La Fiscalía apoya paralizar la inhabilitación de Torra a la espera de sentencia

La Fiscalia del Tribunal Supremo ha informado a favor de suspender el acuerdo de la Junta Electoral Central por el que se inhabilita a Quim Torra como diputado autonómico hasta que no exista sentencia firme. En un informe presentado en la pieza cautelar, el Ministerio Público considera que existen posibilidades de que se atienda el recurso del 'president'.

El fiscal llama la atención sobre las “probabilidades de que la pretensión del recurrente pueda resultar total o parcialmente viables, y, en paralelo, las posibilidades de que un fallo favorable a sus tesis pueda verse plenamente privado de eficacia práctica o gravemente desvirtuado a consecuencia del transcurso del tiempo, máxime si concurren factores que pueden determinar una especial complicación del tracto procesal”.

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El informe se ha remitido después de que, hace unos días, la Sala Contenciosa del Supremo rechazara levantar la decisión del órgano administrativo de forma urgente. Torra alegaba que quitarle el escaño le provoca un daño irreparable que no vieron los magistrados.

“De todo lo expuesto se desprende, a juicio de esta Fiscalía, que la ponderación de los diversos intereses en juego permite en este caso favorecer el aseguramiento -meramente temporal- de la concurrencia de intereses públicos ya examinados que se vinculan al derecho fundamental de representación política en el marco del ordinario funcionamiento parlamentario, sin que con ello quiebre la máxima”, defiende el informe firmado por el fiscal Pedro Crespo.

La decisión de la JEC levantó enormes críticas desde el Govern, que la vieron como un "golpe de Estado" contra la máxima autoridad catalana

La decisión de la JEC levantó enormes críticas desde el Govern y las formaciones independentistas, que la vieron como un "golpe de Estado" contra la máxima autoridad catalana. Tampoco el PSOE, embarcado el pasado viernes en el prólogo de la investidura, la vio ajustada a derecho. La cuestión que genera mayor controversia es que la sentencia no es firme y, por ello, Torra puede acabar absuelto en casación. Además, el artículo de la ley en que se apoya la inhabilitación nunca había sido empleado para un cargo tan alto como el de presidente autonómico, ya que se diseñó para evitar la perpetuación de ediles condenados por delitos de corrupción y como puntal contra ETA.

La resolución de la Junta Electoral Central, por siete votos a seis, retiró el acta de parlamentario a Torra, al estar condenado por desobediencia. Pero agregaba letra pequeña. La JEC, al corregir a la Junta Provincial de Barcelona, introdujo una aclaración en la que no entra a valorar si la pérdida del escaño es suficiente para que Torra tenga que cesar como presidente.

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"No le correspondía examinar [a la Junta Electoral Provincial], y menos para modular e incluso condicionar su decisión, si con ello se produciría o no la pérdida de la condición de presidente de la Generalitat de Cataluña a tenor del artículo 67.2 del Estatuto. Ese será un efecto que deberá ser analizado por los órganos competentes del Parlamento de Cataluña cuando se le comunicase la pérdida de la condición de diputado electo", indicaba.

Es decir, que será el Parlament quien decida si la pérdida del escaño, que la JEC considera inmediata, conlleva la salida del Palau, algo que ya ha dicho que no hará. La Mesa del Parlament tiene mayoría independentista y el letrado mayor ya intercedió a petición de Roger Torrent (ERC) para salvar a Torra.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que para ser elegido presidente hay que ser diputado. Por eso, PP, Ciudadanos y Vox pedirán previsiblemente que cese. Pero JxCAT ya adelantó que la pérdida del acta no está entre las causas de cese inmediato del presidente previstas en la Ley de Presidencia. Es decir, que si bien ser diputado es condición indispensable para ser elegido presidente, la pérdida del acta no conlleva la destitución.