Sánchez da a Bolaños la llave de los secretos oficiales y fija en 50 años el plazo para desvelarlos

El Gobierno dará este lunes en el Consejo de Ministros el pistoletazo de salida al anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales, la norma que, al concluir su tramitación, desterrará el actual texto franquista, que data de 1968 y lleva la firma de Luis Carrero Blanco. Su desarrollo lo ha supervisado el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y añade una nueva figura, la Autoridad Nacional, para la protección de la información clasificada, que deberá garantizar el cumplimiento de su contenido y la coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio. Además, será el enlace entre el Ejecutivo y las autoridades internacionales en esta materia y dependerá del departamento del propio Bolaños.

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Fuentes del Gobierno explican que la nueva ley acota entre los cuatro años (para los menos relevantes) y los 50 (para los más sensibles) el plazo máximo para mantener bajo llave los documentos clasificados, corrigiendo la norma en vigor, que no marcaba límite alguno. La letra pequeña, eso sí, establece que el medio siglo podrá prorrogarse en determinados casos, y es el doble del límite que pedía establecer el PNV, por lo que en el Ejecutivo asumen que tendrán que negociar con los grupos parlamentarios: "Es una primera propuesta", esgrimen.

Además, modificará las actuales categorías de protección, que pasarán de dos a cuatro, en sintonía con los estándares que aplican la Unión Europea o la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial o restringido. En función de la categoría asignada, los documentos podrán ser desclasificados en la parte más baja de la horquilla (restringido) o del tope de 50 años (alto secreto).

Defienden la creación de esta nueva figura por la naturaleza "transversal" de los documentos considerados secretos

En cualquier caso, será el Consejo de Ministros quien decida sobre la desclasificación de los temas más sensibles, como ocurre en la actualidad. El ministerio de Bolaños recibirá "más recursos" para asumir una competencia que, en la norma vigente, se atribuye al Ministerio de Defensa. De hecho, la ley en vigor está tan obsoleta, que uno de los órganos a los que habilita para clasificar documentos es la Junta de Jefes de Estado Mayor, dependiente del Ministerio de Defensa, que dejó de existir en 2005.

Desde el Ejecutivo, aseguran que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado su visto bueno al borrador de esta norma en el último Consejo de Ministros, aunque atribuya un rol más destacado a un ministerio que no es el suyo. Defienden la creación de esta nueva figura por la naturaleza "transversal" de los documentos considerados secretos, que pueden afectar a muy diversas materias. Así ocurre, explican, "en la gran mayoría de los países de nuestro entorno, en la UE y la OTAN".

La negociación con los grupos parlamentarios requerirá tiempo. Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados permanece congelada —y ya está descartada— la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que durante años enarboló el PNV y que en este tiempo ha reclamado a los ejecutivos de Pedro Sánchez y de Mariano Rajoy, sin éxito.

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Fue el propio Sánchez quien anunció en mayo su intención de aprobar esta norma, en el marco de su respuesta al escándalo por el espionaje político mediante el 'software' Pegasus a dirigentes independentistas catalanes. En Moncloa, reiteran que la ley no solo persigue dar cumplimiento a la promesa dada a las formaciones vascas y catalanas, ni se puede atribuir únicamente al empuje de estos grupos. Están convencidos de que es necesario superar el marco del texto franquista y adaptarse a la legislación internacional sobre la materia.

Con todo, el Consejo de Ministros de este 1 de agosto deberá abordar otras materias de peso: el paquete de medidas de ahorro energético anunciado por Sánchez el viernes —que incluye la medida de limitar los aires acondicionados de determinados negocios a una temperatura de 27 grados, como adelantó El Confidencial— o el real decreto de medidas urgentes para la prevención de incendios forestales. Esta última norma servirá para establecer un marco común a todas las comunidades con la vista puesta en crear planes de prevención a 12 meses, como anticipó el jefe del Ejecutivo.

Después de aprobar estas normas y de comparecer en rueda de prensa para explicarlas, el Gobierno y la actividad política en general bajarán el ritmo (aunque el Ejecutivo seguirá trabajando en la elaboración de los presupuestos), como ocurre en el periodo estival. En la última semana de agosto, unas semanas después, se da por hecho que el Congreso reactivará las máquinas y que en septiembre la actividad política volverá a velocidad de crucero.