Delgado decidirá varios relevos clave para intentar sofocar la rebelión de los fiscales

"Para desjudicializar la política, nada mejor que politizar la Justicia". Esta frase, pronunciada por un fiscal tras conocer la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de proponer a su recién descabalgada ministra de Justicia para dirigir la Fiscalía General del Estado, resume la sensación que provocó esta decisión entre muchos miembros de la carrera fiscal. Entre un mar de críticas procedentes de los sectores conservadores y una tímida defensa por parte de los progresistas, que pedían tiempo antes de descalificar la elección, la impresión generalizada es que el Gobierno socialista ha querido evitar sobresaltos en su control de la institución designando a uno de los suyos, Dolores Delgado.

Colocar en la cúspide a una persona que se ha sentado en el Consejo de Ministros durante 19 meses y que además es diputada socialista facilita que las instrucciones del Ejecutivo lleguen alto y claro y sin interferencias. Pero no garantiza que los fiscales que deben cumplirlas se plieguen a ello. El malestar en la carrera es notable y las posibilidades de resistir injerencias indebidas se reducen al sistema que establece el Estatuto fiscal en su artículo 27, que da un papel preponderante a la llamada Junta de Fiscales de Sala.

TE PUEDE INTERESAR

Escándalo e indignación en la Fiscalía por el nombramiento de Delgado

Beatriz Parera

"El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo, estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de este, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que esta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola. De proceder de un superior, elevará informe a este, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, este resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala", indica este artículo.

El criterio que establezca esta junta, formada por una treintena de miembros, no es vinculante, pero sí muestra de forma pública el apoyo o el rechazo que una determinada instrucción provoca en los miembros del Ministerio Público de la máxima categoría. En la actualidad la integran, por ejemplo, los cuatro fiscales del 'procés'. La nueva fiscal general, Dolores Delgado, cuenta con una baza para atemperar posibles discrepancias: asumirá el cargo cuando quedan pendientes una treintena de nombramientos clave en el seno de la Fiscalía. Cinco de ellos afectan directamente a fiscales de Sala y su número aumentará a partir de marzo, cuando se cumplen varios mandatos.

Según indican fuentes jurídicas, en la actualidad deben cubrirse tres plazas por jubilación —en sustitución de Antolín Herrero, Mariano Fernández Bermejo y Anselmo Sánchez Tembleque— y una más hasta ahora vacante, correspondiente a la Fiscalía especializada en discapacidad. Lo mismo sucede con la correspondiente al teniente fiscal, Luis Manuel Navajas, a punto de finalizar su etapa. El próximo mes de marzo cumplen otras cuatro plazas, correspondientes a la Inspección, Menores, Tribunal Constitucional y la de uno de los fiscales del 'procés', Fidel Cadena.

Otros puestos clave

Los nombramientos fiscales pendientes, todos ellos discrecionales y, por tanto, decisión última de la fiscal general aunque se voten previamente por parte del Consejo Fiscal, no afectan solo a la primera categoría. Para la Fiscalía Anticorrupción, debe elegirse casi una decena de puestos, entre ellos, el del segundo del actual jefe, Alejandro Luzón. También se prevé que se cubra una plaza en el Tribunal de Cuentas, que tiene en sus manos en la actualidad la responsabilidad contable de la organización del referéndum del 1 de octubre. El resto afecta a la jefatura de fiscalías provinciales y de área.

La utilización del artículo 27 y la convocatoria de la correspondiente junta es excepcional y solo se produce en casos en que el desacuerdo es absoluto. Son conocidos los que planteó el fiscal Carlos Jiménez Villarejo contra órdenes de Jesús Cardenal en el procedimiento que afectaba entonces al exministro Josep Piqué. El más reciente celebrado se produjo con ocasión de las discrepancias del ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix sobre una serie de registros del caso Lezo. Moix dio marcha atrás a su orden después de que la junta de fiscales del área expresara su discrepancia con ella.

TE PUEDE INTERESAR

El PP recurrirá el nombramiento de Delgado: "Es atacar el Estado de derecho"

Paloma Esteban

Tras la propuesta que está previsto efectúe este martes el Consejo de Ministros, el nombramiento de Dolores Delgado pasará por el filtro del Consejo General del Poder Judicial, que debe emitir un informe de idoneidad, puramente formal. Posteriormente, se deberá someter a la valoración de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Su mandato tiene una duración de cuatro años y solo puede ser cesada por causas tasadas en la ley, que serán apreciadas, en su caso, por el Consejo de Ministros.

El citado artículo 27, el arma de los fiscales para oponerse a las órdenes dadas, incluye una segunda previsión en su punto dos. "Si el superior se ratificase en sus instrucciones, lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro fiscal el despacho del asunto a que se refiera". "Vamos a ver funcionar mucho las juntas de fiscales", augura una de las fuentes consultadas.

El Gobierno defiende que no pretende controlar la Fiscalía y que no dejará de ser independiente

Por Juanma Romero | Madrid

El Ejecutivo se queja de que está sometido a una crítica "irracional" por parte de la oposición. Pero este lunes no le llovieron reproches solo de los partidos de la derecha, sino también de las asociaciones de fiscales. El Gobierno se defiende e insiste en que la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado se debe a una cuestión de capacidad de la exministra y en que la Fiscalía no perderá "ni un ápice" de independencia. 

El Gabinete de Pedro Sánchez, aseguró este lunes la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en conversación informal con los periodistas tras su toma de posesión, no tiene la intención de controlar "en ningún momento" la Fiscalía. Su designación no tiene "nada que ver" con el hecho de que hasta el domingo perteneciese al Consejo de Ministros ni con el propósito de politizar el poder judicial. Se debe al acreditado prestigio de Delgado, aseguró, y su solvencia como fiscal en la Audiencia Nacional, afirmó, informa EFE.

La misma línea siguió, ya por la tarde, y también tras su toma de posesión en el ministerio, la titular de Hacienda y nueva portavoz, María Jesús Montero. Subrayó que Delgado es "absolutamente capaz", que su currículo es intachable y que el problema de su elección como fiscal general es más de "apariencias", porque ella ya ha demostrado su profesionalidad en sus años en la carrera. 

A juicio de Montero, la incompatibilidad vendría cuando un exministro pasa a una empresa privada, por los intereses privados, pero no en este caso, ya que la Fiscalía es un cuerpo técnico público como el de los médicos o profesores, y no se puede "desperdiciar ese talento" ni la experiencia que ella atesora. 

La portavoz sostuvo que el Gobierno de Sánchez ha dejado claro su respeto al poder judicial, como lo demuestra que sus sentencias van por un carril y el Ejecutivo, por otro. De modo que al nombrar a Delgado, la Fiscalía no perderá "ni un ápice" de independencia. En ese punto, señaló que el Gobierno apenas tiene "contacto" con el Ministerio Público: ella misma se reunió una vez con la hasta ahora fiscal general, María José Segarra, en una cita en la que esta le pidió recursos. 

Montero reconoció que a las asociaciones de fiscales puede haberles pillado el nombramiento "de sopetón". Pero avisó de que la designación no es reversible. Es decir, el Ejecutivo nombrará a Delgado pese a las críticas. 

El PP, mientras, anunció que recurrirá el nombramiento de la exministra porque considera que viola la independencia del órgano y porque cree que es una decisión de la "máxima gravedad".