El 28-A complica la renovación del CGPJ: los jueces, a la espera de un pacto político

La judicatura sigue a la espera de un pacto político. El Consejo General del Poder Judicial está en situación de interinidad desde el pasado diciembre y el resultado de las elecciones dificulta las negociaciones. La renovación del órgano de gobierno de los jueces exige una mayoría cualificada de tres quintos de las cámaras, un acuerdo que se antoja difícil por el reparto de escaños que ha dejado el 28-A. Ante el nuevo escenario político, fuentes jurídicas explican a El Confidencial que las conversaciones para renovarlo se retrasarán como mínimo hasta después de las elecciones del próximo 26 de mayo. Mientras tanto, Carlos Lesmes seguirá al frente de la institución.

Los 20 vocales que componen el órgano dependen de la votación de las cámaras parlamentarias y son propuestos por los partidos políticos, que imponen una libre designación respecto a los juristas —ocho— y eligen a los jueces —12— del total de candidaturas presentadas de forma oficial, o bien por las asociaciones judiciales o bien con avales de sus compañeros de carrera. Después, los elegidos por tres quintos del Congreso y el Senado, mitad y mitad, votan al presidente, que asume también el mando del Tribunal Supremo.

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El problema pasa por que ningún bloque tiene la fuerza suficiente como para sacar adelante la renovación del CGPJ tras el 28-A. En el Congreso, ni la unión de PSOE-Unidas Podemos (165 escaños) ni la de PP-Ciudadanos-Vox (147) se acerca a los 210 diputados necesarios, ni siquiera sumando el apoyo de nacionalistas e independentistas en el primer caso o de Navarra Suma en el segundo. Aunque los socialistas han conseguido mayoría en el Senado, tampoco ahí salen las cuentas, pues ninguno de los correspondientes pactos alcanza los 159 votos exigidos.

Otro escollo para las negociaciones se encuentra en lo ocurrido el pasado noviembre. El PSOE y el PP —con el visto bueno de Podemos— llegaron entonces a un acuerdo para renovar el CGPJ y poner al frente del mismo al magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal en el juicio del 'procés', pero el pacto terminó saltando por los aires: tras la difusión de los mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en un grupo de WhatsApp con compañeros de partido, celebrando el "esperanzador" reparto para la formación del órgano, el juez consideró que apartarse era la mejor manera de defender su independencia.

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Desde entonces, los dos principales partidos se acusan mutuamente de que la renovación no haya salido adelante, mientras que otras formaciones van un paso más allá y exigen un nuevo sistema de elección. Aunque esta última opción ya llegó al Congreso en diciembre, cuando se propuso que los jueces designasen a la mayoría de los vocales, el cambio fue rechazado después de que solo lo avalasen PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Pese a ello, los jueces siguen demandando una reforma que los partidos nunca acaban de articular y que, en definitiva, supone aplicar un sistema mixto: quieren que los 12 vocales de la carrera judicial sean elegidos, en lugar de por el Parlamento, por sus propios compañeros.

Tras el 28-A, la renovación del CGPJ se enfrenta, por tanto, a una triple dificultad: los partidos no tienen votos suficientes, la última negociación terminó en fracaso y sentarse a la mesa implica que la polémica sobre la politización del poder judicial vuelva a aflorar. Demasiados obstáculos como para que algún partido dé un paso al frente antes de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo, fecha que una vez superada tampoco garantizará que se llegue a un pacto. El temor a que el actual CGPJ se mantenga así en situación de interinidad se extiende entre la judicatura, lo que lleva a pensar en épocas pasadas: entre 2006 y 2008, la falta de acuerdo entre Zapatero y Rajoy impidió que se renovara el órgano.