Sánchez retoma la reforma del Código Penal para atraer a ERC a los presupuestos

La hoja de ruta para la "desjudicialización" del 'procés' ha quedado trazada en la mesa de diálogo entre Moncloa y la Generalitat mirando a la reforma del Código Penal. Una serie de "modificaciones legislativas", con el delito de sedición como principal caballo de batalla por parte de ERC. Según se han comprometido por escrito ambas delegaciones, estos cambios deberán materializarse "antes de finalizar el próximo periodo de sesiones". Esto es, antes de que acabe el presente año, coincidiendo con la aprobación de los presupuestos de 2023. En esas mismas fechas está previsto celebrar otra reunión bilateral en Barcelona para ratificar los hipotéticos acuerdos que acercarían a los republicanos a votar favorablemente las cuentas. Un objetivo de primer orden para el Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que el apoyo de los republicanos es imprescindible para aprobar las cuentas y con ello llevar la legislatura a término con relativa estabilidad.

ERC presiona para que se reforme el delito de sedición, lo que facilitaría la vuelta de los dirigentes independentistas fugados de la Justicia, como es el caso del expresidente Carles Puigdemont. Una puerta que no cierra el Ejecutivo, al defender la necesidad de "armonizar" estos preceptos con la jurisprudencia de otros países europeos, pero llamando la atención sobre la falta de mayorías parlamentarias. Al menos "en estos momentos", recalcaba tras la reunión de la mesa de diálogo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Una constatación que "no supone que no pueda haberla en algún momento", sin renunciar así a explorar los apoyos para una mayoría absoluta en el Congreso —176 votos a favor—, como requieren las modificaciones de leyes orgánicas.

Hasta hace unos días, desde el Departamento de Justicia, que dirige Pilar Llop, se inclinaban por que una reforma de este calado debería llevarse a cabo de la mano del PP. ERC, por su parte, ha dejado atrás el maximalismo de suprimir este delito para abrirse a modificarlo, con una rebaja de penas, sin que desaparezca del Código Penal.

De llevarse a cabo esta reforma, que está sobre la mesa de negociación a la espera de que se conciten mayorías suficientes, se verían beneficiados los dirigentes fugados en caso de volver a España para someterse a la Justicia, al tener carácter retroactivo. Un grupo en el que, además de Puigdemont, se encuentra la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Los delitos de malversación quedarían en otro plano, aunque el acuerdo "para superar la judicialización y reforzar las garantías" sellado este miércoles incluye compromisos como "preservar las máximas garantías" en procesos que "afecten al patrimonio de las personas". De hecho, el Tribunal de Cuentas ya ha devuelto la fianza de 2,1 millones de euros a la formación republicana en concepto de fianzas por el 'procés'. De lo que no habría garantías es de evitar la inhabilitación política de estos dirigentes independentistas.

[Consulte | Acuerdo "para superar la judicialización y reforzar las garantías"]

Si desde el Gobierno se justificaron los indultos porque el relato de la "represión" enarbolado por las formaciones independentistas quedaba neutralizado, ahora se apuesta por normalizar las relaciones institucionales desde la política y el diálogo. Con el foco en la "desjudicialización", el Ejecutivo también saca la negociación del referéndum de la mesa. El socio minoritario se ha sumado a la presión de ERC, desempolvando su propuesta de reforma del delito de sedición. Esta pasa por fijar una reducción de penas y reformular el redactado para adaptarlo al marco legal europeo y a las nuevas realidades, incluyendo por ejemplo la mención al uso de la violencia para considerarse un delito de sedición.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Cataluña, ¡togas fuera! (La ruina del PSOE)

José Antonio Zarzalejos

Una negociación que asume directamente el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y portavoz de su confluencia catalana, Jaume Asens, que este miércoles celebraba que la reforma "vuelva a estar sobre la mesa". Al mismo tiempo, urgía a acotar una propuesta para "ver si tiene apoyos o no". Junts, sin presencia en la mesa de negociación, sigue apostando por suprimir los delitos de sedición y rebelión del Código Penal.

La reforma del delito de sedición se planteó al inicio de la legislatura de forma paralela a los indultos. Una forma de cerrar el círculo, al facilitar con ello que volviesen a España los políticos independentistas fugados tras haber concedido la medida de gracia a los políticos presos. Finalmente, se congelaron estos planes del anterior titular de Justicia, Juan Carlos Campo, por las reticencias de los soberanistas. Unos recelos que mantiene Junts, abogando por el maximalismo de la amnistía, pero que ha abandonado su sector mayoritario en el Congreso, convirtiéndolo en una prioridad. La 'consellera' de Presidencia y cabeza de la delegación catalana en la mesa de diálogo, Laura Vilagrà, defendía tras la reunión que en su opinión "existe la mayoría" suficiente para sacar adelante la reforma que facilitaría la vuelta de los dirigentes fugados. En esta línea, concluía que "acabaremos encontrando el camino".

Ley mordaza

Otra de las vías de la "desjudicialización" pasa por la reforma de la denominada ley mordaza, para aligerar las causas contra manifestantes independentistas por este procedimiento. La propia Vilagrà hacía hincapié en que los cambios legislativos beneficiarían a "todos los ciudadanos" con causas vinculadas al 'procés' y no solamente a los dirigentes independentistas. Asens abría todavía más el foco para argumentar que el delito de sedición "es una reliquia del pasado que, reinterpretado por el Supremo, amenaza el derecho de manifestación y protesta": "Hoy es a los independentistas, mañana podría ser a los activistas de la PAH o los huelguistas".

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez prioriza a ERC en los presupuestos con más margen de déficit y la mesa de diálogo

Iván Gil

La contrapartida exigida por el Ejecutivo públicamente, más allá de que se reconozca en privado que estos acuerdos encarrilan la negociación de los presupuestos, es que "se renuncia a acciones que saquen la política fuera de las reglas de juego democráticas". Esto es, un compromiso de que no vuelva a repetirse la convocatoria de un referéndum unilateral. Asimismo, cualquier reforma legislativa para favorecer esta "desjudicialización" deberá enmarcarse "dentro del ordenamiento democrático vigente" y "avalada por una amplia mayoría social", según recoge el documento ratificado por ambas delegaciones.

Desde el Gobierno, evitan entrar en la letra pequeña de las negociaciones, apostando por mantener la discreción para que lleguen a buen puerto. Todo ello deberá producirse antes de final de año, con la convicción de que en año electoral los acuerdos serán más complejos. Además, se haría coincidir con el hito de los presupuestos, para cuya aprobación la coalición necesita a ERC. El documento ratificado entre el Ejecutivo central y el Govern se justifica porque "la superación de la judicialización debe garantizar un proceso de diálogo y negociación equilibrado y con garantías, rechazando la criminalización de los proyectos políticos democráticos". Sin concreciones, se recoge que, "cuando se alcancen acuerdos que requieran de alguna modificación legislativa concreta para su materialización, los grupos parlamentarios de referencia en las Cortes Generales de las delegaciones de la mesa de diálogo se encargarán de su impulso parlamentario".