Tras la formación de Gobierno

El PP pactará con el PSOE, Podemos y PNV renovar el CGPJ y Vox quedará fuera

Los 210 diputados necesarios para sacar adelante el cambio salen con las cuatro formaciones y los de Abascal no entrarán en el reparto

Foto: El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. (EFE)
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. (EFE)

El camino hacia la formación de Gobierno ya ha comenzado y, en caso de que se consiga, detrás de ella vendrá la renovación institucional de órganos en funciones. A la cabeza de todos se encuentra el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato expiró en diciembre de 2018. Congelado desde entonces, tras el fracaso de los comicios de abril. Ahora, el cambio aparece más despejado aunque la novedad del Ejecutivo de coalición que compartirán los socialistas con Unidas Podemos incomoda al Partido Popular.

Fuentes jurídicas apuntan, sin embargo, que las indudables reticencias no impedirán a los populares pactar con los socialistas. Los números salen. Los 210 diputados necesarios para sacar adelante el cambio salen con ambas formaciones y los votos de Podemos y el PNV, por lo que fuentes políticas consultadas dan por hecho que quedará fuera la tercera formación en votos: Vox. Fuentes del PP apuntan, por su parte, que los contactos aún no se han iniciado y la postura oficial de la formación no está, por tanto, tomada.

Las previsiones colocan en la próxima primavera el definitivo desatasco. Al CGPJ se sumará, en los próximos meses, el Tribunal Constitucional, que debe renovar a cuatro de sus miembros, entre ellos su actual presidente. Es previsible que las formaciones afronten la renovación de ambos como un todo. La postura del PP, que tratará de mantenerse firme en cuanto a las proporciones a la vista de sus resultados del último domingo, que le colocan en posición más fuerte, puede alargar las cosas pero en ningún caso habrá bloqueo.

Vox, sin embargo, se mantendrá al margen del posible acuerdo. No solo no es necesario sino que su presencia, no ocultan las fuentes consultadas, solo serviría para atascar un acuerdo que se prevé complicado. El PP tiene la intención de pelear por un reparto igualitario en el CGPJ. Cuenta, además, con que el PSOE tendrá que dar cabida en la proporción que le corresponda a su socio Unidas Podemos. También al PNV que, de forma histórica, ha contado con un vocal en el órgano de Gobierno de los jueces.

Los sectores conservador y progresista hacen ya sus cálculos. Tanto en el CGPJ como en el Constitucional, la necesidad de contar con una mayoría de tres quintos de las cámaras obliga al diálogo a socialistas y populares, con intervención de terceros partidos. Y el tira y afloja se sitúa en ambos frentes. Además del reparto en el que los populares persiguen un 10/10 -el Consejo se compone de 20 miembros, llamados vocales, nombrados por el Rey, elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) entre jueces y juristas de reconocida competencia-, en la negociación se incluirá al presidente. O presidenta.

Un sector del PSOE prefiere una mujer —se barajan nombres como los de las magistradas del Supremo Ana Ferrer y Pilar Teso— e incluso no se descartan 'trasvases' desde las filas del tribunal de garantías, como el de la actual vicepresidenta, Encarnación Roca, una de las integrantes del cupo en posiciones de salida. La negociación, en este caso, cuenta con la ventaja del interés de casi todos en impulsar el cambio, y en ella se tendrá en cuenta a Podemos. Por su parte, Ciudadanos, que no descartaba entrar en el acuerdo antes del 10-N, ha quedado barrido por los resultados.

En el Constitucional, la renovación supone una oportunidad para los socialistas de recortar la distancia actual entre sectores, divididos ahora siete a cinco. Las fuentes consultadas apuntan a un pulso en torno a los dos candidatos mejor posicionados para la presidencia. De un lado, Juan Antonio Xiol. Del otro, Pedro González-Trevijano. De las cuatro plazas a ocupar —la del presidente, Juan José González Rivas, Roca y los magistrados Fernando Valdés y Andrés Ollero—, el sector conservador tratará de reservarse al menos una.

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