Bloqueo en el CGPJ: el sistema de elección que quieren los jueces y evitan los políticos

La renovación del Consejo General del Poder Judicial ha quedado bloqueada. Tras la renuncia del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, a presidir el órgano de gobierno de los jueces ante la sombra arrojada por los wasaps de Cosidó, y en medio de fuertes críticas por la politización que impone el sistema actual, el debate sobre cómo articular la elección de sus miembros se ha ido incrementando en los últimos días.

Los 20 vocales seleccionados dependían hasta ahora de la votación de las cámaras parlamentarias y eran propuestos por los partidos políticos, que imponían una libre designación respecto a los juristas, ocho del total, y elegían a los jueces —12— del total de candidaturas presentadas de forma oficial, o bien por las asociaciones judiciales o bien con avales de sus compañeros de carrera. Después, los elegidos por tres quintos del Congreso y el Senado, mitad y mitad, votan al presidente.

Este sistema supondría volver al que se aplicó entre los años 1980 y 1985 y dio lugar al primer CGPJ de la historia

El reparto de este pastel evidenciado en la negociación del PSOE y el PP, que pactaron una composición de 11 a nueve a favor de los progresistas, ha roto las costuras de lo impuesto en los últimos 33 años. Los jueces llevan años demandando una reforma que los partidos nunca acaban de articular y que, en definitiva, supone aplicar un sistema mixto. Quieren que la docena de vocales de la carrera judicial sean elegidos, en lugar de por el Parlamento, como sucede en la actualidad, por su propios compañeros.

Este sistema supondría volver al que se aplicó entre 1980 y 1985 y dio lugar al primer CGPJ de la historia. En aquel momento, la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial especificó en su artículo 12 que estos miembros del órgano de gobierno de los jueces serían elegidos "por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo". El método solo aguantó cinco años y, con un Gobierno socialista en la presidencia, la Ley Orgánica del Poder Judicial cambió las cosas. La elección pasó al Parlamento, ya que se consideró que resultaba más democrático que un poder del Estado como es el judicial "emanara del pueblo" a través de sus representantes en las Cortes. El Tribunal Constitucional avaló el método en una sentencia del 86.

Las asociaciones judiciales no han dejado de reclamar una vuelta al 80. Así lo han ido reivindicando en las distintas huelgas generales celebradas en los últimos años y volvieron a hacerlo en la última, la celebrada solo un día antes del terremoto de Marchena. Se basan en la tendencia europea y en el informe que el Consejo de Europa emitió en 2016 donde se apuesta por que los jueces sean elegidos por sus iguales.

Inacción de los partidos

Pese a todo, los partidos del Gobierno, ya fuera el PP o el PSOE, no han modificado el sistema en ninguna de sus legislaturas de las últimas décadas. Nunca se ha logrado el consenso necesario y todos salvo Ciudadanos se han ido sumando al cambio de cromos en el que se ha ido convirtiendo la composición de los sucesivos CGPJ. Incluso Podemos, que propuso juristas para esta última renovación frustrada.

Tras la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo, la titular de Justicia reconoció en encuentros con representantes de las asociaciones que tampoco ahora sería posible la reforma legal necesaria. No se contaba con el tiempo suficiente. Tras el fracaso del pacto, el PP propone ahora volver al sistema anterior y recabará el apoyo de los de Albert Rivera, que lo han ido planteando en sus programas electorales. La elección directa cuenta también con críticos que aseguran que el poder judicial no puede convertirse en un ente aislado desconectado del resto, una estirpe de jueces elegida por jueces. El debate continúa mientras la renovación del CGPJ se ve aún muy lejana.