Las elecciones atascarían hasta marzo la renovación en el CGPJ y el Constitucional

Las turbulencias políticas están provocando un efecto de onda expansiva en otros terrenos, y uno de ellos es el judicial. Al CGPJ, en funciones desde el pasado diciembre, se sumará, en los próximos meses, el Tribunal Constitucional, que debe renovar a cuatro de sus miembros, entre ellos su actual presidente. Ambos cambios están atascados y lo estarán durante más tiempo si el PSOE se decide por ir a nuevas elecciones. Fuentes jurídicas consultadas colocan en marzo de 2020 el impulso en ambos órganos si hay generales. La formación de Gobierno adelantaría la previsión a finales de este año.

Las fuentes consultadas coinciden en señalar que los partidos políticos abordarán ambas renovaciones como un todo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez prioriza el cambio en ambos casos, por lo que no dilatará el impulso una vez forme Gobierno. La incógnita aquí es la misma que en el terreno político. Se desconoce en este momento cuándo sucederá eso. Del Gobierno en septiembre al Gobierno para el próximo año va todo un mundo, más allá de las diferencias de mayorías que puedan arrojar las urnas.

El hartazgo ya empieza a hacerse notar y ha llegado a tal punto que comienzan a desplegarse iniciativas para evidenciarlo. Un ejemplo: los vocales progresistas del órgano de gobierno de los jueces amenazan ya con bloquear, a partir de octubre, aquellos nombramientos que exigen mayoría de 13 votos, recuperada a través de la reforma legal del pasado diciembre. Una evidente muestra de pataleo por la congelación de la actual situación. Desde la actual presidencia del CGPJ, se han dado también varios ‘toques’. Carlos Lesmes se dirigió el pasado julio por escrito a los nuevos presidentes del Congreso y el Senado, para recordarles que resulta "legalmente obligado" renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato de cinco años venció el pasado 4 de diciembre. El cambio en el TC no ha entrado aún en fase crítica, ya que el mandato de los cuatro que deben salir se alargará hasta el próximo noviembre.

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El obligado parón impuesto por la ausencia de Ejecutivo no impide, sin embargo, que los sectores conservador y progresista hagan sus cálculos. Tanto en el CGPJ como en el Constitucional, la necesidad de contar con una mayoría de tres quintos de las cámaras obliga al diálogo a socialistas y populares, con intervención de terceros partidos. Y el tira y afloja se sitúa en ambos frentes.

Para el Consejo, un sector del Ejecutivo prefiere una mujer —se barajan nombres como los de las magistradas del Supremo Ana Ferrer y Pilar Teso— e incluso no se descartan 'trasvases' desde las filas del tribunal de garantías, como el de la actual vicepresidenta, Encarnación Roca, una de las integrantes del cupo en posiciones de salida. El sector conservador pugnará aquí por mantener nueve vocales. La negociación, en este caso, cuenta con la ventaja del interés de casi todos en impulsar el cambio, y en ella se tendrá en cuenta a Podemos. Por su parte, Ciudadanos se ha desvinculado con base en su defensa de un cambio de modelo que priorice la elección directa por parte de los jueces.

En el Constitucional, la renovación supone una oportunidad para los socialistas de recortar la distancia actual entre sectores, divididos ahora siete a cinco. Las fuentes consultadas apuntan a un pulso en torno a los dos candidatos mejor posicionados para la presidencia. De un lado, Juan Antonio Xiol. Del otro, Pedro González-Trevijano. De las cuatro plazas a ocupar —la del presidente, Juan José González Rivas, Roca y los magistrados Fernando Valdés y Andrés Ollero—, el sector conservador tratará de reservarse al menos una.