La reforma del delito de sedición abrirá la puerta al regreso de los fugados del 'procés'
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SE BUSCA QUE SEA PARALELA A LOS INDULTOS

La reforma del delito de sedición abrirá la puerta al regreso de los fugados del 'procés'

La reducción de las penas facilitaría la vuelta de los políticos huidos de la Justicia, tal y como reconocen fuentes de los partidos catalanes. Sánchez defendió ayer la reforma, que Unidas Podemos confía en que sea paralela a los indultos

placeholder Foto: El ministro del Justicia, Juan Carlos Campo, en una sesión de control al Gobierno. (EFE)
El ministro del Justicia, Juan Carlos Campo, en una sesión de control al Gobierno. (EFE)

El Gobierno está decidido a utilizar todos los medios a su alcance para desescalar el conflicto con Cataluña y entiende que el paso previo imprescindible no solo pasa por la concesión de los indultos a los presos del 'procés', sino también por la reforma del delito de sedición. Esto último facilitaría la vuelta a España de quienes se fugaron de la Justicia. Así lo reconocen tanto desde ERC, cuya secretaria general, Marta Rovira, está huida en Suiza y podría plantearse su vuelta tras la reforma, como desde el socio minoritario del Ejecutivo, Podemos, para el que los indultos y la reforma de dicho delito deben ir en paralelo "para abarcar todo el abanico". Esto es, buscar una salida tanto para la situación de los presos como de los huidos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este lunes la reforma en el Código Penal del delito por el que fueron condenados los políticos independentistas, aunque al igual que con los indultos evitó hablar de plazos. "España en 2017 aprendió una lección", arrancó respecto a esta reforma, en referencia a la euroorden durante una comparecencia en el marco de la cumbre hispano-polaca, para añadir que entonces se vio que "nuestro Código Penal estaba desacoplado con respecto al Código Penal de otros países". En esta línea, recordó que su Gobierno siempre tuvo la "voluntad de actualizar esos delitos y homologarlos a los de los países más avanzados en términos democráticos".

Foto: El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del partido, Cristina Narbona (i), y la portavoz socialista, Adriana Lastra. (EFE)

Desde el entorno del presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, quien mantiene negociaciones sobre el texto de la reforma con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, argumentan que "los indultos tienen que operar en paralelo a la reforma penal del delito de sedición". Según defienden, "son dos vías que se tienen que retroalimentar" para facilitar tanto la puesta en libertad de los presos como la vuelta de los fugados.

La posición que defienden es que la reforma "no tiene que ser solo rebajar las penas, sino despenalizar el derecho de protesta, dejando claro que cuando no hay uso de la violencia, no hay sedición". Si por parte de Justicia se evita dar plazos, desde la confluencia catalana de Unidas Podemos, los encargados de esta negociación indican que la propuesta de reforma "avanza positivamente".

Foto: Los presos del procés: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. (EFE)

Desde ERC, llaman igualmente la atención sobre que la supuesta anomalía democrática no se debe solo a que haya dirigentes políticos encarcelados, sino también a que "tenemos a nuestra secretaria general en Suiza". En este sentido, explican que todas las medidas que sirvan "para aliviar la situación son bienvenidas", aunque avisan de que, por sí solas, "no van a resolver el conflicto". Para esto último, entienden que las soluciones se deberán plantear en la mesa de diálogo y que posteriormente se lleven a votación entre los catalanes las propuestas que surjan.

Se mantienen en la exigencia de una amnistía, que sería ilegal, pero sí reconocen que tanto los indultos como la reforma del delito de sedición son "un primer paso que va a facilitar mucho el diálogo y cómo mínimo sentar las bases para un diálogo franco". Sobre el delito de sedición, más concretamente, defienden la necesidad de que se "estandarice con el resto de Europa" y reconocen que esto podría facilitar la vuelta de algunos de los dirigentes huidos, pudiendo pesar sobre ellos solo delitos de malversación.

Foto: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. (Reuters)

Con el regreso el pasado mes de marzo de Meritxell Serret, tras tres años fuera de España, se rompió la unidad de los huidos del 'procés'. Ahora pesa orden de detención en España del 'expresident' Carles Puigdemont, los 'exconsellers' Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí o la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La reforma propuesta se fija por una parte en la reducción de penas y, por otra, en una reformulación del redactado para adaptarlo al marco legal europeo y a las nuevas realidades. Si bien lo más probable es que ni Puigdemont ni los fugados de su entorno se plantearían su vuelta tras la reforma, se considera que su relato sobre la 'represión' quedaría neutralizado.

La reforma del delito de sedición se fijó en un primer momento para finales del pasado año, incluyéndose en el plan anual normativo de 2020, pero las sucesivas citas electorales, empezando por las catalanas, fueron retrasándola. El objetivo marcado era "adecuar y armonizar nuestro derecho a países del entorno". Sin embargo, desde Justicia, se reconocía que la adecuación del tipo penal afectaría al 'expresident' de la Generalitat si fuese finalmente juzgado. "Él no está condenado, por lo tanto a su condena no [afecta]. Pero si puede ser juzgado, es una nueva normativa y, claro, sí se podrían realizar las calificaciones con ese articulado", llegó a explicar el ministro Juan Carlos Campo durante una entrevista en TVE el pasado mes de noviembre.

Foto: La ministra de Defensa, Margarita Robles. (EFE)

La reforma de la sedición lleva arrastrándose meses e implica dificultades técnicas. El Gobierno siempre ha barajado un notable descenso de la pena por este delito aplicable a condenados y procesados por el 'procés'. El Ejecutivo maneja la idea de introducir un subtipo en la actual redacción del delito en que se atenuarán las condenas previstas para el caso de que el alzamiento no fuera violento sino destinado a la celebración de un referéndum pacífico. La pena prevista para el caso concreto del 1-O rondaría así los cuatro años. La reforma mantendría la actual redacción para los casos más graves, que impliquen el uso de armas: de ocho a 10 años para los principales autores y de 10 a 15 años si los acusados fueran personas constituidas en autoridad.

Un simple retoque de la sedición no es, sin embargo, suficiente para eludir la cárcel. La sentencia del 'procés' condenó a Oriol Junqueras y a otros tres de los acusados (Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) por malversación, por llevar a cabo una "consciente y voluntaria desviación de destino de fondos" para sufragar publicidad institucional del referéndum, organizar la administración electoral, confeccionar el registro de catalanes en el exterior, comprar material electoral, pagar a observadores internacionales e implementar aplicaciones informáticas. Esa malversación se atribuye también a Carles Puigdemont, el huido más codiciado.

Foto: Pablo Casado, acompañado de varios de sus diputados. (EFE)

Por ello, una reforma que implique exclusivamente el delito de sedición no libraría al expresidente del Govern del otro delito por el sería condenado en concurso medial con el primero —la malversación—, y provocaría que su pena se recortara, sí, pero no que desapareciera.

El otro problema de la reforma es cómo encontrar el modo de armar una disminución de penas para el delito de sedición que, sin embargo, no provoque desproporción con otros delitos del mismo capítulo, dedicado al orden público, donde se encuentra situado en el Código Penal. Desde el departamento que dirige Juan Carlos Campo, son conscientes de la dificultad que supone introducir un descenso en la sedición y a la vez evitar que cuestiones como el atentado contra la autoridad o los desórdenes públicos se castiguen en comparación con condenas similares.

El Gobierno está decidido a utilizar todos los medios a su alcance para desescalar el conflicto con Cataluña y entiende que el paso previo imprescindible no solo pasa por la concesión de los indultos a los presos del 'procés', sino también por la reforma del delito de sedición. Esto último facilitaría la vuelta a España de quienes se fugaron de la Justicia. Así lo reconocen tanto desde ERC, cuya secretaria general, Marta Rovira, está huida en Suiza y podría plantearse su vuelta tras la reforma, como desde el socio minoritario del Ejecutivo, Podemos, para el que los indultos y la reforma de dicho delito deben ir en paralelo "para abarcar todo el abanico". Esto es, buscar una salida tanto para la situación de los presos como de los huidos.

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