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El Gobierno lleva más de un año sin aprobar las actas de los consejos de ministros
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Más de 60 aún en fase de borrador

El Gobierno lleva más de un año sin aprobar las actas de los consejos de ministros

En respuesta a una solicitud de acceso a la información pública realizada por El Confidencial, el Ejecutivo responde que solo tiene firmadas las tres primeras actas de 2020

Foto: Imagen del último Consejo de Ministros, celebrado el pasado 23 de marzo. (EFE)
Imagen del último Consejo de Ministros, celebrado el pasado 23 de marzo. (EFE)
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El Gobierno lleva más de un año sin aprobar actas de las reuniones del Consejo de Ministros. La última firmada es del 21 de enero de 2020, fecha de la tercera reunión del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Desde entonces, el procedimiento de firma "se ha visto ralentizado debido a la excepcional situación causada por la pandemia del covid-19", explica una resolución notificada a El Confidencial tras una solicitud de acceso a la información al amparo de la ley de transparencia.

Este medio solicitó el 12 de enero todas las actas y los índices de los consejos de ministros celebrados durante 2020. El pasado 18 de marzo, el Gobierno respondió concediendo acceso parcial a la información: proporcionó todos los índices negros, rojos y verdes (los documentos que constituyen el orden del día y que son elaborados por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios) y solo las actas de los consejos celebrados los días 14, 17 y 21 de enero de 2020.

El resto, hasta un total de 65 durante todo el año, "se encuentran en la fase de borrador, ya que el procedimiento de firma de las definitivas se ha visto ralentizado debido a la excepcional situación causada por la pandemia del covid-19", explica la resolución firmada por el secretario general técnico-director del Secretariado del Gobierno, Ernesto Abati García-Manso.

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Cada acta debe recibir el visto bueno de todos los ministerios, un proceso que suele demorarse semanas e incluso meses. Después tienen que ser firmadas por el presidente y el ministro secretario, en este caso Pedro Sánchez y la vicepresidenta Carmen Calvo. Preguntadas por esta tardanza, fuentes del Gobierno se remiten a la resolución.

El retraso en elaborar las actas afecta también a otros órganos clave en la gestión de la pandemia, como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), cuyas actas tampoco están aprobadas porque todas las reuniones que se han celebrado han sido de carácter extraordinario y el reglamento solo contempla que se ratifiquen en reuniones ordinarias.

En ambos casos, la mayoría de los documentos solicitados existen pero no están finalizados y el Gobierno interpreta que no constituyen información pública que debe entregar, una postura respaldada por varias resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). En una resolución del 2 de febrero, tras una reclamación de este medio para acceder a las actas del CISNS, el CTBG argumentó que "si la información aún no está en poder del sujeto obligado por las razones de urgencia esgrimidas, al no haber sido aún aprobadas, de acuerdo con lo establecido en su reglamento de funcionamiento, este Consejo entiende que no se pueden facilitar".

La mayoría de los documentos solicitados existen, pero no están finalizados y el Gobierno interpreta que no son información pública

El retraso en aprobar esas actas no supone ninguna ilegalidad, explica el abogado Antonio Benítez Ostos, experto en derecho administrativo y contencioso-administrativo y director en Administrativando. "No se encuentra regulado el plazo máximo en el que se deberán elaborar y publicar las actas de los consejos de ministros. Sin embargo, del análisis de la normativa en general y de la naturaleza de la propia actuación administrativa se concluye que las actas deberán ser levantadas y puestas en conocimiento de la ciudadanía en el menor tiempo posible", dice.

"La ralentización de la publicación de las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros, sin un motivo jurídico sólido, conlleva a que su conocimiento y valoración por parte de los ciudadanos pierda sentido y eficacia", dice Benítez, que cree que "no es posible aducir a una ralentización por el covid-19". "Primero, porque, tal y como señala el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, la declaración de cualquiera de dichos estados no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado. Por tanto, las funciones del poder gubernativo, entre las que se encuentra la publicidad de sus decisiones, no pueden quedar afectadas".

Además de eso, al comienzo de la pandemia el propio Gobierno se dotó de herramientas legales para superar la imposibilidad de celebrar reuniones presenciales. En marzo de 2020 modificó la Ley 50/1997 para permitir que el Consejo de Ministros pueda "celebrar sesiones, adoptar acuerdos y aprobar actas a distancia por medios electrónicos, siempre que los miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad", dice la disposición adicional tercera.

Foto: El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. (Reuters)

El Gobierno informa de dos maneras de los acuerdos adoptados en los consejos de ministros, que suelen celebrarse los martes por la mañana. Primero, en la rueda de prensa posterior en la que comparece siempre la ministra de Hacienda y portavoz gubernamental, María Jesús Montero, acompañada de uno o varios ministros, según los asuntos tratados ese día. En ocasiones excepcionales, como ha sucedido varias veces durante la pandemia, puede comparecer el presidente del Gobierno. Unas horas después de cada consejo, la web de la Moncloa también publica una referencia de la reunión, con una lista de todos los acuerdos adoptados y una explicación de cada punto. Lo que no publica nunca son las actas, que salieron a la luz por primera vez en 2017 fruto de la colaboración entre Access Info y El Confidencial.

El procedimiento del Consejo de Ministros no está sujeto a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula los órganos colegiados de la Administración, sino por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que establece que en las actas "figurarán, exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados". En ningún caso recogen las deliberaciones, que son secretas, ni las votaciones.

El contenido de las referencias publicadas en la web de la Moncloa y el de las actas difiere. En las segundas hay información que no aparece en las primeras. Por ejemplo, en el acta del 21 de enero, además de los decretos aprobados y los nombramientos, aparece también la concesión de beneplácitos a favor de los nuevos embajadores de China, El Salvador y Vietnam, el acuerdo de concesión de 95 indultos o los pactos para la extradición de nueve ciudadanos extranjeros.

El Gobierno lleva más de un año sin aprobar actas de las reuniones del Consejo de Ministros. La última firmada es del 21 de enero de 2020, fecha de la tercera reunión del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Desde entonces, el procedimiento de firma "se ha visto ralentizado debido a la excepcional situación causada por la pandemia del covid-19", explica una resolución notificada a El Confidencial tras una solicitud de acceso a la información al amparo de la ley de transparencia.

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