ENTREVISTA EN TVE

Sánchez estira los tiempos: se reunirá con Torra en BCN la primera semana de febrero

El presidente retrasa la cita con el jefe del Govern y consecuentemente la mesa de gobiernos. Confirma el alza del salario a los funcionarios y su previsión de PGE para antes de que acabe el verano

Foto: Pedro Sánchez, durante su entrevista en TVE con Ana Blanco y Carlos Franganillo, en el Palacio de la Moncloa, este 20 de enero. (Borja Puig | Moncloa)
Pedro Sánchez, durante su entrevista en TVE con Ana Blanco y Carlos Franganillo, en el Palacio de la Moncloa, este 20 de enero. (Borja Puig | Moncloa)

Pedro Sánchez aseguró que se quería reunir con Quim Torra "cuanto antes". Ahora ya hay una traducción temporal más clara: será la primera semana de febrero, y en Barcelona. Después se celebraría la primera cita de la mesa entre gobiernos. Se trata de un retraso respecto a lo previsto y también respecto a lo pactado con ERC: aquel acuerdo, que permitió desencallar la investidura del líder socialista, sentenciaba que se constituiría ese foro de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat en los 15 días siguientes a la conformación del nuevo Ejecutivo central. Eso ya no sucederá. La cita con el 'president' llegará a las tres semanas de la toma de posesión de los nuevos ministros.

[Consulte aquí en PDF la entrevista de Pedro Sánchez en TVE]

El presidente comenzó a dibujar ese horizonte temporal en su entrevista este lunes en Televisión Española, la primera que concedía después de las elecciones del 10-N. Entrevista conducida por Ana Blanco y Carlos Franganillo en la que hizo este primer anuncio y en la que confirmó que el Gabinete aprobará este martes la subida del sueldo de los funcionarios un 2%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020. También el Consejo de Ministros lanzará la declaración de emergencia climática, previa precisamente a su asistencia al Foro de Davos, centrado en la cohesión y la sostenibilidad. Asimismo, la pretensión del nuevo Ejecutivo es que los Presupuestos de 2020 estén aprobados para el verano.

Sánchez aseguró en la tele pública que propondrá a Torra que ese encuentro bilateral tenga lugar la primera semana de febrero. Después de él irán las citas con los demás presidentes autonómicos. En esta ocasión, señaló, y a diferencia de lo que ocurrió en su primer mandato, será él quien se desplace a todas las comunidades para entrevistarse con todos los jefes de los Ejecutivos regionales. Sea en Barcelona, en Mérida o en Sevilla. Con Torra ya se vio en dos ocasiones. Una primera, en julio de 2018, en la Moncloa, y una segunda, en diciembre de ese año, en Pedralbes, previa a la reunión de su Consejo de Ministros en la capital catalana.

Sánchez se reunirá con todos los presidentes, pero no los recibirá en la Moncloa, sino que será él el que se desplace a las comunidades autónomas


El líder socialista minimizó el retraso. El Gobierno, dijo, tiene "absoluta voluntad de diálogo", pero firmó ese acuerdo con ERC, que es solo una parte del Govern, ya que su socio es Junts per Catalunya. A esta formación pertenece Torra, quien reclamó una reunión bilateral previa. Él no tiene "ningún problema" en verse primero con él, está "encantado", como dijo hace una semana. Los entrevistadores le recordaron que el jefe del Govern está inhabilitado como diputado y podría perder su condición de máximo responsable de la Generalitat. Y también que en octubre Torra le telefoneó en varias ocasiones y rechazó su llamada. Sánchez alegó que, tras los disturbios que recorrieron Cataluña a raíz de la sentencia del 'procés', la situación "está más calmada". Además, los socialistas acordaron con ERC la necesidad de activar una mesa bilateral "perfectamente constitucional" para resolver el "conflicto político". Un foro que trabajase "en paralelo", dijo, a la mesa de partidos existente en el Parlament de Catalunya y a la que no acuden ni PP, ni Ciudadanos, ni la CUP.

"Si no cumpliera, prevaricaría"

El Gobierno acudirá a la mesa con "la mejor de las voluntades", consciente de que existen "muchas discrepancias, hondas diferencias". El PSOE defenderá el autogobierno, "el punto de encuentro de todos los catalanes", señaló, frente a quienes quieren recentralizar (la derecha) y frente al independentismo. El presidente cree que "en el marco de la Constitución" se puede encontrar el camino para resolver la "crisis territorial". El pacto con ERC habla de que la validación final será una consulta a la ciudadanía de Cataluña. Sánchez volvió a garantizar que solo habrá una votación si hubiera un "acuerdo", y eso sería "una buena noticia". Por eso la coalición gubernamental reclama "responsabilidad, generosidad y lealtad al Estado" de todas las fuerzas políticas, también de aquellas que rechazan el diálogo. No cabrá, insistió, un referéndum de autodeterminación. "Si proponemos un acuerdo es para unir a los catalanes, no para separarlos, para fracturarlos". No se votará "sobre una división".

El presidente indica que el Gobierno va con "voluntad de diálogo", pero consciente de las diferencias. Desjudicialización no es "impunidad"

Los socialistas amarraron con ERC la "desjudicialización del conflicto". Sánchez garantizó que eso no conlleva la "impunidad". "Si yo no hiciera cumplir la ley estaría prevaricando". Se trata, insistió, de "devolver a la política" una crisis de naturaleza política, y no "esconderse tras el Tribunal Supremo" para arrojar presión sobre los jueces. El presidente remarcó que este es un problema "heredado" del Gobierno de Mariano Rajoy, y "no puede ser" que el actual Ejecutivo no encuentre "ni corresponsabilidad, ni solidaridad, ni empatía" por parte del PP. "Habrá partidos que querrán que no haya diálogo o que no haya acuerdo, porque viven muy bien del conflicto", criticó. De modo que la desjudicialización pasa por "abrir y crear espacios de diálogo y de consenso" y "centrar esfuerzos" en lo que "nos une".

Preguntado por la posibilidad de una reforma del Código Penal para "revisar o reducir" la pena por el delito de sedición, Sánchez apuntó en TVE que hay que "ir paso a paso". No lo descartó, en consecuencia. Sí admite que la ley contiene tipos penales que no son homologables a los de otros países de la UE, pero entiende que es un debate que se debe abrir en el Congreso, y entretanto el Gobierno estará en el "cumplimiento estricto de la ley". Sobre la recuperación del delito de convocatoria de referéndum ilegal, que prometió en la campaña del 10-N (antes de que pactara con ERC), dio una larga cambiada y contestó que lo que espera es que el separatismo catalán no vuelva a la vía unilateral.

Un CV "impecable" el de Delgado

En la entrevista afloró, como no podía ser de otra manera, la propuesta de la extitular de Justicia Dolores Delgado para fiscal general del Estado. Como hiciera hace una semana, Sánchez defendió que la exministra dispone de un "currículum impecable". Goza de su plena confianza, dijo, pero le pidió que actúe con "independencia y autonomía" y que aplique el "estricto cumplimiento de la legalidad". El presidente subrayó que Delgado, como ministra, "respetó" la autonomía del Ministerio Público, y lo mismo hará el actual Gobierno. Sobre todo, porque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal remarca la "autonomía" del fiscal general del Estado, y también de los fiscales.

El Ejecutivo entiende que el veto parental es un "problema inventado por la ultraderecha", que "arrastra" a la derecha a posiciones "extremistas"

"Hablamos de un problema que no existe", coligió. A su juicio, lo que ocurre es que la derecha, siempre que gobierna el PSOE, "no asume la derrota electoral" y "está en la bronca", así que es una cuestión de "temperamento", de generación de "crispación". El segundo problema que encuentra es que los conservadores "están en las cortinas de humo": no le gusta la revalorización de las pensiones al 0,9%, que se aprobó la pasada semana, ni la subida del salario a los funcionarios, que sale este martes del Consejo de Ministros, y se "saca conejos de la chistera", como el pin parental, para que no se hable de "los problemas que interesan a la ciudadanía".

Respecto a esta última polémica, advirtió de que es un "problema inventado por la ultraderecha" que "arrastra" a la derecha a "posiciones radicales y extremistas", por lo que reclama a Pablo Casado que retorne al consenso educativo. El Gobierno reivindica la "política útil", que es hablar de los "problemas reales de los ciudadanos", y no sacárselos de la manga, e ilustró su afirmación con unos datos del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, quien este mismo lunes indicó que no ha recibido quejas oficiales por actividades extracurriculares impartidas por los colegios de la región. "No hay un pin que valga [...]. Hablamos de un colegio, de la comunidad educativa, de un director, de un AMPA, de estudiantes, de docentes, y en caso de que haya un problema hay una inspección laboral", apuntó. Dio otro dato: en los más de 20 años que lleva el PP gobernando Murcia esta cuestión no había sido suscitada. Lo que ocurre, argumentó, es que en España gobierna el PSOE y la derecha "tiene que montar bronca", y además "la ultraderecha [de Vox] plantea conflictos, fracturas, rupturas de consensos".

Más "rigidez" no, sí "más justicia"

El otro gran capítulo abordado en la entrevista fue la economía. El Gobierno quiere que "antes de que finalice este verano" estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2020. Se impone, de nuevo, un plazo largo, si bien es cierto que la tramitación parlamentaria consume dos meses, y no será sencilla porque la coalición no tiene asegurado el apoyo de ERC. Alegó que España necesita nuevas cuentas después de dos prórrogas de las de Cristóbal Montoro, que salieron refrendadas en 2018. Los PGE contendrán los cinco grandes ejes ya anunciados: consolidación del crecimiento económico con empleo de calidad, transición ecológica, cohesión social, cohesión territorial y reto demográfico e igualdad.

Se derogarán los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral. La subida del SMI tardará algo más porque se busca el acuerdo de patronal y sindicatos

Respecto a la reforma laboral, el presidente señaló que se derogarán los "aspectos más lesivos" de ella (y no en su totalidad), en los puntos en los que el acuerdo es "bastante amplio". Para calmar a los empresarios, mantuvo que no se trata de introducir "rigidez" en el mercado de trabajo, sino "mayor justicia", y ahí puede encontrarse buena parte del Congreso.

Sánchez insistió en que no habrá subidas de impuestos para las clases medias, sí para que contribuyan más aquellos que tienen más. Confirmó que el Consejo de Ministros incrementará el sueldo de los funcionarios en un 2%. El alza del salario mínimo interprofesional tardará algo más. Recordó que la coalición se ha propuesto alcanzar la legislatura con un SMI que represente el 60% del salario medio. Sabiendo que esa es la meta, el Gobierno quiere que sean los agentes sociales los que fijen el "ritmo" de los incrementos. Aprobada además la actualización de las pensiones conforme al IPC para este año, el siguiente reto es la renovación del Pacto de Toledo.

Blanco preguntó a Sánchez por otro relevo pendiente, el de RTVE. Tras dar a los dos periodistas y a sus compañeros el pésame por el fallecimiento de la exdirectora de 'Informe semanal' Alicia Gómez Montano —murió de un cáncer el sábado pasado—, recordó que la corporación también "ha sido víctima del bloqueo", de modo que la voluntad del PSOE es hablar con los grupos parlamentarios para sacarla de la parálisis —no precisó si se reanudará el concurso público para elegir cúpula directiva— y poner en marcha los retos que tiene por delante la tele y la radio pública. Porque no solo hay que buscar unos informativos plurales, sino también acomodarse a la "revolución" digital. RTVE, dijo, tiene "contenidos de sobra" para ser líder no solo como TV generalista, sino para abrir "nuevas oportunidades, nuevas ventanas de desarrollo y de sostenibilidad de la corporación pública en Internet". Pero para ello hace falta "desbloquear", luego tener un consejo de administración nuevo y finalmente disponer de nuevos Presupuestos.

La razón del giro con Unidas Podemos: "La realidad está por delante y por encima de los deseos"

La entrevista en Televisión Española de este lunes arrancó con una sucesión de declaraciones de Pedro Sánchez previa al 10-N. Palabras con las que advertía de que no podía formar una coalición con Unidas Podemos por su posición sobre Cataluña, porque no podía tener un vicepresidente como Pablo Iglesias que hablara de "presos políticos". Es la maldita hemeroteca del presidente. A partir de las generales del 10-N, todo cambió y admitió un cogobierno del que había renegado. 

El presidente explicó el giro impasible. La explicación está en las urnas. "En política, como en la vida, en muchas ocasiones la realidad está por delante y por encima también de los deseos, y la realidad política la marcan los votos de los ciudadanos -explicó nada más comenzar la entrevista-. Y yo entendí claramente el mensaje de los ciudadanos el pasado 10 de noviembre. Querían un Gobierno progresista, querían una coalición progresista, interpreté lo que decían, lo acepté y lo entendí. Ojalá otros líderes políticos también asumieran su resultado electoral y pudiéramos tener una legislatura de diálogo, una legislatura de consenso, una legislatura donde reivindiquemos por fin después de muchos años de parálisis la política útil". 

Incluso la semana pasada el nuevo Gobierno se enredó con Cataluña. Iglesias dijo en Antena 3 que los tribunales españoles habían sufrido una "humillación" por parte de la Justicia europea. Palabras que llevaron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a emitir un comunicado en el que pedía "prudencia" al Ejecutivo. Este pronunciamiento motivó que el Gobierno a su vez defendiera la libertad de "expresión" y de "crítica". 

Sánchez subrayó que el Gobierno respaldó "lógicamente" lo dicho por el vicepresidente segundo. "Apelamos al derecho a la libertad de expresión, al respeto también de la separación de poderes y desde ese punto de vista lo que trasladamos al Poder Judicial es respeto absoluto a su autonomía, a su independencia y también el respeto absoluto a que tenemos que desbloquear de una vez por todas el CGPJ". Por tanto, el Ejecutivo apela a "todas las fuerzas políticas" para que se avengan a negociar la renovación del órgano de gobeierno de los jueces. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció el viernes pasado que el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, llamaría "de inmediato" al PP para intentar llegar a un acuerdo.

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