El Gobierno congela las reformas anunciadas del Código Penal
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efectos de la precampaña del 4-M

El Gobierno congela las reformas anunciadas del Código Penal

El Ejecutivo aparca la reforma de los delitos de sedición y rebelión y la de los delitos de opinión, como el enaltecimiento de terrorismo

placeholder Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, conversa con el titular de Justicia, Juan Carlos Campo. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, conversa con el titular de Justicia, Juan Carlos Campo. (EFE)

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado ya al menos dos reformas de calado del Código Penal, una para reescribir los delitos de sedición y rebelión y la segunda para modificar los referidos a la opinión, como los de enaltecimiento del terrorismo, odio o injurias a la Corona.

Ambas reformas han sido trabajadas ya en el Ministerio de Justicia y están listas para llegar al Consejo de Ministros, pero las dos han sido bloqueadas o frenadas sin fecha. Al menos hasta después de las elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, pero fuentes del Gobierno no descartan que el bloqueo pueda prolongarse aún más.

En todo caso, si fueran aprobadas en el mes de junio en el Consejo de Ministros, luego tendrían que ser enviadas para que elaboren un informe al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal, para volver de nuevo al Gobierno. Es decir, el trámite no empezaría hasta finales de este año, a lo que se añadiría la larga tramitación parlamentaria durante el año 2022.

Foto:  El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo (d), conversa con el portavoz de ERC Gabriel Rufián (c). (EFE)

La reforma de los delitos de sedición y rebelión fue anunciada por el Gobierno para antes de que finalizara el año 2020 y, de hecho, fue incluida en el plan legislativo para el pasado año. Pero a día de hoy no ha llegado por primera vez a la reunión del Gobierno.

Esta reforma legal tenía como objeto principal facilitar la salida de la cárcel de los presos independentistas catalanes. Se trataba de aplicársela de forma retroactiva para que se revisaran sus condenas y pudieran salir de la prisión. Era una vía alternativa a la de los indultos, más larga y dependiente de la decisión posterior del Tribunal Supremo, que es el que debía aplicárselos.

El primer parón se produjo en diciembre por la tramitación de los Presupuestos. Luego, por las elecciones catalanas del 14 de febrero, y ahora se considera que la aprobación no es conveniente en vísperas de las elecciones autonómicas de Madrid.

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Mientras, ha avanzado el trámite de los indultos, que solo están a falta del informe del Tribunal Supremo, una vez que se han pronunciado ya la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El trámite podría estar concluido en verano, pendiente solo de la decisión posterior del Consejo de Ministros. La aprobación de los indultos anularía o dejaría sin sentido la vía de la reforma del Código Penal, salvo como gesto simbólico para el futuro. No tendría siquiera efecto político, porque los independentistas (ERC y Junts) rechazan esta vía y aseguran que solo aceptan una ley de amnistía que el Gobierno nunca propondrá por su evidente inconstitucionalidad.

La reforma de los delitos de opinión fue anunciada hace meses por el Gobierno tras conocerse el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha trabajado en una propuesta sobre la base de eliminar las penas de prisión, precisar el delito de enaltecimiento del terrorismo y penalizar a quien ensalce ideologías como el fascismo, el franquismo y el nazismo.

Esta reforma podría ser activada en cualquier momento tras el 4-M, pero no podría estar en vigor hasta bien entrado 2022

Se da la circunstancia de que el ministro Campo es experto en la materia y, de hecho, hace años escribió un trabajo titulado 'El enaltecimiento o justificación de los delitos terroristas o de sus autores'. El ahora ministro encontraba objeciones técnicas en la última reforma legal que estableció esos delitos, dentro del capítulo de terrorismo.

Esta reforma podría ser activada en cualquier momento tras el 4-M, pero no podría estar en vigor hasta bien entrado 2022, con lo cual no serviría para el caso del citado rapero, porque prácticamente habrá cumplido su condena.

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