Secretos oficiales, cambios de apellidos... Los acuerdos que el Consejo de Ministros oculta

Cada viernes, en plena sobremesa, La Moncloa informa a través de Twitter de la publicación de “la Referencia con todos los acuerdos del Consejo de Ministros”. En efecto, en la página web vinculada al tuit figuran todos los que están... pero no aparecen todos los que realmente son.

Tomemos el ejemplo de la reunión celebrada el pasado 30 de diciembre. Aquel Consejo de Ministros, tras el cual Mariano Rajoy dio su tradicional rueda de prensa de balance de fin de año, aprobó dos medidas destacadas: la revalorización de las pensiones y la cuantía del salario mínimo interprofesional para 2017. Pero la referencia publicada en la web de La Moncloa no menciona 53 acuerdos aprobados aquel día por los miembros del Gobierno y que sí se recogen en el acta oficial del Consejo de Ministros. Entre estas decisiones secretas figuran extradiciones y traslados de presos, convalidaciones, indultos aprobados y desestimados, reclamaciones patrimoniales, beneplácitos de embajadores e incluso un cambio de apellidos.

Por primera vez, un medio ha accedido a los documentos oficiales con todos los acuerdos aprobados en las reuniones semanales del Gobierno. En colaboración con Access Info Europe y a través de la Ley de Transparencia, El Confidencial ha obtenido las actas de todos los Consejos de Ministros celebrados desde 1996 hasta el presente año. La publicación de las actas, avalada por la Abogacía del Estado y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se suma a la de los órdenes del día dados a conocer hace un año también por Access Info.

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La organización de promoción de la transparencia califica de “gran avance para nuestra democracia” el acceso a estos documentos gubernamentales. “El hecho de que se haya accedido a esta información vía Ley de Transparencia supone reconocer por primera vez que esta información no puede seguir vedada al escrutinio público ni su acceso sujeto a la discrecionalidad de los poderes públicos. Tenemos derecho a saber cómo actúan aquellos que ostentan el poder y que gestionan lo público”, afirma Alba Gutiérrez, coordinadora de campañas de Access Info. Y añade: “El Gobierno debería continuar avanzando publicándolas de forma proactiva y dando acceso a los documentos que en ellas se mencionan y que se utilizan como base para tomar las decisiones”.

Tras haber comparado el contenido de las actas con las referencias elaboradas por la Secretaría de Estado de Comunicación, El Confidencial ha detectado varias decisiones del Gobierno que sistemáticamente no se dan a conocer a los ciudadanos tras las reuniones semanales de los viernes. Desde La Moncloa admiten “las diferencias existentes” entre las referencias públicas y las actas, subrayando que las primeras ponen de manifiesto “los actos más relevantes aprobados por el Consejo de Ministros” y tienen un carácter informativo, inmediato y “sin fuerza jurídica alguna”.

“Las actas, que por su propia naturaleza no tienen la inmediatez de las referencias de Consejo de Ministros, siguen un estricto procedimiento administrativo que exige la conformidad expresa a las mismas de todos los ministerios y que culmina con su firma por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, como Secretaria del Consejo de Ministros, y del propio Presidente del Gobierno, que convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros (artículo 18 de la Ley 50/1997 del Gobierno)”, explican desde la Secretaría de Estado de Comunicación.

Más allá de acuerdos puntuales, estas son las decisiones que sistemáticamente no se publican en las referencias del Consejo de Ministros. No obstante, algunas de ellas –generalmente reales decretos– sí se publican días o meses más tarde en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Acuerdos no publicados sistemáticamente

Ausencias y conflictos de interés de los ministros: la primera página del acta del Consejo de Ministros se reserva para identificar a los asistentes y ausentes a la reunión semanal del Gobierno, así como la fecha y hora de inicio y fin. Además, el documento también recoge cuando un ministro se abstiene o no toma parte de una decisión al existir un conflicto de intereses. 'El País' reveló que Soraya Sáenz de Santamaría, Luis de Guindos y Pedro Morenés fueron los miembros del anterior gabinete de Rajoy que más se tuvieron que abstener por este motivo. El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, protagonizó el pasado 24 de marzo una de las últimas incompatibilidades, cuando se tuvo que abstener en el real decreto de ascenso de su hermano Pedro a general de brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra. Ni los ministros ausentes ni los que se han abstenido para evitar una incompatibilidad aparecen nombrados en la referencia pública.

Clasificación y desclasificación de secretos oficiales: el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes de Estado Mayor son las únicas instituciones que pueden clasificar documentos o materias con el máximo grado de protección (secreto o reservado). En la última década, el Gobierno ha aprobado dos acuerdos generales de clasificación de secretos oficiales: uno relativo a Exteriores en 2010 y otro a Interior en 2014. Ninguno de ellos aparece en la referencia y, en el caso del primero, ni siquiera figura en los órdenes del día del Consejo de Ministros del 15 de octubre de aquel año y solo se daría a conocer casi dos años más tarde. En cuanto a las desclasificaciones, solicitadas en su mayoría con motivo de una investigación judicial, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sí las publicaba en las referencias pero no así el de Mariano Rajoy.

Extradiciones y repatriaciones de presos: es uno de los acuerdos más habituales en cada Consejo de Ministros pero no hay ninguna mención a ellos en el apartado del Ministerio de Justicia, ni siquiera una mención a la cifra total. La única excepción es la publicación de aquellas extradiciones o repatriaciones de detenidos conocidos o de interés público, como etarras o narcotraficantes.

Convalidaciones: es otro de los acuerdos recurrentes en cada reunión semanal del Gobierno, sobre todo en aquellas que se celebran en los últimos meses del año. Sirven para reparar las objeciones manifestadas por los interventores durante la tramitación de un expediente administrativo. El Confidencial ya informó de que las convalidaciones aprobadas por el Gobierno de Rajoy sumaban un importe total de 310 millones de euros.

Esta información no puede seguir vedada al escrutinio público ni su acceso sujeto a la discrecionalidad de los poderes públicos

Requerimientos, recursos, revisiones de oficio y reclamaciones patrimoniales: el Consejo de Ministros es el último órgano al que recurrir una decisión administrativa. Mientras los rechazos no se publican, algunas estimaciones consideradas de interés público por parte del Gobierno sí figuran en las referencias.

Rehabilitación de funcionarios: al igual que en el caso anterior, los funcionarios suspendidos pueden recurrir la decisión hasta el Consejo de Ministros. Ni las rehabilitaciones aprobadas ni las desestimadas se dan a conocer.

Revocación de la nacionalidad española: “acuerdo por el que se declara lesiva para el interés público la concesión de la nacionalidad española”. Con este enunciado, el Ministerio de Justicia revoca aquellas entregas del pasaporte español que no cumplen con los requisitos, especialmente por tratarse de ciudadanos con antecedentes penales. Esta subsanación de errores no se publica en las referencias.

Participación de altos cargos en consejos de administración: el ministerio que ostenta las competencias en materia de personal –en esta legislatura Hacienda y Función Pública– es el responsable último de autorizar a un alto cargo para formar parte de cualquier consejo de administración de empresas estatales. Pese a tratarse de personas con una importante responsabilidad pública, las referencias del Consejo de Ministros no mencionan estos acuerdos.

Beneplácitos a embajadores: el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación debe dar el visto bueno a los embajadores en España propuestos por cualquier país. Estos beneplácitos, un trámite aprobado en el seno del Consejo de Ministros, no se dan a conocer a los ciudadanos.

Acuerdos que se publican después en el BOE

Concesión de indultos: el Gobierno tiene la responsabilidad de la concesión y denegación de indultos. Pese a acordarse en el seno del Consejo de Ministros, los ciudadanos no conocen los perdones otorgados hasta que días más tarde aparecen publicados en el BOE. Eso sí: ni el BOE ni las referencias revelan los indultos rechazados, cuya desestimación también es aprobada por los ministros.

Sanciones por blanqueo de capitales: el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, tiene la potestad de imponer sanciones administrativas en materia de blanqueo de capitales, unas multas que son elevadas al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Sin embargo, el Gobierno no da a conocer estas sanciones hasta que la sanción es firme, esto es, una vez agotado el periodo de alegaciones contra el acuerdo del Consejo de Ministros. Es en este momento cuando la sanción aprobada por el Gobierno se publica en el BOE. Durante el Gobierno de Rajoy, el Sepblac ha impuesto un total de cuatro infracciones a Moneygram, Banco Espirito Santo, Western Union y Banco Santander. Cada una de ellas acarrea una multa superior al millón de euros.

Cambios de apellidos: el Código Civil plantea dos vías para que una persona cambie sus apellidos. Una ordinaria y lenta mediante el trámite administrativo normal en el registro civil y una extraordinaria y rápida a través del Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Estado. Esta fue la vía utilizada por Patricia Phelps de Cisneros, casada con el acaudalado empresario venezolano Gustavo de Cisneros, según informó ‘El BOE nuestro de cada día’. Los decretos que autorizan el cambio de apellidos se publican en el BOE varios días después de su aprobación por parte del Consejo de Ministros. Entre las personas que han visto cómo el Gobierno ha impulsado la modificación de sus apellidos figuran algunos menores que han sufrido la muerte de su madre por violencia de género.

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