La Generalitat reconoce por primera vez que Torra puede dejar de ser presidente
Budó lo ha fiado todo a un recurso de casación que la Generalitat presentará a finales de febrero ante el Tribunal Supremo, obviando que hay alternativas más rápidas
“Será más cuestión de meses que de días”, apuntó la portavoz de la Generalitat, la consellera de Presidència Meritxell Budó. Ha sido la primera vez que se admitía en público que Quim Torra puede verse obligado a dejar la presidencia de Cataluña por la decisión de los tribunales. “Si se produce una sentencia y el Parlament acata su cumplimiento, empiezan a correr los plazos previstos para celebrar una nueva investidura o una convocatoria de elecciones. Pero estamos en el plazo de defensa legal del president”.
Budó lo ha fiado todo a un recurso de casación que la Generalitat presentará a finales de febrero ante el Tribunal Supremo, obviando que hay alternativas más rápidas, como que el alto tribunal tumbe la petición de cautelares que ha presentado Torra, tras lo cual podría requerir al Parlament para que Torra dejase de ser diputado.
Pero en todo caso, ahora ya no se defiende a Torra a capa y espada, sino que se reconoce que puede acabar cayendo. Lo que se cuestiona es cuando. O lo que es lo mismo, lo que se pretende es retrasar al máximo una convocatoria de elecciones adelantadas en Cataluña.
Para Meritxell Budó, “el Parlament se tiene que pronunciar”, con lo que en la práctica los miembros del Govern se están lavando las manos de lo que ocurra con el futuro político de Quim Torra. Según este enfoque, la primera y última línea de defensa de Quim Torra es Roget Torrent y el Parlament que preside. Pero Budó no ha querido decir cómo se tiene que pronunciar el Parlament cuando sea requerido por el Supremo.
Budó ha asegurado que no se ha tomado ninguna medida adicional de seguridad jurídica para blindar a Torra a o la Generalitat de posibles impugnaciones de sus decisiones, demandas por usurpación de funciones o recursos por fraude de ley, ya que buena parte de la oposición –Cs, PP– ya no reconocen a Torra como president y entienden que al retirarle la Junta Electoral Central el acta de diputado.
“Hay un informe que encargó Torra hace una semana al Gabinete Jurídico de la Generalitat que defiende la posición de presidente y tenemos esta certeza jurídica, igual que tenemos la ratificación de la Mesa del Parlament”, ha asegurado Budó.
“El Acuerdo adoptado por la JEC el 3 de enero de 2020, al margen de la eficacia que pueda tener en cuanto a la condición de miembro del Parlamento de Cataluña del Sr. Joaquim Torra y Plan, que deberá determinar el mismo Parlament, no puede conllevar su cese en el cargo de Presidente de la Generalitat de Cataluña”, concluye este informe que asegura, además, que “no se puede introducir una causa de cese del presidente que no existe en el marco estatutario y legal aplicable”.
Reunión esta tarde
Sobre la reunión esta tarde de los partidos soberanistas esta tarde con la ANC y Òmnium Cultural, Budó ha marcado cuál cree que ha de ser el resultado de la reunión para elevarlo a la Mesa de Diálogo pactada con Madrid: “exigir el derecho a la autodeterminación, la amnistía, el libre retorno de los exiliados y fin de la represión. Hay que trabajar los ejes básicos que se han de llevar a esta mesa de diálogo”.
Por otra parte, la Generalitat ha aprobado hoy la estrategia de lucha contra la corrupción con medidas que se implementarán en los próximos dos años. Entre las medidas está aumentar la transparencia y publicar las agendas de reuniones del personal técnico de menor rango. El acuerdo lo ha anunciado Budó quien no ha querido revelar su calendario de reuniones con Carles Puigdemont.
“Será más cuestión de meses que de días”, apuntó la portavoz de la Generalitat, la consellera de Presidència Meritxell Budó. Ha sido la primera vez que se admitía en público que Quim Torra puede verse obligado a dejar la presidencia de Cataluña por la decisión de los tribunales. “Si se produce una sentencia y el Parlament acata su cumplimiento, empiezan a correr los plazos previstos para celebrar una nueva investidura o una convocatoria de elecciones. Pero estamos en el plazo de defensa legal del president”.
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