Podemos pone precio a la paz con el PSOE: ley de vivienda y ley mordaza antes de los presupuestos

Con el Gobierno de coalición inmerso en una profunda crisis, y con PSOE y Unidas Podemos sin ponerse de acuerdo siquiera sobre cuándo reunirse para abordar cómo reconducir la situación, la formación morada presiona al PSOE para desbloquear dos normas que materializan dos reivindicaciones históricas del partido, y que se han visto ralentizadas en su tramitación parlamentaria: la ley de vivienda y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza.

Sin embargo, el nuevo impulso a las leyes de vivienda y mordaza ha llegado este miércoles, y con un nuevo enfoque: ahora, la secretaria general del partido morado, Ione Belarra, y el portavoz del grupo en el que se encuadra Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, condicionan su apoyo a los futuros presupuestos generales del Estado (PGE) para 2023 a que antes hayan sido aprobadas estas dos normas. Lo exigen, además, cuando ni siquiera han comenzado las negociaciones sobre las cuentas públicas. Y en relación con normas sobre las que no habían hecho especial hincapié estos días, en una semana cargada de exigencias a sus socios.

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El socio minoritario ya impuso a finales de 2020 la aprobación de la ley de vivienda como condición indispensable para apoyar los presupuestos para 2021, y la derogación de la ley mordaza —su derogación completa, no la reforma en tramitación— está incluida en el pacto de coalición. "La ley de vivienda es un pacto registrado en el acuerdo de coalición y el proyecto de ley es un paso adelante histórico para garantizar el derecho a la vivienda", sostienen fuentes parlamentarias de Unidas Podemos. "Debe aprobarse y comenzar a aplicarse cuanto antes", apuntan. En distintas ocasiones, además, han achacado al PSOE el bloqueo de estas normas.

Y esta exigencia llega solo dos días después de que la líder de Podemos expusiera su hoja de ruta para el Ejecutivo, su receta para enderezar el rumbo en un momento en el que reconoce que "no se perciben unos objetivos políticos claros" en la acción del Gobierno.

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En este repaso, sin embargo, no hubo mención a condiciones previas a la negociación de los presupuestos. Por contra, sí hizo hincapié en su reclamación de distintas medidas de corte social, especialmente una ley de familias, que amplíe a seis meses los permisos de maternidad y paternidad e instaure una ayuda de crianza de 100 euros al mes por hijo. La intención de la líder de Podemos es que llegue al Consejo de Ministros en septiembre.

Para más inri, esta nueva condición para firmar la paz con el PSOE llega un día después de que la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz (con carné del PCE, pero no de Podemos), reclamase una reunión "urgente" de la comisión permanente de seguimiento del acuerdo de coalición, el espacio en el que ambos socios dirimen sus diferencias. Solo se ha convocado en media docena de ocasiones, y habitualmente ha funcionado como una suerte de botón del pánico para rebajar la tensión en el Ejecutivo. En una intervención en la que Díaz dejó ver su enfado con el Partido Socialista, también quiso explicar las dos cuestiones a abordar con urgencia, y que explicaban su malestar: el incremento de 1.000 millones de euros en el gasto en Defensa y el necesario impulso de políticas para frenar la inflación. No mencionó los presupuestos, no hizo alusión a estas normas.

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El miércoles, Echenique reclamaba al PSOE que la reunión de esta comisión tenga lugar antes del martes 14, cuando comienza el debate sobre el estado de la nación, para transmitir la imagen de cierta paz entre ambos socios. Los socialistas, en palabras de su portavoz parlamentario, Héctor Gómez, mostraban su voluntad de reunirse en cuanto lo permita la "frenética" actividad del Ejecutivo, pero no querían aproximarse siquiera a una fecha. "Hay que encajar la necesidad con la disponibilidad y los temas a tratar", zanjaban. Casi al mismo tiempo, Unidas Podemos condicionaba su apoyo a la negociación de unas cuentas que aún no ha arrancado a la aprobación de estas dos leyes.

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Además de ser una de las promesas estrella de Pedro Sánchez en campaña electoral, la derogación de la ley mordaza figura en el punto 5.6 del acuerdo de coalición con la siguiente redacción: "Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la ley mordaza". El texto original fue registrado por el PNV en 2020, y hoy se encuentra en tramitación en la Comisión de Interior. 

Fuentes conocedoras de las negociaciones recuerdan la necesidad de hilar fino para recabar apoyos, al tratarse de una ley orgánica, cuya aprobación requiere de mayoría absoluta en la Cámara. Aún hay varios apartados espinosos que sortear, como la reclamación de ERC de prohibir el uso de pelotas de goma, pero los grupos que impulsan esta reforma han venido manteniendo reuniones informales desde febrero, y hasta la fecha han logrado aprobar enmiendas parciales a 29 artículos de la norma.

Por su parte, la ley de vivienda es una de las iniciativas que más diferencias ha suscitado entre PSOE y Unidas Podemos. La norma llegó a pleno en enero, se acordó su tramitación por vía urgente, pero encalló en la Cámara Baja una vez expirado el plazo para presentar enmiendas, el 27 de abril. Hoy por hoy, el Ministerio de Transportes se plantea aceptar una enmienda de Unidas Podemos para reducir la 'vacatio legis', el periodo desde su aprobación hasta que entre en vigor, que hoy está previsto en 18 meses. También tiene pendiente elaborar el índice de precios de zonas en las que el precio del alquiler se considere tensionado, y, por tanto, se pueda limitar.