LA "DESJUDICIALIZACIÓN DEL CONFLICTO"

CDR, Fiscalía, 'embajadas', permisos... los pasos para la "normalización" de Cataluña

El Gobierno ha desplegado gestos y acciones para "resituar la crisis catalana de donde nunca debió salir, en la política". Los últimos, la propuesta de Delgado o la reapertura de oficinas en el exterior

Foto: Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, habla con Adriana Lastra, su homóloga del PSOE, el pasado 4 de enero. (EFE)
Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, habla con Adriana Lastra, su homóloga del PSOE, el pasado 4 de enero. (EFE)
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"Normalización". "Desjudicialización del conflicto". "Resituar la crisis catalana de donde nunca debió salir". Es el lenguaje que utiliza desde el 10-N y desde la investidura el Gobierno, consciente de que tiene que prodigarse en gestos y acciones para no perder el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya un aliado fundamental y del que depende la supervivencia de la coalición con Unidas Podemos. Pedro Sánchez se ha visto impelido a pilotar un giro copernicano de sí mismo y de su partido para ponerlo en hora con una legislatura precaria, complicada y dura.

Pero el líder socialista, en sus primeros días como presidente con plenos poderes, y aún antes, ha desplegado toda una serie de señales. De "gestos de autoridad", como los llaman en su círculo, frente a quienes, en la oposición y fuera de ella, le critican. Golpes en la mesa para lanzar el mensaje de que su Gobierno, mentalizado de la necesidad de exhibir "unidad" y cohesión interna, no se arruga ni se arrugará. Así, tras montar su Ejecutivo bipartito, con 22 ministros —cinco de ellos del grupo morado—, diseñado para contrapesar y vigilar a sus socios, lanzó un órdago imprevisto: Dolores Delgado, la cuestionada titular de Justicia durante su mandato, reprobada hasta tres veces por el Parlamento, sería la nueva fiscal general del Estado. Sin solución de continuidad. El lunes, a las ocho de la mañana, dos horas antes de que su Gabinete prometiese su cargo ante el Rey en la Zarzuela, llegaba el anuncio que irritó y causó estupefacción. La lectura, que el Gobierno se afanó en combatir, era evidente: se trataba de una designación pensada para "controlar" las derivadas judiciales del 'procés'.

No había ocurrido antes. O no exactamente lo mismo. Javier Moscoso abandonó el Gobierno socialista de Felipe González en 1986 para incorporarse a la Fiscalía, pero procedía del Ministerio de la Presidencia, no de Justicia. Sánchez defendió la "independencia" de Delgado y su trayectoria "impecable", de modo que su paso por el Gobierno durante 19 meses no la inhabilitaba para ocupar el nuevo cargo. "Lo único que le he pedido es independencia y que garantice el estricto cumplimiento de la legalidad democrática", aseguró Sánchez tras el primer Consejo de Ministros de esta nueva etapa, el martes pasado. Antes de que se permitiera, por cierto, otro gesto de autoridad, la confirmación del polémico José Félix Tezanos al frente del CIS.

Sánchez se ha estrenado con "gestos de autoridad" no discutidos en el partido, como la postulación de Delgado o la confirmación de Tezanos en el CIS


La postulación de Delgado abrió un cisma en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acumula un año en funciones y que responde a la mayoría conservadora existente cuando fue elegido, en 2013. Su informe era obligado, pero no vinculante. El órgano de gobierno de los jueces decidió finalmente avalar la candidatura de la exministra, por 12 votos a favor y siete en contra, aunque simplemente constató que reunía los requisitos legales, los 15 años de experiencia como jurista de acreditado prestigio. No se pronunció sobre la idoneidad de la aspirante, ni sobre sus méritos.

"Ni un mínimo de leña"

El Gobierno se aferró a ese aval necesario para seguir defendiendo la candidatura de Delgado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se estrenaba este viernes como portavoz, insistía en que el Ejecutivo no va a entrar en "consideraciones" sobre las deliberaciones del CGPJ. La propuesta de nombramiento "sigue su curso" y punto, y no echará "ni un mínimo de leña al intento de incendio que algunos quieren provocar" ni añadirá "ni un grado de crispación".

La Abogacía informó a favor de la libertad temporal de Junqueras y la Fiscalía pasó a defender excarcelaciones mediante fianzas para los CDR

La coalición quiere pasar página de una semana marcada por la elección de Delgado y por el trasiego de comunicados a cuenta de las palabras del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en Antena 3 el pasado martes, cuando remarcó que la Justicia española había sufrido una "humillación" por parte de los tribunales europeos. Sus declaraciones acarrearon una nota emitida por unanimidad de la comisión permanente del CGPJ en la que pedía "prudencia" y "mesura" al Ejecutivo. La Moncloa contestó arropando a Iglesias, defendiendo al vicepresidente, reivindicando la libertad de expresión y de crítica y apelando a la renovación de los órganos constitucionales. Entre ellos, el CGPJ. Este replicó recordando que ya ha instado hasta en tres ocasiones al Parlamento para que promueva su relevo. La cobertura de esos puestos, sin embargo, no será sencilla, aunque el nuevo titular de Justicia, Juan Carlos Campo, llamará de "inmediato" al PP para que se avenga a la negociación.

CDR, Fiscalía, 'embajadas', permisos... los pasos para la "normalización" de Cataluña

Hubo señales anteriores y posteriores al anuncio bomba de nombramiento de Delgado. El más destacado por esperado fue el informe de la Abogacía del Estado sobre el alcance de la inmunidad como europarlamentario de Oriol Junqueras en el que los servicios jurídicos se posicionaron a favor de la concesión de un permiso penitenciario para que el de ERC pudiera acudir a Bruselas, sede del Parlamento Europeo. Ese gesto era imprescindible para que los republicanos, tras semanas de trabajosas conversaciones, accedieran a desbloquear la investidura.

En los días previos a este escrito se produjo, además, un brusco cambio de criterio en otro asunto vinculado con Cataluña: los Comités de Defensa de la República. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pasó de defender la prisión incondicional de los acusados de integrar un grupúsculo violento sorprendido cuando planeaba acciones a abrir la puerta a excarcelaciones mediante la imposición de fianzas. Su propuesta fue que solo se aplicaran estas a aquellos que no habían manejado directamente explosivos pero la iniciativa propició que la Sala, en recursos sucesivos, extendiera el criterio a los siete. Todos ellos se encuentran ya en libertad.

Salidas para ir al Parlament

Ya después de la investidura, se han producido otras señales. Este mismo viernes la Fiscalía presentó un informe ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en el que apoyaba mantener a Quim Torra como diputado del Parlament pese a la decisión contraria de la Junta Electoral Central que considera que no puede seguir en el escaño tras ser condenado por desobediencia aunque la sentencia no sea firme.

El Gobierno autoriza la reapertura de delegaciones catalanas una vez comprobó que la Generalitat atendió los "requerimientos" e incorporó cambios

Además, esta misma semana han tenido lugar las primeras salidas de prisión con permisos de los presos del 'procés' que, si bien ajustadas a la legalidad penitenciaria, han contribuido a incrementar esa sensación de 'aperturismo'. Jordi Cuixart abandonó Lledoners durante 48 horas y Jordi Sànchez lo hará en breve después de que hayan cumplido la cuarta parte de las penas impuestas.

Por su parte, la Conselleria de Justícia de la Generalitat autorizó que seis de los presos acudan al Parlament de Catalunya el próximo 28 de enero para participar en la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn saldrán así unas horas. En este caso, el Supremo no interviene dado que la competencia corresponde a la Administración Penitenciaria y al juez de vigilancia. La Fiscalía en Cataluña podría recurrir ante este último si considera que no se ajusta a la normativa.

CDR, Fiscalía, 'embajadas', permisos... los pasos para la "normalización" de Cataluña

También antes de la entrada del nuevo Gobierno llegó otro gesto de distensión. Exteriores, gobernado interinamente por Margarita Robles hasta la llegada de la jurista Arancha González Laya, autorizó la reapertura de las 'embajadas' catalanas en Argentina, Túnez y México. En junio del año pasado, el departamento que entonces comandaba Josep Borrell informó desfavorablemente sobre el establecimiento de estas delegaciones de la Generalitat por el "objetivo declarado" del Govern de "emplear todos los medios a su alcance para la llamada internacionalización del 'procés', en claro perjuicio de la política exterior del Estado". El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acordó dejar en suspenso esas tres aperturas impugnadas.

Política y no "togas"

Este enero, llegó la autorización de Exteriores. Robles estuvo en contacto con la Conselleria de Exteriores y esta atendió los "requerimientos" que le hizo el Gobierno, porque "no podía tener unas delegaciones que hicieran política exterior", potestad exclusiva del Estado. "Ellos introdujeron modificaciones en el decreto de apertura, hicieron las correcciones" para que esos despachos tengan competencias limitadas, circunscritas a cuestiones comerciales o culturales, "y ahora está todo correcto", insistían fuentes próximas a Robles. La noticia se conoció el mismo día en que el TSJC acordó estimar el recurso del Ejecutivo socialista contra la apertura de las 'embajadas' catalanas en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia en junio de 2018.

También el Ejecutivo ha parado de ir al TC contra mociones del Parlament, aunque advierte de que no tolerará que ninguna Administración se salte la ley

La otra vía empleada para la "desjudicialización del conflicto", para "dejar atrás la deriva judicial", es la limitación de los 'viajes' al Tribunal Constitucional. Antes del 10-N, el Gobierno, para mostrar músculo frente al independentismo —Sánchez buscaba reforzarse en las urnas y que su Ejecutivo no colgara de los soberanistas—, se situó a la ofensiva, y acudía prácticamente cada semana al TC para impugnar decisiones del Parlament o del Govern. Ahora, sin embargo, ha optado por meter en el congelador la última moción aprobada por la Cámara catalana. Montero explicó este viernes que aún se está estudiando el expediente antes de tomar una decisión. Pero advertía de que "la política no se puede esconder detrás de las togas", porque "complica la resolución de conflictos".

CDR, Fiscalía, 'embajadas', permisos... los pasos para la "normalización" de Cataluña

La portavoz diferenció entre el requerimiento enviado al Gobierno de Murcia para que retire lo que Vox llama el 'pin parental' —que los padres tengan derecho a vetar actividades complementarias impartidas en horario escolar, evaluables y obligatorias— y los posibles recursos contra el Parlament. En el primer caso, alegó, se podrían estar incumpliendo varias leyes, como la de Educación y el pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por tanto, cuando el Ejecutivo defiende que no hay judicializar la política, se refiere a que es mejor no llevar a los tribunales pronunciamientos que "no tienen efectos sobre terceros" porque ello complica la resolución de los "conflictos" políticos. No obstante, añadió Montero, el compromiso del Gobierno es "firme" y no permitirá que "ninguna Administración" se salte ninguna norma.

La foto del deshielo llegará en apenas unos días, cuando se produzca la reunión de Sánchez con Torra, en Madrid o Barcelona, previa a la mesa de negociación entre gobiernos que el PSOE pactó con ERC. Aún no hay fecha para una cita que están preparando los gabinetes de ambos presidentes, pero no podrá ser antes de finales de la próxima semana, ya que el líder socialista viaja a Davos (Suiza) para asistir al Foro Económico Mundial.

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