La reforma de la sedición desactivará la sentencia del 'procés' en el tribunal europeo

En matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. En el terreno de los tribunales, sin embargo, sí. La decisión del Gobierno de invertir el orden lógico de los pasos para reducir las penas de los presos del 'procés' representa para múltiples magistrados y fiscales consultados un golpe definitivo destinado a desactivar la sentencia del 'procés' ante los tribunales europeos. El Ejecutivo ha decidido conceder primero los indultos y aprobar después, una vez concedidos estos, una modificación a la baja de las penas por el delito de sedición. Con ello, ha arrebatado al Tribunal Supremo la posibilidad de adaptar las condenas de acuerdo a la nueva legislación. Esto provoca que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, analice una penas que ya no podrán atemperarse en España y que serán consideradas desproporcionadas de forma inevitable debido a que el mensaje que lanza el Gobierno es que las nuevas que introduzca la reforma sí estarán en proporción a los hechos juzgados.

Las condenas de entre nueve y 13 años de cárcel ya han comenzado a llegar al tribunal de Estrasburgo. Primero Jordi Cuixart y después Jordi Turull presentaron ya la pasada semana sus recursos ante el TEDH, una vez agotada la vía interna de impugnaciones después de que el Tribunal Constitucional se pronunciara. Aunque los motivos alegados contra la sentencia son numerosos, la clave estará en esa proporción o desproporción.

La vía europea siempre ha sido una prioridad para el independentismo, que ha visto en ella la posibilidad de reforzar su mensaje recurrente de que España cuenta con una Justicia represiva que ha violado de forma sistemática sus derechos. Aunque el TEDH no puede alterar el sentido de las condenas, sí puede determinar si se produjo una vulneración de dichos derechos e imponer, por ello, el pago de indemnizaciones. La decisión depende de una sala compuesta por siete jueces y puede alargarse años.

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Las fuentes jurídicas y fiscales consultadas consideran que la decisión del Ejecutivo de apostar por la reforma, pese a que esta ya no favorecerá a Oriol Junqueras y los otros políticos catalanes condenados, es fruto de una estrategia para tumbar la resolución en esta instancia. Consideran que se lleva a cabo a destiempo y no ven sentido en la justificación oficial del Ejecutivo, que ha vendido la reforma como un "refuerzo" a su intención de conceder los indultos. Está previsto que la gracia se apruebe por parte del Consejo de Ministros de forma urgente, en las próximas semanas. Sin embargo, la medida que afecta al Código Penal se prolongaría al menos hasta finales de este año o principios de 2022.

Los jueces y fiscales consultados también se refieren a la forma, el fondo y el escenario escogidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer pública la intención de su Gobierno de indultar. Sánchez anunció su decisión desde Bruselas, donde había acudido a la reunión del Consejo Europeo. Lo hizo antes de que el Tribunal Supremo emitiera su informe en contra de los indultos y calificó las condenas como una "venganza" o "revancha" frente a valores "constitucionales como la concordia y el entendimiento". En solo un gesto, aunó Europa y exceso punitivo.

Los presos condenados contarán en su pugna con otra ayuda. Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional han contado con los votos particulares de dos magistrados que defienden la misma idea de desproporción en las penas. Los progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer consideran que se ha dado "una severa respuesta penal" frente a lo que tachan de ejercicio extralimitado de derechos fundamentales como el de reunión. "Hubiera sido posible realizar un juicio distinto más acorde con una interpretación evolucionada y concordante con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", dicen los dos. Añaden que las penas fueron "excesivas" y —a las claras— "desproporcionadas".

El enfrentamiento

Así las cosas, el dictamen contrario a los indultos emitido por el Supremo levantó ampollas en el seno del Ejecutivo. No solo por su sentido, sino por su contenido, en el que se descartaban los argumentos del Gobierno para reducir las penas por sedición. La consigna argumental de los de Pedro Sánchez para justificar la reforma ha sido durante meses que la propia Europa exige este cambio y que el delito está desfasado frente a la interpretación que se realiza del mismo en otros países de la UE. "Hay tipos penales que son anteriores a la Constitución y a la democracia, hay que acompasar acontecimientos democráticos a tipos penales", explicaba, por ejemplo, la vicepresidenta Carmen Calvo.

Sin embargo, el TS se encargó de destacar que las penas impuestas no fueron desproporcionadas dada la gravedad de lo sucedido y, además, repasó los códigos penales de países del entorno europeo. El informe señalaba que en Alemania la alta traición se castiga con un mínimo de 10 años. En Francia, los ataques a intereses de la nación como la integridad del territorio pueden llegar hasta la cadena perpetuada. En Italia el máximo son 12 años y Bélgica lo alarga hasta los 30.