El Gobierno congela la reforma del delito de sedición y Puigdemont descarta su regreso

El Gobierno ha puesto el freno de mano respecto a sus planes de reformar el delito de sedición, nada más aprobar los indultos a los nueve presos del 'procés'. La modificación del Código Penal para reducir las penas por este tipo de delito —"homologarlo al resto de países europeos", según el lenguaje de Moncloa— lleva esperando ya varios meses en el cajón del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pero se había aplazado hasta ahora para tramitarla de forma "paralela" a la medida de gracia. Una forma de cerrar el círculo, al facilitar con ello que volviesen a España los políticos independentistas fugados tras haber concedido la medida de gracia a los políticos presos. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido cambiar de planes y dejará el balón en el tejado de las fuerzas independentistas. De momento, Carles Puigdemont descarta un regreso anticipado, según confirman fuentes de su entorno. No pisará España hasta que la Justicia europea resuelva sobre su situación.

Varios ministros del Gobierno coinciden en alegar ahora que no cuentan con los apoyos suficientes para sacar adelante dicha reforma del Código Penal, en clara alusión a ERC y Junts. Para modificar el Código Penal, a través de una ley orgánica, se precisa de una mayoría absoluta. Esto es, un mínimo de 176 votos a favor. "La reforma solo se hará si tenemos una mayoría suficiente, que no es tan fácil", aseguraba este miércoles un miembro del Gobierno, para concluir que no ve esta posibilidad "a corto plazo para poder impulsarla". Otro ministro se preguntaba retóricamente sobre la reforma —"¿quién la va a votar?"—, exponiendo así una falta de apoyos o, al menos, cierto desinterés de los principales aludidos.

TE PUEDE INTERESAR

Campo descarta un indulto anticipado a Puigdemont, aunque "está previsto" en la ley

Europa Press

Lo cierto es que para el Gobierno esta reforma ha dejado de ser una prioridad. De este modo, no parece dispuesto a tomar la iniciativa de negociar y buscar apoyos a una medida que, si bien se justifica por la necesidad de equiparar este delito a la jurisprudencia de otros países europeos, como reclamó esta misma semana el Consejo de Europa, beneficiaría principalmente a Junts. A los políticos fugados que además apuestan por derogar este delito. Un extremo que se descarta completamente desde Justicia. El departamento que dirige Juan Carlos Campo ni siquiera ha aceptado la propuesta puente de Podemos, para buscar un consenso entre ambas partes, que pasaba por incluir la mención al uso de la violencia para considerarse un delito de sedición.

Para el 'expresident', volver tampoco es una prioridad. Si bien es cierto que una reducción de la sedición combinada con la promesa de un indulto futuro podría haber incentivado el regreso, Puigdemont nunca se planteó en serio llevarlo a cabo. Su entorno precisa que no piensa abandonar Bruselas hasta que los dos tribunales europeos que deben decidir en los próximos meses sobre las consecuencias penales del 'procés' se pronuncien. Por un parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe responder a los recursos de los indultados. Por otra, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene pendiente responder la cuestión prejudicial que remitió el juez Pablo Llarena sobre el alcance de las euroórdenes. No habrá resolución de ninguno de los dos en al menos un año.

A falta de un respaldo expreso del TEDH y el TJUE, Puigdemont considera que la inmunidad no le protege en España. El Supremo interpreta que las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión adoptadas con posterioridad al procesamiento siguen siendo viables, "sin que las mismas estén condicionadas a la inmunidad que les afecta", indicaba.

Mientras tanto, el Gobierno lanza con su decisión de volver a paralizar la reforma un mensaje indirecto. Si Junts quiere reformar este delito, antes debe reclamarlo públicamente y mostrar su apoyo. Aceptar de este modo que no se derogará y, por tanto, que los condenados por el 'procés' cometieron un delito. "Ahora es Junts quien quiere mostrarse como mártir", lamenta una fuente del Gobierno. De ahí que se insista en que los indultos fueron reclamados por ERC, al menos en privado, como "prerrequisito" para avanzar hacia la normalización y sentarse a la mesa de diálogo. Así lo reconoce otro ministro, asegurando que los republicanos trasladaron que para comenzar a desinflamar el conflicto era un "obstáculo" tener a sus líderes en la cárcel.

TE PUEDE INTERESAR

La reforma de la sedición desactivará la sentencia del 'procés' en el tribunal europeo

Beatriz Parera

La pelota, por tanto, está más en el tejado de Junts que de ERC. A pesar de ello —o quizá por ello—, los republicanos no descartan tomar la iniciativa y ofrecerse a liderar la reforma del Código Penal. Una reforma amplia, no solamente centrada en el delito de sedición, para abarcar otros cambios en aspectos como los relacionados con la ley de seguridad ciudadana —la conocida como ley mordaza—, las violencias sexuales o la memoria histórica. Se ofrecen así como puente para consensuar la reforma con el resto de fuerzas independentistas del Congreso —no solo Junts, sino también Bildu, CUP y BNG—, advirtiendo sobre la sedición que no aceptarían una rebaja de penas a cambio de ampliar los tipos. Con todo, desde esta formación, asumen que "estamos dispuestos a meterle mano". Doble presión para Junts, tanto desde el Gobierno como desde sus socios en la Generalitat.

Esta reforma global a la que sería favorable ERC no gusta, en cambio, en el Gobierno. Sin rechazarse de plano, se aduce que "puede tener un mal resultado englobarlo todo", apostando así por que "sería más sencillo llegar a acuerdos parciales". Con todo, y subrayando "prudencia", esta misma fuente del Ejecutivo concluye que solo se contemplaría una reforma global del Código Penal si contribuyese a "arreglar" la situación. "Lo importante ahora es lo que hagan los independentistas", apunta también un dirigente parlamentario de Unidas Podemos que ha seguido de cerca las negociaciones en el seno del Gobierno de coalición sobre la reforma del delito de sedición.

La reforma solo tendría sentido por dos motivos: facilitar el regreso de los huidos o proteger a los que han recibido la gracia

La modificación del Código Penal queda por tanto en suspenso, como decisión más táctica que estratégica, apenas tres semanas después de que Sánchez la defendiese porque "nuestro Código Penal está desacoplado con respecto al Código Penal de otros países". Declaraciones que realizó en el marco de la cumbre bilateral con Polonia, asegurando que su Gobierno siempre tuvo la "voluntad de actualizar esos delitos y homologarlos a los de los países más avanzados en términos democráticos". De hecho, la reforma del delito de sedición se fijó en un primer momento para finales del pasado año, incluyéndose en el plan anual normativo de 2020, pero las sucesivas citas electorales, empezando por las catalanas, fueron retrasándola. Retrasos que se seguirán acumulando si los posconvergentes no se sienten aludidos.

La decisión de volver a guardar en el cajón la iniciativa choca así con el anuncio realizado hace un mes escaso sobre la intención del Ejecutivo de darle un nuevo impulso en paralelo a los indultos. La idea inicial de que una rebaja en el rango de penas en la sedición ayudaría a reforzar los argumentos a favor de la medida de gracia ha ido perdiendo fuerza. El perdón ya ha sido concedido, los presos han abandonado las cárceles y la reforma solo tendría sentido por dos motivos: facilitar el regreso de los huidos o proteger a los que han recibido la gracia ante la posibilidad de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la encargada de revisar la legalidad del indulto, la desactive en respuesta a los recursos que se presentarán.

TE PUEDE INTERESAR

Los presos salen de la cárcel desafiantes: exigen "amnistía" y perseguirán la "república"

Marcos Lamelas. Barcelona

La reforma ha sido uno de los objetivos constantes del Gobierno prácticamente desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Ha ido apagándose y resurgiendo, como un intermitente, al ritmo de las necesidades o prioridades del momento. El plan siempre ha sido el de un recorte sensible de las penas actuales para el caso de que el alzamiento público y tumultuario del que habla el artículo 544 del Código Penal se ejecute sin violencia.

Penas superiores a cinco años

Así, las actuales penas, que van de 10 a 15 años en el caso de que los cometan autoridades, quedarían en la mitad. En la última fase, el Gobierno ha llegado a barajar como rango penas de aproximadamente seis años. Fuentes gubernamentales consultadas sostienen que el proyecto ahora congelado consideraba que el delito debe continuar considerándose grave y, por ello, las condenas vinculadas serían superiores a los cinco años.

El socio del Gobierno, Unidas Podemos, ha defendido en todos estos meses una despenalización mayor que sirviera para proteger “el derecho de protesta” y eliminara, por tanto, la posibilidad de sedición en circunstancias como las de los días previos al referéndum del 1 de octubre de 2017, en los que la acción del Parlament se combinó con una movilización masiva en las calles.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Pedro Sánchez gana la batalla del indulto

Javier Caraballo

Entre las razones del Ejecutivo se encuentra, sin duda, la dificultad técnica de la reforma. Justicia necesitaría encontrar un equilibrio entre el recorte de años y las penas actuales de otros delitos contra el orden público para no provocar que cosas como el atentado contra la autoridad o los desórdenes públicos se castiguen en comparación con condenas similares o incluso superiores.

El Gobierno también es consciente de que reformar la sedición cuando está aún pendiente la revisión de la sentencia del ‘procés’ por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que acaba de recibir los primeros recursos, torpedearía la resolución, al demostrar de forma muy gráfica que la condena fue “desproporcionada”, como sostienen los políticos catalanes afectados y sus formaciones.