Medio centenar de plazas judiciales, congeladas tras la reforma del CGPJ

La reforma que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial entrará en vigor esta misma semana con su aprobación por parte del Senado y, con ella, el órgano de gobierno de los jueces —pendiente de la renovación de nunca acabar que lleva arrastrándose durante más de dos años— dejará de tener capacidad para hacer nombramientos. Si el PSOE y el PP mantienen el atasco respecto al relevo de la institución que dirige Carlos Lesmes, en lo que queda de año quedarán vacantes medio centenar de plazas que no podrán ser cubiertas.

De forma inmediata quedarán 'atascadas' 11 plazas, informan fuentes jurídicas. Cinco de ellas ya han sido convocadas, pero no llegarán a aprobarse. A pesar de que el Consejo contaría con un mínimo margen para sacarlas adelante en su próximo pleno de este jueves, la falta de mayorías suficientes y las dudas estéticas sobre la conveniencia de alargar el pulso con el Ejecutivo hasta el último momento han provocado que se descarte llevarlas a la reunión mensual de los 20 vocales y su presidente.

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En concreto se trata de una plaza de magistrado en la Sala Primera del Tribunal Supremo por la jubilación de Antonio Salas, dos en la Sala Tercera del TS (por las jubilaciones de Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego), otra más en la Sala Cuarta por el fallecimiento de José Manuel López García de la Serrana y la presidencia de la Audiencia Provincial de La Rioja.

A esa media decena se unen una plaza de magistrado en la Sala Quinta por la jubilación de Ángel Calderón, las presidencias de las Audiencias Provinciales de Lugo, Girona y Burgos, la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Extremadura y la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del País Vasco. Estas últimas aún no habían sido convocadas, pero ya contaban con las bases aprobadas.

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Fuentes jurídicas consultadas cifran en más de 50 las vacantes que permanecerán vacías si la renovación no se resuelve en lo que queda de año. De momento debería convocarse otra plaza de magistrado en la Sala Tercera del TS tras el reciente fallecimiento del magistrado Nicolás Maurandi. En los próximos meses se producirán, además, nuevas jubilaciones y vencimientos de mandato que no podrán cubrirse una vez aprobada la reforma.

Entre los vocales, la sensación común es de indignación. Algunos de los miembros del órgano consultados señalan que la Ley Orgánica del Poder Judicial ya regula lo que puede hacer el Consejo en funciones, y la unica limitacion que establece es que no puede nombrar a un nuevo presidente. Además, no comprenden la obsesión con el nombramiento que, como han demostrado en las últimas tandas, se está realizando con amplios consensos y un evidente equilibrio entre conservadores y progresistas.

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Otros de los miembros del CGPJ consultados se sienten inquietos por lo que, en su opinión, esconde esta limitación. Consideran que lo grave es lo que implica la reforma como concepto, una intención —dicen— de "perjudicar el buen funcionamiento de los tribunales para utilizar ese argumento como presión". "Parece haber interés en agravar de forma intencionada un problema para tratar de echarle la culpa al de enfrente", aseguran.

La tramitación

Las novedades legislativas fueron aprobadas por el Congreso de los Diputados el pasado 11 de marzo. La propuesta partió del PSOE y Unidas Podemos que presentaron su propuesta el pasado mes de diciembre en sustitución de otra iniciativa mucho más dura que recibió las críticas de Europa y fue retirada y en la que los dos partidos proponían reducir a mayoría absoluta los tres quintos que exige la ley vigente para renovar el CGPJ como forma de sacar al PP de la ecuación de la renovación. Está previsto que la votación en el Senado tenga lugar este miércoles y la publicación en el BOE se efectúe el jueves, coincidiendo con el pleno del CGPJ.

La reforma se ha tramitado por la vía urgente, incluyendo una habilitación excepcional para ello del pasado mes de enero. Mientras seguía su camino, el Consejo ha ido sacando adelante nombramientos con la directa oposición del Gobierno. Suspendió esta actividad en los días de febrero en los que la renovación parecía cercana. El acuerdo entre el PP y el PSOE se fue, sin embargo, al traste, después de que el Ejecutivo insistiera en otorgar plaza al magistrado José Ricardo de Prada, bestia negra de los populares tras su participación en la sentencia de la trama Gürtel se generó la salida del Gobierno de Mariano Rajoy. Después de aquello, la tensión políticas en Murcia y Castilla y las negociaciones volvieron a quedar paralizadas y el nuevo escenario de elecciones en Madrid hace imposible un nuevo acuerdo de momento.