Tensión ante la idoneidad de la exministra

Dolores Delgado pasará mañana su primera prueba de fuego ante el CGPJ

Muchos esperan un debate, cuanto menos dialéctico, que desborde la constatación de los parámetros legales para alcanzar la 'oportunidad' del nombramiento sugerido por Pedro Sánchez

Foto: La exministra de Justicia Dolores Delgado. (EFE)
La exministra de Justicia Dolores Delgado. (EFE)

El pleno del Consejo General del Poder Judicial que se celebrará el próximo jueves no será un pleno normal aunque lo parezca. Los vocales afrontan el estudio de la propuesta de nombramiento de la exministra Dolores Delgado para ocupar el cargo de fiscal general del Estado y lo harán en un clima proclive a la tensión y en el que muchos esperan un debate, cuanto menos dialéctico, que desborde la constatación de los parámetros legales para alcanzar la 'oportunidad' del nombramiento sugerido por Pedro Sánchez. Con todo, la previsión es que la sangre no llegue al río y el trámite se supere sin grandes sobresaltos para los planes gubernamentales, más allá de alguna alusión verbal en contra del salto de un miembro de un Ejecutivo a máxime responsable del Ministerio Público.

El trámite es uno de los dos obligados que pasa cualquier candidato postulado por un Gobierno. El actual CGPJ ya lleva nada menos que seis iguales, ya que arrancó su andadura coincidiendo con el ascenso de Eduardo Torres Dulce a la cúspide de la Fiscalía. Después se ha ido convirtiendo en una gestión casi automatizada, que suele basarse en la comprobación técnica de si se cumplen los requisitos exigidos para el cargo, es decir, que el promovido cuente con una experiencia de al menos 15 años y que sea un jurista de reconocido prestigio.

Pese a todo, en anteriores ocasiones, hubo quien discrepó de esta función de mera constatación. Explican fuentes jurídicas que en esas últimas ocasiones fueron vocales del sector más progresista quienes consideraron que era necesario ahondar más allá de la formalidad y entrar en la idoneidad como tal. Es improbable que, en esta ocasión, esos mismos discrepantes se pronuncien en sentido similar a lo sucedido en anteriores informes.

Una de estas ocasiones se produjo con ocasión del examen de la idoneidad del fiscal jefe José Manuel Maza, cuya propuesta generó, entre otras cosas, manifestaciones públicas del PSOE en las que se ponía en duda su "debida imparcialidad". La declaración en cuestión fue aprobada por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ y todos los vocales del órgano de gobierno de los jueces excepto Concepción Sáez, que votó en contra. Por su parte, los vocales Roser Bach y Enrique Lucas formularon un voto particular concurrente al considerar que el informe del CGPJ debería tener un objeto más amplio que el de valorar los requisitos exigidos por la ley para ocupar el cargo.

Esa propuesta minoritaria puede reiterarse esta vez y abrir la caja de los truenos en un ambiente en el que la crítica a la elección ha sido permanente, tanto por parte de la oposición como de jueces y fiscales, que ven en la decisión una amenaza a la imagen de independencia y autonomía de la institución. En estos días, se ha citado como precedente el caso de Javier Moscoso, designado fiscal general en 1986, tras concluir la legislatura en la que fue ministro de la Presidencia.

La validación por el Consejo General del Poder Judicial no estuvo entonces exenta de debate. El CGPJ se dividió respaldando al candidato por 13 votos frente a seis y uno en blanco. Era el año 86 y el Gobierno de Felipe Gonzalez contaba con mayoría absoluta. Los que no consideraban apto al fiscal, que después desempeñó el cargo sin injerencias indebidas, defendieron que elegir a alguien procedente del Gobierno generaría demasiada vinculación con la política de este.

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