó la guerra sucia, quién ordenó la práctica de la tortura y quiénes ampararon desde los medios estos hechos".

Tanto para Bildu como para Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ambos socios de investidura, revelar aquellos documentos que estén relacionados tanto con el episodio del 23-F como con las GAL es una cuestión prioritaria.

También el Partido Nacionalista Vasco (PNV), la formación que impulsó una propuesta de reforma de la ley de secretos oficiales, expresó la insatisfacción con la que finalmente llega a debate. Creen que viene "demasiado tarde" y, sobre todo, que esboza unos plazos "muy largos" para desclasificar información reservada. El anteproyecto marca un plazo máximo de 50 años para casos considerados más sensibles, y unos cuatro años para aquellos menos relevantes.

La búsqueda de un 'pacto de Estado' con el PP, congelada

El PP tampoco se siente cómodo con que Bildu esté en el punto de mira del Gobierno de cara a sacar adelante esta ley. Ante las posibles reticencias de sus aliados de UP a la nueva normativa, el Gobierno ya puso sobre la mesa la opción de negociar con el Partido Popular la aprobación del proyecto, a fin de recabar los votos necesarios para su aprobación sin depender de otras formaciones.

Pero el PP, que ofreció a Sánchez sus votos para sacar adelante el actual anteproyecto, aseguró que esta sería la opción "lógica", pactar con el principal partido de la oposición, en lugar de tantear a la izquierda 'abertzale'. El Consejo de Ministros da este lunes el pistoletazo de salida a la iniciativa, que pretende sustituir la actual legislación, que data de 1968 y fue impulsada por Luis Carrero Blanco. Los populares afearon al Gobierno que tratase de negociar con sus socios, como Bildu, una medida que afecta "directamente" a la seguridad del Estado.

El líder de Más País y antiguo miembro de Podemos, Íñigo Errejón, fue más allá y tildó el borrador de "decepcionante", coincidiendo con UP en que "sigue tratando a los españoles como menores de edad".

Y no es el único. También la vicepresidenta segunda e impulsora de la plataforma Sumar, Yolanda Díaz, reclamó en varias ocasiones la modificación de la ley de secretos oficiales, pues cree que una normativa que data del año 1968, en plena dictadura franquista, "no puede garantizar la seguridad en el siglo XXI". Y es que enfatizó que la situación de España es "anómala" y, por ejemplo, la citada ley tiene que dar un plazo temporal adecuado para poder desclasificar documentos.