El Gobierno pacta con la Generalitat "desjudicializar" el 1-O y blindar el catalán

Tercera reunión de la mesa de diálogo entre Gobierno y Govern y primera en la que se sellan acuerdos, aunque con más voluntad que concreción. Uno de ellos, el que más se ha especificado, está enfocado a blindar la inmersión lingüística del catalán en la escuela y promover su uso en las instituciones. El segundo está centrado en la "desjudicialización" del denominado conflicto catalán "antes de que remate el próximo periodo de sesiones", coincidiendo con la votación de los próximos presupuestos. Sobre este punto se avanza solamente en el compromiso de realizar diferentes reformas legislativas que permitan llevar al ámbito político este conflicto. Se trata con ello de revertir procesos judiciales que afectan a líderes independentistas desde el 1-O, con el objetivo también de "preservar las máximas garantías" en procesos que "afecten al patrimonio de las personas". De hecho, el Tribunal de Cuentas ya ha devuelto la fianza de 2,1 millones de euros a ERC en concepto de fianzas por el 'procés'.

[Consulte | Acuerdo "para superar la judicialización y reforzar las garantías"]

Lo que se descarta por el momento es la reforma de los delitos de sedición y rebelión. Según ha explicado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por la falta de mayorías parlamentarias en estos momentos. Estas reformas, de impulsarse si se garantizan los apoyos en el Congreso, afectarían al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont si fuese finalmente juzgado, al tener carácter retroactivo.

La contrapartida exigida por el Ejecutivo es que "se renuncia a acciones que saquen la política fuera de las reglas de juego democráticas". Esto es, un compromiso de que no vuelva a repetirse la convocatoria de un referéndum unilateral. Asimismo, cualquier reforma legislativa para favorecer esta "desjudicialización" deberá enmarcarse "dentro ordenamiento democrático vigente" y "avaladas por una amplia mayoría social", según recoge el documento ratificado por ambas delegaciones.

El acuerdo sobre la inmersión lingüística, reconociendo la "autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua", deja entrever que el Gobierno no recurrirá la nueva ley del catalán en las escuelas, sorteando así la sentencia sobre la obligación de impartir al menos un 25% de las clases en castellano. "Ambos gobiernos comparten que el catalán debe seguir siendo la lengua normalmente usada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo de Catalunya y el aranés en la Val d’Aran, que la enseñanza y el uso curricular", recoge el documento del acuerdo "para la protección e impulso de la lengua catalana". En consecuencia, se especifica el respaldo al "desarrollo del marco normativo reciente, consagrado por el Parlament de Catalunya, encabezado por la Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que da amparo a los usos y aprendizajes lingüísticos del catalán, del castellano, del aranés en la Val d’Aran, de las primeras y las segundas lenguas extranjeras, de las lenguas de origen de los alumnos y de la lengua de signos catalana".

[Consulte | Acuerdo "para la protección e impulso de la lengua catalana"]

En este ámbito de la "protección e impulso a todos los niveles" del catalán se incluye una reforma del reglamento del Senado para el uso de las lenguas cooficiales, así como la solicitud al Parlamento Europeo del uso del catalán en sus plenos, buscando las mayorías necesarias "antes de finalizar el año en curso". A nivel internacional, el Gobierno accede a que representantes de la Generalitat integren las delegaciones españolas en los foros donde se traten políticas con dimensión lingüística. Un acuerdo que se hará extensible al resto de gobiernos autonómicos con lenguas cooficiales si así lo demandan. Otro de los compromisos en esta materia se centra en promover, "durante la presente legislatura, las reformas normativas necesarias para garantizar la plena disponibilidad lingüística y el derecho de ser correspondido oralmente y por escrito en catalán en la administración periférica del Estado".

El representante de la delegación del Gobierno central en la mesa de diálogo ha subrayado que estos acuerdos son un punto de partida y destacado que el objetivo ha sido priorizar los asuntos en los que más cercanía hay. De este modo, no se ha avanzado en cuestiones del ámbito territorial y el encaje de Cataluña en España. "El Ejecutivo siempre ha sostenido que el modelo recogido en la Constitución es el único marco posible para reconocer la enorme y rica diversidad del país, consolidar derechos y garantizar la convivencia de una sociedad plural como la catalana", defendió ya Pedro Sánchez tras la anterior de la mesa de diálogo en Cataluña. Frente a ello, el Govern mantiene la máxima del derecho a decidir. La autodeterminación y la amnistía son líneas rojas para la Moncloa.

El documento ratificado entre Gobierno y Govern "para superar la judicialización y reforzar las garantías" se justifica porque "la superación de la judicialización debe garantizar un proceso de diálogo y negociación equilibrado y con garantías, rechazando la criminalización de los proyectos políticos democráticos". Sin concreciones, se recoge que, "cuando se alcancen acuerdos que requieran de alguna modificación legislativa concreta para su materialización, los grupos parlamentarios de referencia en las Cortes Generales de las delegaciones de la Mesa de Diálogo se encargarán de su impulso parlamentario. Ambas partes manifiestan su voluntad de que dichas modificaciones legislativas sean aprobadas, en su caso, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones".

La delegación del Gobierno de España ha estado encabezada por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. El equipo lo han completado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, con representación proporcional de los dos socios de la coalición, además del PSC.

Por parte de la Generalitat, la delegación la ha encabezado la 'consellera' de la Presidencia, Laura Vilagrà, con un equipo compuesto por el 'conseller' de Empresa y Trabajo, Roger Torrent; el 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena, y la titular de Cultura, Natàlia Garriga. Todos de la parte republicana del Govern, puesto que JxCAT ha vuelto a declinar su participación en este foro al considerarlo "agotado". De ahí la necesidad de ERC de arrancar acuerdos y visibilizar la utilidad de este espacio.

El acercamiento materializado este miércoles es fruto de la reunión mantenida entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès a mediados de mes, así como a los trabajos previos que vienen realizando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y su homóloga en la Generalitat, Laura Vilagrà. Ambos ya sellaron la pasada semana un 'Acuerdo marco para el diálogo y la negociación'. Entre otras cuestiones, se incluía el compromiso de dar salida a la principal reivindicación de los republicanos. Esto es, convocar la mesa de diálogo "para la resolución del conflicto político". "La voluntad de las partes es celebrar un mínimo de dos reuniones públicas de la mesa en lo que queda del año 2022, con acuerdos en cada una de dichas reuniones", recogía el acuerdo previo.

La siguiente reunión se celebrará a final de año en Barcelona. Un calendario que coincidirá con la recta final para la negociación de los presupuestos. La mesa de diálogo es el principal marco para facilitar el apoyo de ERC, que el Ejecutivo considera prioritario de cara a garantizarse con la aprobación de las cuentas la finalización de la legislatura. En esta línea ya se han producido concesiones, como el aumento del margen de déficit de las CCAA, pasando del 0,1% inicial al 0,3%. El Govern también ha celebrado públicamente el aumento del margen de déficit de las comunidades autónomas, algo que desde el Ejecutivo reconocen haber acordado previamente. La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, aseguró "haber arrancado recursos extra" al Ejecutivo central tras explicar que llevaban meses demandando esta flexibilización. Un asunto que, explicó, habría llevado el propio Aragonès a la reunión que mantuvo con Sánchez el pasado 15 de julio.