LAS DIFERENCIAS CON SU PROGRAMA ELECTORAL

Podemos olvida la promesa de "despolitizar" el TC y el CGPJ para entrar en el Gobierno

El cambio de discurso de Podemos llega en un año clave para el TC y el CGPJ: el primero debe renovar a cuatro de sus miembros y el mandato del segundo expiró en diciembre de 2018

Foto: El candidato a la investidura, Pedro Sánchez (d), y el líder de Podemos, Pablo Iglesias (i), estrechan sus manos tras el acto de firma del acuerdo programático. (EFE)
El candidato a la investidura, Pedro Sánchez (d), y el líder de Podemos, Pablo Iglesias (i), estrechan sus manos tras el acto de firma del acuerdo programático. (EFE)

"Despolitizar el Tribunal Constitucional" y "reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reforzar su independencia". Esas eran dos de las promesas que Podemos incluía en su programa electoral del 10 de noviembre y que ya no aparecen en el acuerdo de coalición que ha alcanzado con el PSOE. En su lugar, ambos partidos hablan ahora de dar "cumplimiento a los dictámenes" del tribunal de garantías y de promover "acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación" del CGPJ, compromisos que apuntan en una misma dirección: mantener ambos órganos tal y como están.

El cambio de discurso de Podemos llega en un año clave para el TC y el CGPJ. El mandado del órgano de gobierno de los jueces expiró en diciembre de 2018 y, congelado desde entonces, se espera que la formación de Gobierno permita su desbloqueo con un pacto entre PP, PSOE, Podemos y PNV. Las previsiones colocan en la próxima primavera el desatasco definitivo, a lo que se sumará en los siguientes meses el Tribunal Constitucional, que debe renovar a cuatro de sus miembros, entre ellos su actual presidente. Es previsible que los partidos afronten la renovación de ambos como un todo.

Con este calendario sobre la mesa, las reformas del TC y al CGPJ que Podemos incluía en su programa electoral se han diluido en el de coalición. El cambio más claro se encuentra en torno al tribunal de garantías, órgano que los de Iglesias prometían "despolitizar" mediante un "sistema de nombramientos en el que prime el consenso y no las cuotas partidistas, contraproducentes para la elección de juristas de reconocido prestigio y para la garantía de su independencia respecto de los partidos políticos en el ejercicio de su cargo".

El partido no llegaba a concretar en qué consistiría esta reforma, pero sí apuntaba a su intención de revisar el sistema con el que se eligen a los 12 miembros del TC: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Este año corresponde a la Cámara Baja designar a los cuatro nuevos jueces, pero Podemos no incluye referencia alguna a esta reforma que proponía hace apenas dos meses.

Frente a la ambigüedad que mostraban a la hora de explicar la reforma del acceso al TC, la formación morada prometía a continuación derogar "la 'reforma exprés' de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional llevada a cabo —unilateralmente y por el procedimiento de urgencia— por el PP en 2015, que le atribuyó competencias ejecutivas, como la suspensión de funciones a autoridades, propias de la jurisdicción ordinaria, pero impropias de la neutralidad institucional del máximo intérprete de la Constitución española". Esta promesa también ha desaparecido del documento que ha pactado con el PSOE para entrar en el Gobierno.

En cuanto al CGPJ, Podemos se mostraba tajante en su programa del 10-N y aseguraba que sacaría adelante una reforma "para reforzar su independencia a través de un sistema de elección directa por la ciudadanía". El partido proponía así un cambio radical respecto al actual sistema de acceso, en el que los 20 vocales dependen de la votación de las cámaras parlamentarias y son propuestos por los partidos políticos, que imponen una libre designación respecto a los juristas —ocho— y eligen a los jueces —12— del total de candidaturas presentadas de forma oficial, o bien por las asociaciones judiciales o bien con avales de sus compañeros de carrera. Después, los elegidos por tres quintos del Congreso y el Senado, mitad y mitad, votan al presidente, que asume también el mando del Tribunal Supremo.

A la vista de la dificultad que conllevaría quitar este poder a los partidos para proceder a una "elección directa por la ciudadanía", el partido sugería también un plan B: "Hasta que se apruebe la necesaria reforma constitucional, mejoraremos el sistema parlamentario de elección de vocales para aumentar la pluralidad y la transparencia de la elección de las doce vocalías de procedencia judicial, incluyendo la posibilidad de propuesta de candidaturas avaladas por la ciudadanía y las comparecencias públicas iguales a las de procedencia no judicial". Su promesa terminaba entonces subrayando que el órgano de gobierno de los jueces "deberá cumplir escrupulosamente, en todos los nombramientos discrecionales, los principios de mérito, capacidad y paridad de género para compensar la actual infrarrepresentación de mujeres en la cúpula judicial".

En el pacto con el PSOE, sin embargo, no queda ni rastro de la idea de una elección directa por la ciudadanía, diluyéndose además el plan B que sugería el partido. La única mención al CGPJ en el programa de coalición se encuentra en la página 20, en la que apuntan a que promoverán "acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes". El punto ni siquiera se refiere exclusivamente al CGPJ, sino que también menciona al Defensor del Pueblo y a la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Ahora que Podemos entra en el Gobierno, atrás quedaron sus promesas de reformar dos de los órganos más importantes del país.

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