El Gobierno usará la reforma de la sedición para convertir en delito la apología de Franco

La reforma del delito de sedición se prevé que irá dentro de un paquete más amplio de modificaciones en el Código Penal, entre los que se incluye la tipificación como delito de la apología del franquismo. El compromiso del Gobierno es abordar los cambios en la legislación penal antes de que finalice el año, por lo que se ha incluido dentro del Plan Anual Normativo una ley orgánica para la modificación del Código Penal que los borradores previos de dicho plan no contemplaban. La intención del Ejecutivo pasa así por abordar conjuntamente todas las reformas previstas sobre las figuras delictivas, entre las que están sobre la mesa, además del delito de sedición o de enaltecimiento del franquismo, otras relativas a delitos medioambientales —el denominado ecocidio—, a la protección animales y a las libertades sexuales de las mujeres.

Sin tener plazos cerrados, el Ministerio de Justicia cuenta con un borrador "avanzado" sobre los cambios en el delito de sedición, según informó este jueves la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista en 'La hora de La 1', de TVE, añadiendo que también se está avanzando sobre "otras cuestiones que se van a introducir en esa reforma". La Ley de Memoria Democrática, impulsada desde la vicepresidencia y aprobada esta semana en el Consejo de Ministros, ya contempla medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial franquista.

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EFE

Una ley que implicará la modificación de otras normas y, concretamente, el enaltecimiento del franquismo se tipificará como delito, según ha confirmado Calvo, porque "no son objetivos defendibles en una democracia como la nuestra, igual que no lo son en ninguna democracia europea". El texto del anteproyecto de ley sobre memoria democrática comprende también la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos para la investigación de los hechos producidos en el periodo entre la Guerra Civil y la dictadura, hasta la aprobación de la Constitución española, con funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados.

Se introduce asimismo en la ley un régimen de infracciones, que sancionará con multas de hasta 150.000 euros la destrucción de fosas, de lugares de memoria democrática o elementos simbólicos. La apología del franquismo será causa de extinción de fundaciones y asociaciones, al considerarse que son contrarias al interés general, como sería el caso de la Fundación Francisco Franco. Desde el partido Vox, ya han anunciado que recurrirán esta ley ante el Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera “derechos fundamentales” como la “libertad de expresión, de asociación e ideológica”.

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Europa Press

La modificación del Código Penal era uno de los objetivos del Gobierno para esta legislatura, y el presidente Pedro Sánchez la ha situado en el centro de la agenda política coincidiendo con el arranque de las negociaciones para los Presupuestos. Se trata de un "compromiso firme", aseguró la pasada semana en referencia a la reforma de la sedición, argumentando que "algunas sentencias", en referencia a Estrasburgo, "nos han dicho cuáles son los déficits de nuestro Código Penal cuando hablamos de este tipo de delitos. Incluso la sentencia del Tribunal Supremo hace referencia a ello, y nuestro compromiso es actualizar, modernizar y revisar estos delitos vía modificación del Código Penal".

Dentro del acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, se establecía entre las medidas prioritarias un Plan Nacional contra la Corrupción, basándose en el cual se estudiaría una reforma del Código Penal. Asimismo, dentro del capítulo de derechos y libertades, el programa de gobierno incluía la aprobación de una nueva ley de seguridad ciudadana, para derogar la denominada 'ley mordaza', regulando, entre otros aspectos, el derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal.

Búsqueda de un mayor consenso

Tanto ERC como JxCAT están dispuestos a negociar los Presupuestos y así lo han trasladado al Gobierno, sin embargo, la reforma del delito de sedición se ha desvinculado de la mesa de negociación para las cuentas del próximo año. Los posconvergentes se centraban esta semana, tras reunirse con Calvo, en "negociar unos Presupuestos que puedan ser beneficiosos para Cataluña, sabiendo cuál es el horizonte de expectativas, que es un nivel de ejecución que está muy por debajo del de otros territorios", según defendía su portavoz, Laura Borràs. Desechando líneas rojas, más allá de que "no habrá adhesiones", Borràs sí quiso hacer referencia al contexto político catalán, subrayando que no se puede desvincular de la situación de "represión generalizada" en Cataluña, mencionando a los "presos y exiliados".

La incorporación en la modificación del Código Penal de diversas reformas, más allá de la relativa al delito de sedición por el que fueron sentenciados los presos del 'procés', jugaría a favor de un mayor consenso en el Congreso, donde se necesita mayoría absoluta para aprobar una ley orgánica. Según se recoge en el Plan Anual Normativo, el objetivo de la propuesta de reforma del Código Penal "se centra en las figuras delictivas contra el orden público y la Constitución, con la finalidad de adaptarlas tanto en perspectiva comparada con los textos nacionales de otras legislaciones nacionales europeas y al marco normativo de la Unión Europea como a los actuales parámetros doctrinales, políticos y constitucionales".