El Gobierno no descarta rebajar el delito de sedición y beneficiar a los presos del 'procés'

El Gobierno llevará al Congreso una reforma del Código Penal. Hay cuestiones que con seguridad sí se incorporarán en la propuesta que se traslade a la Cámara Baja, como el 'sí es sí' en los delitos sexuales o las agresiones medioambientales. Pero hay otras, muy importantes, como lo que afecta a la tipificación de los delitos contra la Constitución (sedición y rebelión), en las que no existe una posición aún colegiada entre el PSOE y Unidas Podemos, que pueden partir del Ejecutivo si se llega a una postura común o bien de los grupos parlamentarios. El Gabinete de coalición no descarta suavizar las penas por sedición —por la que fueron condenados los líderes independentistas—, pero tampoco el presidente renuncia a recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal que prometió en la campaña del 10-N, cuando blandía un discurso muy duro contra el separatismo, que tuvo que aparcar al necesitar los votos de ERC para sacar adelante la investidura.

Fue el propio Pedro Sánchez quien, en su entrevista este lunes en Televisión Española, no descartó esa revisión de los delitos contra la Carta Magna, y este martes, tras la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, la portavoz, María Jesús Montero, se movió en las mismas coordinadas. Sin aclarar nada, pero a su vez sin descartar que esa reducción de las penas pueda llegar. No es un tema menor, puesto que si finalmente se reforma el Código Penal y se suavizan las condenas por sedición, los líderes secesionistas catalanes se verían afectados, ya que el reo siempre se beneficia de la ley más indulgente. Es decir, aquí sí opera la retroactividad.

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En TVE Sánchez fue preguntado si en un futuro cambio del Código Penal se plantea "revisar o reducir" la pena por el delito de sedición, por el que fue condenado el jefe de ERC, Oriol Junqueras, a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación. "Hay que ir paso a paso —respondió el jefe del Ejecutivo—. Yo creo que es evidente que con toda esta crisis ha mostrado algo y es que tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España, que no tenemos delitos homologables a lo que ocurre por ejemplo en otros países europeos. Pero este será un debate que se tenga que abrir en el Congreso de los Diputados y desde luego el Gobierno de España en lo que estará siempre es en el cumplimiento estricto de la ley".

Sánchez ya no descartó la revisión y habló de "homologar" los delitos en España a los de otros países de la UE aunque el debate es del Congreso

Montero señaló este martes que el Gobierno sí quiere una reforma del Código Penal, que abarque "todos los capítulos", incluidos los delitos sexuales —para garantizar que el consentimiento de la mujer es básico en la consideración de las violaciones—, los medioambientales y los referidos a los "acontecimientos ocurridos en Cataluña". La pretensión es ajustar la legislación a la "realidad", a la "actualidad". Acompasar la ley a los tiempos, justificó, en línea con lo asegurado por Sánchez.

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El PP lo ve "indulto oculto"

Lo que no está claro es cuál será el alcance de la modificación. La portavoz recordó que la hipotética revisión del delito de sedición o rebelión no forma parte del acuerdo programático con Unidas Podemos [aquí en PDF], porque no se abordó este asunto, de modo que no hay una postura prefijada del Gobierno. Si la coalición, cuando llegue el momento de plantear la reforma del Código Penal, adopta una posición común, entonces se llevará tal cual al Congreso. Si no ocurre así, cada partido libremente formulará sus propuestas vía enmiendas. O, si la modificación no partiera del Ejecutivo, a través de una proposición de ley.

El Ejecutivo dice perseguir el "máximo consenso" en la reforma del Código Penal, pero tendrá que optar por sacarla con el PP o bien con sus socios

El Ejecutivo entiende que al tratarse de una cuestión tan delicada y mollar como la legislación penal, igual que ocurre con otras materias sensibles, como la ley educativa, es deseable que se sume el PP, porque no tiene lógica que el Código vaya mudando de piel en función de los gobiernos. Pero "otra cosa es la disposición" que encuentre en los conservadores, señalaron fuentes de la Moncloa. El PP ya está hablando de un "indulto oculto" a los presos del 'procés', por lo que es poco probable, por no decir imposible, que la formación de Pablo Casado acceda a una revisión de la ley penal que ayude a los condenados separatistas. Si la vía de la derecha se le obtura a la coalición, Sánchez tendría que recorrer la alternativa de sus socios de la moción de censura y de la investidura, ya que solo requiere mayoría absoluta, al tratarse el Código Penal de una ley orgánica. PSOE y Unidas Podemos necesitarían, en ese caso, el voto a favor (no solo la abstención) de formaciones como ERC o PNV.

Montero incidió en que el Ejecutivo persigue suscitar el "máximo consenso" y estará abierto a las "sugerencias que se planteen" para conformar una mayoría suficiente. Recordó que los dos socios solo suman 155 escaños, de manera que no tienen capacidad para "determinar el resultado final". Así que se intentará llegar a un acuerdo con todos los partidos, incluido el PP. "El espíritu de la reforma será el de los anuncios del presidente del Gobierno y el que figuraba en el programa electoral", advirtió.

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Sin fecha fijada para la cita con Torra

Tampoco se descarta, por tanto, que el PSOE defienda aquello que reivindicó en el debate electoral Sánchez. Entonces prometió recuperar el delito de referéndum ilegal, que había sido derogado en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "No es que el presidente renuncie a este punto, es que no ha habido un compromiso de unidad de voto entre Unidas Podemos y el PSOE porque no ha formado parte esta cuestión del acuerdo programático. Tiene su sentido" porque hay que escuchar lo que diga el Congreso y porque "no son medidas que pueda adoptar el Gobierno", dijo Montero. Sin embargo, la propuesta que haga el Ejecutivo o, en su caso, el Grupo Socialista, es fundamental. Porque puede que esta revisión del delito de sedición se ponga sobre la mesa de diálogo entre gobiernos que ha de activarse en febrero, en cumplimiento con lo acordado con ERC, y que por tanto allí, en ese foro, se acuerde la reformulación a la baja de las penas.

La reunión en Barcelona con el 'president' será una primera "toma de contacto" para que puedan dialogar "con calma" y dentro de la "normalidad"

Antes de la primera reunión de la mesa entre gobiernos se producirá la cita entre Sánchez y Quim Torra, para la que aún no hay fecha. El jefe del Ejecutivo quiere que se produzca en la primera semana de febrero. Será una primera "toma de contacto" después de las elecciones, para que los dos puedan charlar "con calma". Pero no hay aún día concreto, ni lugar en Barcelona, ni hora. "Torra y Sánchez se verán en el marco de la normalidad institucional" y "hablarán de cuestiones que preocupan a ambos gobiernos", según la ministra.

Sánchez se desplazará a la capital catalana para ver a Torra, como viajará al resto de capitales autonómicas para reunirse a su vez con los presidentes regionales. Él será el que se mueva, al contrario que en su primer mandato, cuando los recibió en la Moncloa. En esta ocasión, el líder socialista llamará a los mandatarios de las CCAA según la fecha de aprobación de sus estatutos, pero "no hay inconveniente", precisó Montero, en alterar el orden a la hora de hacer las reuniones para "encajar las agendas en función de la disponibilidad de los presidentes". Es decir, que a quien primero verá, salvo sorpresa, será a Torra, aunque telefonee antes a Iñigo Urkullu, al ser el Estatuto de Gernika anterior al de Cataluña.

El Govern insiste en la autodeterminación y el "fin de la represión"

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En la rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes, la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, aseguró que todavía no hay fecha para la reunión entre Quim Torra y Pedro Sánchez: "No hay una fecha establecida aún, pero el encuentro entre Sánchez y el 'president', Quim Torra, es para definir el marco de trabajo de la mesa de negociación entre el Govern de Cataluña y el Gobierno del Estado". Y añadió: “Cuando se produzca la reunión entre presidentes, el Palau de la Generalitat es uno de los marcos donde se pueden producir este tipo de encuentros".

“Vamos a la mesa de negociación a ver cómo resolver políticamente lo que es un conflicto político. El 80% de la población cree que esto pasa por votar y para ejercer el derecho a la autodeterminación. Y también pediremos cómo abordar el fin de la represión”, reiteró Budó.

El Gabinete del 'president' ha propuesto el 30 a 31 de enero o el 6-7 de febrero. Pero la fecha todavía está por fijar, como también coincidió la Moncloa. En el Consell Executiu se dio luz verde a llevar los Presupuestos de la Generalitat para 2020 al Parlament para su aprobación.