Panorama ante la investidura

El Poder Judicial, la CNMC, RTVE, ratings... todo lo que depende de la investidura

Casi tres meses después de que las urnas arrojaran los resultados todavía no hay formado un Ejecutivo ni ha empezado el trabajo parlamentario en el Congreso de los Diputados

Foto: El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en una entrevista en Moncloa. (EFE)
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en una entrevista en Moncloa. (EFE)

Sin investidura no se puede avanzar ni tomar decisiones. El artículo 21 de la Ley de Gobierno lo dice bien claro: el gobierno en funciones no puede "aprobar el proyecto de Presupuestos Generales, ni presentar proyectos de ley". Tampoco, según el artículo 101 de la Constitución Española, nombrar cargos públicos.

Lo más grave de esta situación es la parálisis operativa. No se ha podido renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el de la CNMC hay que abordarlo en septiembre, el de Radio Televisión Española (RTVE) está congelado y un par de ministros amenazan con mudarse a Bruselas y a Washington sin que se pudiera hacer nada para sustituirlos. Así es la radiografía de un país congelado:

El Poder Judicial, parado

El órgano que dirige a los jueces y magistrados lleva más de medio año en funciones. Hace falta un nuevo presidente que sustituya a Carlos Lesmes, y hay que renovar a 20 vocales. PP y PSOE estuvieron muy cerca de alcanzar un acuerdo para nombrar a los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ya habían acordado que 11 vocales serían progresistas y que los nueve restantes tendrían un corte más conservador. Incluso pusieron un nombre sobre la mesa para suceder a Lesmes: Manuel Marchena. El mediático guía del juicio del procés era el elegido, en un movimiento que saltó por los aires cuando se publicaron los mensajes de Ignacio Cosidó celebrando "el esperanzador" reparto.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en un acto. (EFE)
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en un acto. (EFE)

La actual configuración del Congreso pone difícil esta renovación, para la que hace falta una mayoría cualificada de tres quintos de las cámaras que se antoja complicada de conseguir.

Este no es, en cualquier caso, el periodo más largo que ha pasado el CGPJ en situación de interinidad. Entre 2006 y 2008 las disputas de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy impidieron la normal renovación del órgano.

Sánchez mantiene el control en RTVE

Mantener al Gobierno en funciones le ha dado a Pedro Sánchez la posibilidad de controlar una temporada más el ente público. El equipo de Rosa María Mateo, la administradora única que ha colocado el Gobierno, sigue sin relevo entre un mar de recursos. La parálisis no ha permitido renovar el consejo de administración de RTVE, que no tendrá nuevos cargos hasta el verano del año 2020. Sánchez tiene atado hasta entonces el control de un ente con un presupuesto de 343 millones de euros y una plantilla de casi 6.500 personas que sigue creciendo.

Ya hace algunos meses que los letrados del Congreso consideraron que las nuevas cámaras podrían continuar con el proceso abierto para nombrar a 10 nuevos miembros del consejo de RTVE. Pensaban que ya estarían formadas y que todo funcionaría con normalidad, una esperanza que no se ha materializado. La hoja de ruta dicta que de una lista de 20 candidatos salga la decena de nombres que tengan el apoyo de los grupos parlamentarios, otra misión que se antoja complicada. La comisión parlamentaria que tiene como misión el control de RTVE no está ni constituida, como no lo está ninguna.

¿Ministerios sin ministros?

Si un gobierno en funciones no tiene la potestad para nombrar a un vocal o un consejero, ¿cómo va a elegir a un nuevo ministro? En caso de la salida de alguno de los miembros del gabinete de Pedro Sánchez, tendría que ser otro de sus compañeros el que asumiera nuevas responsabilidades, como ya ocurrió con la designación de Meritxell Batet como presidenta del Congreso.

Los dos nombres que suenan en todas las quinielas son Nadia Calviño y Josep Borrell. La primera es una de las mejores colocadas para suceder a Christine Lagarde al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI), una función que exige exclusividad y para la que tendría que poner rumbo a Washington. Los líderes de la UE pactaron que el todavía responsable de Exteriores fuese designado Alto Representante de la Comisión Europea, lo que le obliga a dejar su cartera después del verano.

Josep Borrell, a la derecha, con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. (EFE)
Josep Borrell, a la derecha, con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. (EFE)

Actualmente las competencias que correspondían a Meritxell Batet, ex ministra de Política Territorial y Función Pública, las ha asumido Luis Planas, responsable de Agricultura, Pesca y Alimentación, tras ser elegida presidenta del Congreso.

Dudas sobre la economía

La marcha de Nadia Calviño al FMI dejaría vacante el Ministerio de Economía, uno de los que más peso tiene en el Gobierno. Y lo haría en un momento en el que todo parece marchar sobre ruedas... pese a las dudas que generan las cuentas españolas en Bruselas.

La Comisión Europea mejoró en su última revisión la previsión de crecimiento para España en dos décimas, situándola en el 2,3% del Producto Interior Bruto (PIB). Funcas, por su parte, se ha mostrado en una misma línea que también comparten entidades bancarias como BBVA.

Sin embargo, desde Bruselas han querido señalar que la situación "de impase poítico" ha provocado una "suave desaceleración" y culpan a la situación de bloqueo de esta ralentización.

Las autoridades comunitarias, con el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, a la cabeza, han pedido "reformas pendientes" al Gobierno y señalan que uno de los principales problemas de esta parálisis afecta "en principio" a las inversiones.

Millones en multas desde Europa

Con el Gobierno en funciones tampoco se pueden impulsar nuevas normas. Y eso, a Bruselas, no le gusta nada. España lleva retraso en la aprobación de directivas europeas, normas que llegan desde la UE y que son de obligado cumplimiento para los socios.

A día de hoy, en España hay hasta 69 directivas comunitarias sin transponer, una situación de difícil desbloqueo teniendo en cuenta el panorama político en el que vivimos. De continuar la inacción, que sigan en el cajón podría costarle a España hasta 160 millones de euros anuales en multas, el último extremo que contempla la Comisión Europea por mucho que sea un recurso que trata de evitar a través de la negociación.

El Congreso de los Diputados. (EFE)
El Congreso de los Diputados. (EFE)

La mayoría de estas normativas son vitales para establecer el escenario regulatorio en el que se mueven las empresas, y desde CEOE, la patronal de los empresarios, ya han reclamado "generar un marco reglamentario estable a partir del cual las empresas puedan operar", señalando que sin cumplir con los compromisos con el resto de países las compañías españolas no pueden "beneficiarse de la economía de escala".

Los retrasos en estas cuestiones no son fáciles de solucionar. El Ejecutivo tiene la potestad de aprobar algunas de ellas mediante real decreto u otras fórmulas de rango inferior y, de hecho, ya dio salida a algunas que amenazaban con acabar en multa por la vía del decreto ley.

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