El Gobierno responde al CGPJ pidiendo su renovación y que la oposición no lo bloquee

El Gobierno responde al choque con el Consejo General del Poder Judicial con una defensa implícita de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos sostuvo este martes, en su estreno en el cargo y tras el primer Consejo de Ministros de la coalición, que los tribunales europeos han humillado a los españoles en el 'procés', y pidió que no se use políticamente la justicia. El CGPJ respondió reclamando al Gobierno "moderación, prudencia, mesura y responsabilidad institucional". Y al filo de las ocho de la tarde el Ejecutivo contraatacó con otro comunicado, reivindicando el derecho a la libertad de expresión y a la crítica —es decir, protegió a Iglesias— y reiteró que el órgano de gobierno de los jueces está pendiente de renovación, así que instó a la oposición a que no bloquee el proceso. El PP, sin embargo, no está por la labor. En absoluto. El CGPJ replicó con celeridad para subrayar que el Consejo no es ningún "obstáculo" para la renovación y, de hecho, ya lo ha demandado hasta en tres ocasiones.

Dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, mantienen por tanto un pulso abierto nada habitual a las horas de que se haya formado el Gobierno bipartito de Pedro Sánchez. Ya causó irritación la elección de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Pero las palabras de Iglesias en una entrevista en Antena 3, en la noche de martes, ha disparado la tensión. "Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español", sentenció el ya vicepresidente segundo del Ejecutivo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El CGPJ lanzó este miércoles una declaración institucional [aquí en PDF], firmada por el presidente del órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y por los siete vocales de la comisión permanente, de adscripción ideológica diversa (conservadores y progresistas). El Poder Judicial apela a esa "prudencia" y "mesura" para que no se cuestione "la independencia, imparcialidad y la profesionalidad" de los jueces. El comunicado llegaba además la víspera del examen que el propio CGPJ hará a la propuesta del Gobierno de nombrar a Delgado responsable del Ministerio Público. Su criterio no es, no obstante, vinculante.

Iglesias había afirmado que los tribunales europeos humillaron a España. El CGPJ pidió "prudencia", "mesura" y "responsabilidad institucional"

"Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la comisión permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado social y democrático de derecho", sostiene el comunicado del CGPJ.

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Doctrina nueva

El órgano recuerda que en relación con el 'procés' solo ha habido dos pronunciamientos de los tribunales europeos. La sentencia del TJUE del pasado 19 de diciembre, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Supremo, que determinó que Oriol Junqueras gozaba de inmunidad desde que fue proclamado eurodiputado electo. Resolución que iba "en un sentido contrario" al sostenido hasta ese momento por el propio TJUE, los Estados de la UE, la Comisión Europea y la Eurocámara. La institución añade que el TS acomodó su doctrina y procedió a declarar la inhabilitación de Junqueras. El segundo pronunciamiento fue del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que confirmó "en todos sus extremos" la decisión del Tribunal Constitucional español de suspender el pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017 porque esa suspensión era "necesaria" para “el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás”.

"Es deber de todos velar por el funcionamiento correcto de la Justicia y contribuir de esa manera a poner al día sus órganos de gobierno", dice Moncloa

A esa nota del CGPJ respondió el Gobierno a través de fuentes de la Moncloa. El Ejecutivo "considera que es tiempo de dialogar y aportar acuerdos que refuercen nuestras instituciones". Por ello, considera que "es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la Justicia y contribuir de esa manera a poner al día sus órganos de gobierno, evitando que su acción se resienta por el bloqueo". El mandato de cinco años del actual CGPJ caducó el 4 de diciembre de 2018. Ya ha pasado más de un año desde entonces, sin visos de que se pueda producir el relevo pronto.

"En esa actitud de diálogo, dentro del respeto a la libertad de expresión y el derecho a la crítica, tal y como reconoce el CGPJ en su comunicado, es donde está el Gobierno y donde pedimos que también esté la oposición", concluye el brevísimo comunicado del Ejecutivo. La Moncloa intenta templar, apagar el fuego de las últimas horas.

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Diferencia respecto al pasado

Por tanto, el Gobierno sale en defensa de Iglesias al reivindicar el derecho a la libertad de expresión y de crítica. Es decir, que el Ejecutivo cree que puede manifestar su discrepancia respecto a lo que dicten los jueces. Es un posicionamiento, en cualquier caso, que se desvía de las tradicionales declaraciones del Gabinete de Sánchez hasta el 10-N. El presidente y su equipo había venido manteniendo que no se pronunciaba sobre las resoluciones de los tribunales. Que la única respuesta que ha de dar el Gobierno es la de acatar y respetar las decisiones de la Justicia. Es cierto que en este caso se trata de una nota a los medios de la comisión permanente del CGPJ, no de una sentencia ni de un auto de un órgano jurisdiccional.

El CGPJ recuerda que ya se ha dirigido hasta en tres ocasiones, la última el 23-D, a los jefes de Congreso y Senado instándoles a que renueven el órgano

A la réplica del Ejecutivo llegó la contrarréplica inmediata del CGPJ. Fuentes del órgano recordaron que el Consejo "no es ningún obstáculo para su propia renovación", y su presidente, Carlos Lesmes, ya se ha dirigido hasta en tres ocasiones —la última el pasado 23 de diciembre— a los presidentes de Congreso y Senado instándoles a que se pongan a ello".

Sánchez ya acusó a los populares ayer, en su primera comparecencia tras la investidura, de "bloquear" la renovación de órganos constitucionales sin conocer siquiera quiénes serán los candidatos propuestos, una actitud que los socialistas, en palabras del secretario general del grupo parlamentario, Rafael Simancas, califican de "boicot" y "sabotaje" al Estado y a la Constitución, que prescribe que las instituciones se vean relevadas a tiempo. Los populares advierten de que si no hay cambio de sistema, no habrá renovación. El PP sigue manteniendo que su modelo es que los jueces elijan a sus representantes en el CGPJ, aunque el año pasado sí llegó a un acuerdo con el PSOE para situar a la cabeza a Manuel Marchena, pacto que acabó saltando por los aires. Cayetana Álvarez de Toledo aseguró este miércoles que su partido no será "cómplice" del Gobierno en su intención, dijo, de "controlar" el Poder Judicial. Vox, en cambio, sí se presta a proceder a renovar los órganos pendientes. La Carta Magna estipula, en su artículo 122, que los miembros del CGPJ han de ser elegidos por mayoría de tres quintos en las Cámaras. O sea, hacen falta 210 diputados y 159 senadores.