PSOE y ERC pactan iniciar en 15 días su mesa de gobiernos para superar la vía judicial

Quince días después de la formación del nuevo Ejecutivo de coalición presidido por Pedro Sánchez, que echará a andar gracias a la asegurada y trabajosa abstención de los 13 diputados de ERC, se conformará una mesa de diálogo entre el Gobierno central y el Govern de la Generalitat en la que se discutirá el futuro encaje de Cataluña y donde no habrá temas vetados de antemano. Aquello que se acuerde en ese foro será sometido a una "validación democrática" a través de una consulta a la ciudadanía catalana, "de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político". Es decir, que se abren a cambios legales para hacer caber una consulta. No hay mención explícita a la Constitución.

Son las dos conclusiones más relevantes del acuerdo de PSOE-PSC y ERC, de menos de dos folios [aquí en PDF], hecho público en la tarde de este 2 de enero, enviado a los medios por los dos partidos a la vez, cuando el 'consell nacional' acababa de dar el visto bueno a la abstención de la formación de Oriol Junqueras, por 196 votos a favor (96,5%), tres noes y cuatro votos en blanco. Era uno de los compromisos contraídos por el presidente del Gobierno en funciones. No hubo, sin embargo, comparecencia (sí del 'vicepresident' del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès), y no se sabe aún si la habrá este viernes después de que la ejecutiva socialista le dé el visto bueno la víspera del arranque del debate de investidura.

[Consulte aquí en PDF el acuerdo PSOE-ERC íntegro]

El brevísimo texto, lleno de ambigüedades para que cada parte se sienta cómoda y consensuado tras mes y medio de contactos protegidos con el manto de un absoluto secretismo, se vertebra en torno a dos puntos. De un lado, el reconocimiento del "conflicto político" y la "activación de la vía política" para resolverlo, superando la "judicialización del mismo", y en segundo término, la creación de una "mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político", cuyas conclusiones serían llevadas a esa "consulta" solo en Cataluña. Pero antes de entrar en materia, las dos partes proclaman que se encuentran ante la "oportunidad" de "desbloquear y encauzar el conflicto político" sobre el futuro de la comunidad, pues hay una "voluntad de diálogo" de PSOE y ERC para alcanzar un acuerdo que permita "superar la situación actual". El vehículo será el "diálogo efectivo, abierto y sincero, y apostar por el reconocimiento y entendimiento institucional".

El documento señala que el acuerdo se guía por los "principios de lealtad institucional y bilateralidad que rigen el marco político de relación entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat".

El primer punto del pacto es el citado "reconocimiento de que existe un conflicto de naturaleza política en relación con el futuro político de Cataluña", conflicto que "solo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo", superando la vía judicial.

La mesa no tendrá más límites que el respeto al "ordenamiento jurídico democrático". El documento no contiene referencias explícitas a la Constitución

Esa alusión al "conflicto político" —expresión ya interiorizada por el PSOE desde el arranque de los contactos— conduce al segundo punto, el compromiso de crear la mesa entre gobiernos, que partirá del "reconocimiento y legitimidad de todas las partes y propuestas" y que actuará, sigue el documento, "sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático". Es decir, que el único corsé que se impone este nuevo espacio de diálogo creado 'ad hoc', y con la configuración que deseaba ERC, es que se respete el "ordenamiento jurídico democrático", eufemismo que pretende eludir la referencia a la Constitución. Tal formulación permite que los republicanos se sientan cómodos y también que los socialistas señalen que se remiten a la Carta Magna.

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Calendario "transparente"

La mesa se sustenta en cuatro pilares. El primero, la composición. La formarán el Gobierno central y el Govern catalán. Se establecerán las delegaciones "de forma paritaria y con los miembros que ambas partes decidan". No se subraya, por tanto, la necesidad de que a ella se sienten los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra. Este podría ser inhabilitado este viernes por la Junta Electoral Central por el caso de los lazos amarillos y, en todo caso, puede ser condenado en sentencia firme por el Supremo en unos meses.

Segundo pilar, el contenido: será un "diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas". "Todas las partes aportarán con libertad de contenidos sus propuestas detalladas sobre el futuro de Cataluña. Y se valorarán, debatirán y argumentarán las posiciones al respecto de cada propuesta". Esto quiere decir que el Govern podrá defender su propuesta de referéndum de autodeterminación —Aragonès emplazó a Torra este mismo jueves a que vayan juntos a reivindicar ese planteamiento en la mesa de gobiernos—, igual que el Ejecutivo central podrá enarbolar la bandera de la reforma estatutaria, por ejemplo. Ahora los socialistas se abren a discutir sobre el referéndum (se negaron a ello cuando negociaban los Presupuestos de 2019 con los independentistas), pero no se comprometen a aceptarlo.

Habrá una "validación" en una consulta "con los mecanismos previstos o que puedan preverse". El PSOE se abre a cambios para poder encajarla

ERC demandaba un calendario "transparente". Es el tercer pilar de la mesa de gobiernos: iniciará sus trabajos "en el plazo de 15 días desde la formación del Gobierno de España y establecerá plazos concretos para sus reuniones y para presentar sus conclusiones".

Por último, se establecen "garantías de cumplimiento", puesto que la mesa "establecerá mecanismos para garantizar el inicio y mantenimiento de su actividad y el cumplimiento de los acuerdos".

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La bilateral será potenciada

El documento señala que deberán buscarse acuerdos que cuenten con un "apoyo amplio de la sociedad catalana" —en línea con lo que ya afirmaron los dos ejecutivos en Pedralbes—, y por ello ambas partes se comprometen a "impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten" a través de los procedimientos oportunos. "Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña, de acuerdo con los mecanismos previstos o que [y aquí está lo importante] puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político".

La redacción, por tanto, habla de una consulta sometida a la legalidad vigente (o que pueda cambiar), pero de nuevo no hay una referencia explícita a la Constitución. Esto quiere decir que los socialistas se abren a crear mecanismos para encajar una consulta que no estén recogidos en el actual ordenamiento jurídico, pero teniendo en cuenta las mayorías en el Parlament y en el Congreso, parece difícil que quepan modificaciones de calado, y más aún de la Constitución. No aparece la palabra 'referéndum', pero se puede entender como tal. Lo que no cabría es una consulta de autodeterminación, para segregar Cataluña, pues no tiene encaje en la Carta Magna, como ha venido defendiendo repetidamente Sánchez.

El texto, consensuado tras semanas de contactos y reuniones envueltos en secretismo, no contiene referencias a la legislatura o a un apoyo a los PGE

El texto pactado concluye asegurando que la mesa de gobiernos se coordinará con otros espacios de diálogo institucionales y parlamentarios "ya existentes, que deberán potenciarse". Entre otros, la comisión bilateral Generalitat-Estado, que es la que recoge el Estatut y que se reactivó en 2018 después de siete años paralizada, y la mesa de partidos formada en el seno del Parlament de Cataluña, en la que no participan ni PP, ni Ciudadanos ni la CUP y que realmente nunca ha llegado a funcionar.

El documento no habla nada de los Presupuestos ni de las leyes sociales para las que el PSOE necesitaría el concurso de los republicanos. Es decir, que no hay un compromiso explícito que vaya más allá de la investidura, lo que permite preconizar una legislatura muy complicada. Dicho de otro modo, ERC no garantiza la estabilidad, pero a cambio el PSOE logra que no haya un calendario cerrado, por lo que dispone de un pequeño margen de maniobra. Pero si a la fragilidad del pacto con los de Junqueras se añade la endiablada aritmética del Congreso, es fácil presumir que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se encontrará con un campo plagado de minas. La ventaja evidente que sí se encontrará el presidente es que ERC está unida en torno a la dirección, como lo demostró el 96,5% de apoyo del 'consell nacional' al acuerdo tejido con el PSOE y el camino de la abstención.

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La oposición de JxCAT

La opción de la consulta encolerizó a la oposición. José Luis Ábalos, secretario de Organización y miembro del equipo negociador (con Adriana Lastra y el catalán Salvador Illa), reconoció que se trata de un referéndum: "Se trata de abrir un proceso de diálogo donde además podamos concitar el mayor apoyo posible dentro de Cataluña, pero necesitamos recomponer la convivencia en Cataluña, superar el conflicto, y necesitamos que la población pueda participar".

En cuanto a la mesa de diálogo, el problema que se encontrará es que JxCAT no se siente reconocida en el acuerdo PSOE-ERC. Este "no tiene el visto bueno del Govern ni lo asume como tal", es un pacto "entre partidos" que no compromete al socio mayoritario del Ejecutivo catalán. Por tanto, habrá que ver su viabilidad futura. Torra considera que la entente es insuficiente y promete que no se moverá ni del ejercicio del derecho de autodeterminación, ni del fin de la represión y la amnistía. Los posconvergentes amenazan incluso con un adelanto electoral en Cataluña.

El movimiento de ERC produjo el paso del apoyo al rechazo del PRC. Sánchez tiene amarrados 166 votos a favor y 164 en contra. Faltan CC y BNG

La abstención de ERC era el último gran escollo de cara a un debate de investidura que Sánchez afronta a partir de este sábado a las 9:00 en el Congreso. Ahora está tratando de cerrar los pactos con las pequeñas fuerzas, también capitales para que el martes pueda ser investido en segunda votación, por mayoría simple, más síes que noes. De momento, tiene amarrados 166 síes (120 del PSOE, 35 de Unidas Podemos, seis del PNV, dos de Más País-Equo, uno de Compromís, uno de Nueva Canarias y uno de Teruel Existe), por los 164 noes (88 del PP, 52 de Vox, 10 de Ciudadanos, ocho de JxCAT, dos de la CUP, dos de Navarra Suma, uno de Foro Asturias y uno del Partido Regionalista de Cantabria). El PRC de Miguel Ángel Revilla pasó del apoyo (el que también le dio en julio) al rechazo precisamente por el acuerdo con ERC.

Además, habría 18 abstenciones seguras (13 de ERC y cinco de EH Bildu). Faltan por decidirse los dos diputados de Coalición Canaria y el BNG. Si las dos formaciones votan en contra, se produciría un empate a 166 parlamentarios y la investidura decaería. Si solo uno de ellos se opone a su elección, basta con que el otro se abstenga o vote sí. Si Sánchez fracasa, tendría hasta el 5 de marzo para conseguir su investidura. De lo contrario, habría terceras elecciones 47 días después, el miércoles 22 de abril. Pero ese escenario lo rechaza rotundamente el PSOE.