Sánchez niega el coste político de los indultos porque "ayudarán a resolver un problema"

Evitando hablar de plazos, pero con una defensa pública cada más argumentada a favor de la tramitación de los indultos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado que la medida de gracia a los condenados del 'procés' "nos permitirá transitar de un mal pasado a un futuro mejor". El Gobierno quiere hacer pedagogía y este lunes ha sido el propio presidente del Gobierno, durante su comparecencia junto al primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en el marco de la XIII Cumbre Hispano-Polaca que se ha celebrado este lunes en Alcalá de Henares, quien ha hablado de "recomenzar" y encarar "la resolución de esta crisis", en referencia a Cataluña, a través del diálogo. "Concordia", "convivencia" o "cohesión" son otros de los adjetivos que ha utilizado.

Ante las voces de los barones críticos que alertan sobre el coste electoral de la medida, algo que en los últimos días incluso han reconocido tanto en Ferraz como el Gobierno, Sánchez ha querido minimizar este supuesto. "Ayudar a resolver problemas no representa un coste, el coste para el país sería dejar las cosas tal y como están, enquistadas", ha argumentado para insistir en que el objetivo pasa por "abrir un futuro de convivencia, que es lo que queremos la mayoría". Las encuestas vienen reflejando un rechazo mayoritario de los electores a la concesión de los indultos, también entre los votantes socialistas, aunque, si se pregunta en Cataluña, dos tercios de los electores del PSC sí estarían favor.

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Un mensaje de puertas hacia adentro para aquellos que entrevés la concesión de los indultos como una operación de alto riesgo electoral. Si hasta se había argumentado que la medida de gracia "producirá un coste y se pagará, porque es la única manera de vislumbrar un principio", Sánchez va un paso más allá para tranquilizar a los suyos y dibujar una recuperación, también electoral, a partir del próximo mes de otoño. Se considera que a partir de esa fecha se puede cimentar una remontada política, con el viento a favor de la recuperación económica.

Todo ello aderezado de un tono épico, de "valor y valentía", al comparar los posibles indultos y la apertura del diálogo con decisiones también difíciles y con altos costes electorales como en su día la contestada apertura de negociaciones con ETA, pero que finalmente lograron poner fin a la violencia terrorista. "Más allá de lo que diga la oposición, la gente en España sabe latín", resumía gráficamente el barón manchego Emiliano García-Page para advertir que los indultos podrían ser una "condena" para el PSOE.

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Paralelamente a los indultos, el jefe del Ejecutivo ha defendido también la reforma del delito de sedición en el Código Penal, lo que disminuiría las penas por las que fueron juzgados los líderes independentistas. "España en 2017 aprendió una lección", arrancó respecto a esta reforma en referencia a la euroorden, para añadir que entonces se vio que "nuestro Código Penal estaba desacoplado con respecto al Código Penal de otros países". En esta línea, ha recordado que su Gobierno siempre tuvo la "voluntad de actualizar esos delitos y homologarlos a los de los países más avanzados en términos democráticos".

Como había adelantado este diario, Sánchez ha confirmado que la argumentación de los indultos será individual a cada preso. De lo contrario el Gobierno se arriesgaría a un fraude de ley. "Son once expedientes y cuando estén preparados se elevarán al Consejo de Ministros y la decisión la tomaremos en conciencia. No pensando en los afectados, sino en los millones de catalanes y españoles que quieren vivir en paz". De hecho, una argumentación genérica que apele a la utilidad pública de favorecer la concordia en Cataluña puede ser considerada una amnistía encubierta.

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El propio informe del Tribunal Supremo ha destacado la necesidad de individualizar los motivos en cada uno de los casos. El tribunal sentenciador incidía así en que la responsabilidad criminal declarada en sentencia es siempre individual y precisamente por ello, deben ser individualizadas las razones mediante las que se justifique la extinción de la pena.

En este punto, Sánchez se volvió a referir al 2017, fecha del referéndum unilateral de independencia y posterior activación de la declaración de independencia, que habría supuesto un "desgarro emocional y político" y que ahora se pretendería dejar atrás. El siguiente paso en esta desescalada del conflicto con Cataluña que pretende poner en marcha Sánchez será activar la mesa de diálogo entre Gobierno y Govern. Sin embargo, antes de ello, el presidente recibirá en el Palacio de la Moncloa al recién investido 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès.

"Lo urgente ahora es que los dos nuevos presidentes autonómicos (en referencia tanto a Aragonès como a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso) sea recibidos como se merece por cortesía institucional en Moncloa". Después de esta cita, ha aventurado el presidente, "ya habrá tiempo para reunirnos, no una sino muchas veces" en el marco de la mesa de diálogo. El mensaje pasa defender que la decisión del Gobierno facilitará la resolución de la crisis, algo que no será inminente debido a que lleva enquistada más de una década y que, además, según ha recordado Sánchez este lunes rescatando sus palabras durante la investidura, "va a requerir muchas dotes de generosidad".