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El CGPJ busca consejo técnico tras la reforma que limita sus funciones
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Tras el pleno

El CGPJ busca consejo técnico tras la reforma que limita sus funciones

Pide un informe a su gabinete mientras tres asociaciones judiciales reclaman que actúe con todas las acciones a su alcance

Foto: El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE)
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE)

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, acaba de reclamar un informe a su gabinete técnico para conocer de qué manera debe desarrollar a partir de ahora su labor el CGPJ, tras la aprobación de la reforma que reduce su capacidad de actuación en funciones. Tras el pleno del órgano celebrado este jueves, han quedado patentes las dudas de actuación después de la entrada en vigor del texto que impide al Consejo realizar nombramientos.

Según informan fuentes jurídicas, la intención de la solicitud es conocer el alcance de la reforma legal y cómo se debe proceder en casos prácticos que son comunes en la gestión diaria. Lesmes quiere conocer, por ejemplo, si la reforma impide también al CGPJ aprobar las bases de convocatoria de plazas. Otras de las situaciones que preocupan al órgano son la posibilidad o imposibilidad de subsanar nombramientos que sean impugnados ante el Supremo y si el Consejo puede o no nombrar jueces sustitutos.

Foto: El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, junto a Pedro Sánchez. (EFE)

La aprobación de la reforma fue comentada durante la reunión mensual y algún vocal expresó su indignación e incluso propuso acudir al Tribunal Constitucional para plantear un conflicto de competencia, por invasión del legislativo en las funciones del judicial. Según las fuentes consultadas, la iniciativa no ha presentado, al menos de momento, el necesario respaldo. Si lo hubiera, se abordará en futuros plenos.

No sería la primera vez que el presidente del CGPJ acude al TC en casos similares. En 1985, Federico Carlos Sainz de Robles lo planteó frente al Congreso de los Diputados por la elección parlamentaria de los 12 vocales del CGPJ de procedencia judicial. El fallo del TC es, sin embargo, poco favorable a una nueva pretensión del Consejo ya que determinó que la cámara baja tiene la potestad de legislar sobre el órgano.

Foto: La diputada del socialista, Ana Belén Fernández Casero (2i), marca el sentido del voto a la bancada socialista. (EFE)

Las asociaciones

Este mismo jueves, tres de las cuatro asociaciones judiciales han instado a Lesmes para que "ejerza las acciones a su alcance" en defensa de sus competencias después de que el Senado haya aprobado definitivamente la proposición de ley. En un comunicado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han rechazado la nueva norma adoptada —dicen— "sin escuchar a nadie y por vía de urgencia para impedir que el CGPJ pueda ejercer plenamente sus competencias constitucionales".

"Ya se ha conseguido lo que se pretendía: reducir al CGPJ a un simple órgano de gestión, asimilado a una simple dirección general, y manteniendo, eso sí, la inspección y el régimen disciplinario. Lo que era el palo y la zanahoria se queda sólo en el palo", subraya el comunicado. Según las asociaciones, con esta reforma, que "priva" al CGPJ de sus "funciones principales y, de paso, impidiendo que pueda desarrollar su labor con normalidad y al margen de la política", las formaciones políticas "trasladan las consecuencias de su incompetencia" tras no conseguir a lo largo de más de dos años el mandato constitucional de renovar el órgano de gobierno de los jueces.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, acaba de reclamar un informe a su gabinete técnico para conocer de qué manera debe desarrollar a partir de ahora su labor el CGPJ, tras la aprobación de la reforma que reduce su capacidad de actuación en funciones. Tras el pleno del órgano celebrado este jueves, han quedado patentes las dudas de actuación después de la entrada en vigor del texto que impide al Consejo realizar nombramientos.

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